La legalidad en tiempos del PAN

La legalidad es un adorno.

María Elena Padilla

15diario.com 6 noviembre 2006

Una sociedad con tantas desigualdades como la mexicana requiere de equilibrios; sin embargo, el gobierno, con la valiosa ayuda de los poderes fácticos, se ha encargado de distorsionar la realidad, sembrar miedo y degradar el tejido social, con especial enjundia en estos últimos años en que un PAN brioso y envalentonado nos conduce por una senda de declarado autoritarismo.

En el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, los jurados dieron cuenta del hecho de que en nuestro país no sólo se violan los derechos laborales por parte de las empresas sino que el instrumento que debía ser su contrapeso: la aplicación de la ley a través de la actuación de la Secretaría de Trabajo, de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y los Tribunales de Justicia, sin excepción se inclinan con mucha pasión y celo a dictaminar a favor de la patronal y en contra de la clase trabajadora. De este modo, el Estado no reconoce ni voz, ni credibilidad, ni autonomía, ni derecho alguno a los trabajadores. El problema es que tampoco a la población en general.

Desde hace tres años, Calderón instaló al ejército en las calles. Según el discurso oficial, para combatir el crimen organizado. Ya hasta Castañeda y Aguilar, a quien nadie puede tildar de ser ni siquiera “de oposición”, reconocen el verdadero objetivo de FCH al iniciar una guerra que ha resultado inútil. Quienes denunciábamos que se trataba de una derechización del gobierno hemos comprobado nuestros temores. Las imágenes donde las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro son tomadas y retenidas hasta hoy por cuerpos policíaco-militares parecen salidas de nuestras más febriles pesadillas. La Unión de Juristas de México, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, la Asociación Americana de Juristas, agrupaciones de expertos en la materia, se han pronunciado en el sentido de que el decretazo de Calderón no sólo es una arbitrariedad laboral y moral en un momento de crisis y desempleo, sino que es inconstitucional y hasta anticonstitucional; sólo la Barra de Abogados, conformada ampliamente por bufetes privados, ha hablado de la legalidad de la medida.

La autoridad, primera obligada a cumplir la ley, la transgrede, se toma atribuciones que no le corresponden, revierte el orden de los procesos legales. Los ideólogos del régimen aplauden, justifican antes, durante y después la valentía de los desplantes de dicha autoridad; pero lo más grave es que una parte de la ciudadanía, consciente o no de lo que se esconde tras las decisiones ilegales y unilaterales, también las festeja. Hemos entrado a la fase donde la legalidad es un adorno del que prescinde quien lleva las riendas; al resto de los mortales, sin embargo, el peso de la ley y del autoritarismo irracional e ilegítimo. Sucede con Felipe Calderón y con Mauricio Fernández, ambos panistas. El estado de derecho que invocaba el PAN era sólo retórica. La prédica y la práctica en franca contraposición. Y en medio la población en general, una parte de ella convencida de la idea de que la seguridad bien vale el no acatamiento de la ley, así eso signifique avanzar a un totalitarismo donde el sueño dorado de la clase dominante se vuelve realidad: ser ellos, sin obstáculo alguno, quienes determinen el camino a seguir.

Otra parte de la población, sin embargo, nos resistimos a bailar a ese ritmo. Pero necesitamos ser muchos, ser casi todos, para lograr detener esas políticas. La cuestión es si estamos dispuestos.

Para confirmar la dirección en que avanza(?) el país, leo que se acaba de nombrar a Raúl Plascencia como nuevo Ombudsman Nacional, según algunos, clon de Soberanes. Lo dicho, ¿le seguimos así?