Espionaje contra la paz

Difusión Cencos México D.F., 12 de mayo de 2009

Proceso

 Miguel Ángel Granados Chapa

Un intruso asaltó el buzón electrónico de Servicios y Asesoría para la Paz,
AC (Serapaz) y robó y destruyo información en curso y depositada en los
archivos de esa organización civil. Un acto de esta naturaleza no sólo implica
el apoderamiento ilegal de datos privados sino que constituye una amenaza, hace
recapacitar a la víctima sobre la fragilidad de su estructura y también la
hace consciente de que un poder la ha colocado en el foco de su atención y por
lo tanto puede inferirle mayor daño aun.

El 6 de mayo Serapaz emitió un comunicado en que "informa y denuncia ante la
opinión pública que ha sido víctima en los últimos días de espionaje
electrónico y destrucción de correos electrónicos de su cuenta institucional.

 
"El día de hoy con la ayuda de un experto fueron identificadas entradas de
intrusos en el servidor donde se encuentra la correspondencia electrónica
institucional de Serapaz, señalando claramente las horas de entrada, la
cantidad de correos sustraídos y la dirección a la cual fueron enviados. Esta
dirección es un correo que sirve de pantalla para evitar identificar al
agresor".

 
La comisión de un delito informático es grave de suyo. Pero lo es más si se
considera cuál es el bien público atacado, el valor social puesto en jaque.
Serapaz es una organización civil "sin fines de lucro que trabaja para la paz y
la reconciliación mediante esfuerzos de mediación y transformación positiva
de conflictos". Esa es la tarea afectada por el espionaje, y de ello se deriva
la peligrosidad del ataque. Se trata de una agresión y un amago a esfuerzos
que, en sentido contrario a la crispación social prevaleciente buscan el
imperio de la convivencia respetuosa y el diálogo como vía de entendimiento en
situaciones críticas. No es exagerado considerar que el hackeo a Serapaz se
inscribe en la grave tendencia a criminalizar la protesta social, dadas las
iniciativas a que está y ha estado vinculada esta benemérita oficina.

 
Serapaz nació a partir de la experiencia de la Comisión Nacional de
Intermediación, que entre 1994 y 1998 promovió las conversaciones de paz en
Chiapas, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno
federal. Poco después del alzamiento indígena y por los muchos títulos que lo
calificaban para esa misión, el obispo de San Cristóbal de las Casas, don
Samuel Ruiz fue llamado a mediar entre las partes del más grave desafío al
Estado mexicano. Con humildad y clarividencia, el prelado comprendió la
necesidad de institucionalizar la mediación y aunque se mantuvo en el centro de
esa tarea, convocó a ciudadanas y ciudadanos eminentes a que contribuyeran,
con una autoridad moral semejante a la suya, al diálogo que pudo llevarse a cabo
en su propia sede episcopal, en la selva y en San Andrés. Al mismo tiempo la
Conai generó un pequeño pero eficaz aparato que no sólo se ocupara de la
logística sino de proveer sentido político e histórico a sus tareas. Al concluir
la misión de la Conai, su secretario ejecutivo, Miguel Álvarez Gándara organizó
Serapaz, presidido por el propio don Samuel. Allí su talento y dedicación ha
contado con la colaboración invaluable de Dolores González Saravia, su actual
directora, y de Pablo Romo, que dirigió en aquella diócesis el Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de la Casas.

Serapaz realiza, callada y eficazmente, tareas permanentes como la Escuela de
Paz y el Observatorio de la Conflictividad Social en México y promueve "la
transformación de conflictos a través de la promoción y articulación de
procesos e iniciativas civiles". Organiza "procesos que contribuyan a la
construcción de la paz" y se ocupa de tareas de investigación y producción
editorial en el mismo sentido. 

 
Entre las iniciativas que Serapaz articula se encuentra el movimiento Paz con
Democracia, el Frente Nacional contra la Represión y Diálogo Nacional, que de
distintas maneras procuran la instauración de una sociedad donde se respeten
los derechos humanos y el gobierno ejerza una política que beneficie a las
personas.

 

Los buenos oficios de Serapaz se han hecho necesarios en conflictos en que
actúa como instancia mediadora. Son incontables sus aportaciones en ese
terreno. Para sólo citar algunas de las coyunturas en que ha actuado, cabe
citar que en 2006 contribuyó a que la Asamblea Popular de los Pueblos de
Oaxaca fuera reconocida por el gobierno federal y dialogara con ella. Algunos
de sus miembros realizaron tareas de conciliación en el conflicto magisterial de
Morelos, el año pasado. Y está en curso su participación en la búsqueda de
soluciones al grave conflicto generado en Zimapán, Hidalgo, por la
construcción de una planta receptora de residuos tóxicos, rechazada por la
población por su propia peligrosidad y las experiencias adversas que esa ciudad
ha sufrido por la explotación minera que no considera el daño que sus
prácticas causan a la sociedad. Así mismo, en este momento Serapaz es el motor
de la campaña Libertad y Justicia para Atenco, un movimiento de gran presencia
pública destinado a obtener la excarcelación de ciudadanos que además de haber
sido vejados y golpeados en mayo de 2006 están pagando con cárcel no sus propias
culpas sino las de sus agresores, policías federales y estatales, ninguno de los cuales
ha sido sometido a proceso.

Hasta el reciente 21 de abril, y por la generosa disposición de sus
animadores, Serapaz fue la sede de la Comisión de Mediación (Comed) formada
un año atrás, a fines de abril de 2008, a instancias del Ejército Popular
Revolucionario para que por su conducto el gobierno federal accediera a
presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
militantes de esa organización armada hechos desaparecer en Oaxaca pronto
hará dos años. Al domicilio de Serapaz acudieron más de un vez los delegados de
la Secretaría de Gobernación en los turnos de conversación que no se efectuaban
en Bucareli. Y allí se reunían los mediadores para la realización de sus tareas, que
incluyeron encuentros con las familias de los detenidos-desaparecidos y personas
que a título o individual o como representantes de instituciones compartían el interés
de la Comed por cumplir el objetivo que promovió su constitución. 

A lo largo de casi un año, hasta que sus miembros resolvieron disolverla,
frente a la falta de voluntad política gubernamental, la Comed se benefició de
la hospitalidad al mismo tiempo eficaz y grata de Serapaz. En prevención de la
curiosidad malsana que sus actividades suscita en los órganos de seguridad
nacional, los teléfonos de los mediadores se entregaban en depósito mientras
conversaban, a fin de que los aparatos no sirvieran para captar información que
nunca fue secreta pero pertenecía al dominio privado de la Comisión. Una
precaución como esa no logró, por desgracia, evitar el asalto informático a
ese domicilio donde se trabaja a favor de la paz.