Jueves oscuro en el Senado |
 |
Miguel Ángel Granados Chapa
8 Nov. 09. El Norte
Fallos favorables ha conseguido el SME en contra del decreto por el que se liquidó la Compañía de Luz; el sindicato deberá resistir algunos meses hasta obtener una sentencia definitiva
Los intereses generales padecieron derrotas en la oscura jornada senatorial del jueves 5 de noviembre, al ser designado un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no es nuevo sino viejo (dicho lo cual sin relación alguna a su edad cronológica), y al ser vencida la resistencia panista a ofrecer regalos fiscales a poderosos consorcios de las telecomunicaciones.
En sentido contrario a la frágil voluntad de los senadores de Acción Nacional que "se rajaron", según el atinado dictamen de su colega Pablo Gómez, la semana concluyó con una demostración de reciedumbre de una mujer, la jueza federal Guillermina Coutiño Mata, que pese a ostensibles presiones impidió que se diera por terminada la relación colectiva de trabajo de la que es titular el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Después de un intento de dar por concluido el contrato colectivo como consecuencia directa e inmediata del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría del Trabajo se avino a seguir el procedimiento formal. Como encargado de la liquidación, el Servicio de Administración y Enajenación de bienes, SAE, dio aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje del percance ocurrido a LyFC. Arguyendo una causa de fuerza mayor, de la que el propio Gobierno es causante, ese órgano administrativo pidió la terminación de las relaciones de trabajo entre el SME y la empresa declarada en extinción.
Cuando se aproximaba el día en que la Junta debía resolver la cuestión, el SME presentó una demanda de amparo contra el decreto del 11 de octubre. La decisión fue parte de la estrategia sindical de defensa de sus derechos, puestos en riesgo o francamente lastimados por aquella decisión política del Gobierno. Es preciso recordar y subrayar que la vía jurídica ha sido privilegiada por los electricistas que, como anchas franjas de la sociedad mexicana se inclinan a desconfiar de la justicia pese a lo cual acudieron a ella para oponerse a la arbitrariedad del Ejecutivo.
La demanda respectiva fue muy rendidora jurídicamente, pues dio origen a que en una semana se dictaran tres fallos favorables a los electricistas y su sindicato. Primero, el 30 de octubre, la solicitud fue admitida por la joven jueza Coutiño Mata, a cargo del juzgado uno del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el DF. Conforme al espíritu del juicio de garantías, que ordena mantener las cosas como están a fin de que no pierda sentido la búsqueda de la protección judicial, concedió la suspensión provisional demandada. La medida impidió que al día siguiente, en que de antemano estaba ya prevista la audiencia donde la Junta laboral daría por terminadas las relaciones, se dictara el laudo respectivo, porque el fallo de la juzgadora federal lo prohibió expresamente.
El pugnaz Secretario del Trabajo buscó desestimar la naturaleza y efectos de la decisión judicial, como si hubiera sido adverso a los intereses de los quejosos. La calificó de "mala noticia" para los trabajadores que no acudieran voluntariamente antes del 14 de noviembre a recibir la indemnización ilegalmente copeteada o con ribete que no tiene asidero legal y es sólo una agraviante manera de comprar voluntades y minar la unidad y la solidez del sindicato.
Tendrán que esperar a que se resuelva el fondo del asunto, dijo el funcionario que antes del decreto del 11 de octubre había dado golpes destinados a quebrar al gremio, como convertir la toma de nota de una elección sindical en reconocimiento a un líder, función que no corresponde a la autoridad laboral ni a ninguna otra, pues deriva sólo de la voluntad de los asalariados.
Era claro que esa advertencia se dirigía también a la jueza Coutiño Mata, para que midiera los alcances de su próxima resolución, programada para el 6 de noviembre, en que se decidiría la suspensión definitiva, una vez escuchado el parecer de las autoridades responsables. Dicen los dirigentes sindicales que la juzgadora quedó sujeta a presiones. Ignoro si lo dicen por saberlo o por imaginarlo. Pero no sería sorprendente que las hubiera, a efecto de no estorbar el curso de la decisión presidencial y a tono con la posición pública, parecida a un amago, formulada por el titular del Trabajo.
Junto con esa posición política, el Gobierno buscó otra forma de alterar el parecer de la juzgadora. La Secretaría de Energía y el SAE presentaron ante un tribunal colegiado una queja por supuestas fallas en la resolución de la jueza Coutiño Mata. Pero el tribunal avaló a la juzgadora al desechar el recurso gubernamental, lo que se convirtió en una suerte de prefiguración de la siguiente decisión de la jueza. El viernes 6, Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva a los quejosos, por lo cual la Junta de Conciliación y Arbitraje no podrá manifestarse sobre la terminación de las relaciones de trabajo -es decir, éstas quedarán vigentes- hasta que se resuelva el amparo de fondo, y luego su segunda instancia, su revisión, es decir, dentro de muchos meses, periodo en que el sindicato deberá resistir en espera de una resolución favorable.
Antes, el Gobierno seguramente solicitará la revisión del fallo de la jueza primera del circuito auxiliar número uno, en espera de revertirlo, lo que formalmente podría conseguir, haciendo más eficaces las presiones para que siga adelante en todas sus implicaciones la decisión de acabar con el SME a través de suprimir el organismo con el que contrataba.
Lo que, para mal de la República, no es reversible es lo ocurrido el jueves pasado en la Cámara de Senadores. Por una parte, concluyó con desdoro para ese órgano legislativo la azarosa aprobación de la Ley de Ingresos. Al discutirla los diputados se agregó de última hora una reforma procesal, en un artículo transitorio, cuyo resultado beneficia en cifras millonarias a quienes obtengan concesiones en materia de telecomunicaciones que próximamente serán puestas a licitación. Acudirán a esa convocatoria un puñado de consorcios, que ya manejan buena parte del espectro radioeléctrico que ahora se ensanchará, entre ellos Televisa y Telmex, en grado mayor aquella que ésta (porque la empresa de Slim ya cuenta con autorizaciones en el campo que se abrirá y está por ello sujeta a límites que no afectan a la empresa de los Emilio Azcárraga, que ingresará apenas en ese mercado).
Los senadores panistas fueron sensibilizados de la inequidad de esa medida y contribuyeron a formar la mayoría que rechazó la enmienda, por lo cual la minuta correspondiente volvió a San Lázaro, donde los intereses que introdujeron el generoso dispositivo fiscal hicieron que la Cámara la ratificara. De vuelta en el Senado, los panistas que la habían reprobado quedaron sujetos a presiones ostensibles de los secretarios de Gobernación y de Comunicaciones, es decir del Presidente mismo, que se afilió a los intereses de esos consorcios para privilegiarlos con el diferimiento de pago de miles de millones de pesos. Salvo unos pocos, el más notable de los cuales fue el gallardo Ricardo García Cervantes, los demás se sometieron y el suculento regalo quedó listo para su entrega.
Los propios senadores panistas, y los del PRI, salvo contadas excepciones que sólo se pueden suponer porque no quedó registro de su posición, acataron la negociación de sus jefes y designaron presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos al primer visitador de la misma, Raúl Plascencia, que no se separó de ella durante el proceso de su nombramiento, con lo cual se benefició de los recursos institucionales de la oficina que ahora regirá. Pero no me detendré ahora en sus características personales, sino en el vergonzoso procedimiento que redujo a un órgano autónomo constitucional, parte del Estado mexicano, a codiciable botín de negociaciones oscuras.
Salvo las entrevistas a los aspirantes, difundidas por el Canal del Congreso, y contra la voluntad de doña Rosario Ibarra, quien lo encabezó, pero no tenía poder para modelarlo conforme a sus convicciones, todo el proceso de designación fue opaco. Al configurarse la terna nadie tuvo necesidad de explicar por qué eligió a los tres candidatos propuestos al pleno, como tampoco lo hicieron los 112 senadores que en la sesión plenaria votaron, en secreto, como en la comisión dictaminadora, por Plascencia. Ninguno de los 78 senadores en su favor ha podido explicar por qué lo hizo.
miguelangel@granadoschapa.com
8 Nov. 09. El Norte
Fallos favorables ha conseguido el SME en contra del decreto por el que se liquidó la Compañía de Luz; el sindicato deberá resistir algunos meses hasta obtener una sentencia definitiva
Los intereses generales padecieron derrotas en la oscura jornada senatorial del jueves 5 de noviembre, al ser designado un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no es nuevo sino viejo (dicho lo cual sin relación alguna a su edad cronológica), y al ser vencida la resistencia panista a ofrecer regalos fiscales a poderosos consorcios de las telecomunicaciones.
En sentido contrario a la frágil voluntad de los senadores de Acción Nacional que "se rajaron", según el atinado dictamen de su colega Pablo Gómez, la semana concluyó con una demostración de reciedumbre de una mujer, la jueza federal Guillermina Coutiño Mata, que pese a ostensibles presiones impidió que se diera por terminada la relación colectiva de trabajo de la que es titular el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Después de un intento de dar por concluido el contrato colectivo como consecuencia directa e inmediata del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría del Trabajo se avino a seguir el procedimiento formal. Como encargado de la liquidación, el Servicio de Administración y Enajenación de bienes, SAE, dio aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje del percance ocurrido a LyFC. Arguyendo una causa de fuerza mayor, de la que el propio Gobierno es causante, ese órgano administrativo pidió la terminación de las relaciones de trabajo entre el SME y la empresa declarada en extinción.
Cuando se aproximaba el día en que la Junta debía resolver la cuestión, el SME presentó una demanda de amparo contra el decreto del 11 de octubre. La decisión fue parte de la estrategia sindical de defensa de sus derechos, puestos en riesgo o francamente lastimados por aquella decisión política del Gobierno. Es preciso recordar y subrayar que la vía jurídica ha sido privilegiada por los electricistas que, como anchas franjas de la sociedad mexicana se inclinan a desconfiar de la justicia pese a lo cual acudieron a ella para oponerse a la arbitrariedad del Ejecutivo.
La demanda respectiva fue muy rendidora jurídicamente, pues dio origen a que en una semana se dictaran tres fallos favorables a los electricistas y su sindicato. Primero, el 30 de octubre, la solicitud fue admitida por la joven jueza Coutiño Mata, a cargo del juzgado uno del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en el DF. Conforme al espíritu del juicio de garantías, que ordena mantener las cosas como están a fin de que no pierda sentido la búsqueda de la protección judicial, concedió la suspensión provisional demandada. La medida impidió que al día siguiente, en que de antemano estaba ya prevista la audiencia donde la Junta laboral daría por terminadas las relaciones, se dictara el laudo respectivo, porque el fallo de la juzgadora federal lo prohibió expresamente.
El pugnaz Secretario del Trabajo buscó desestimar la naturaleza y efectos de la decisión judicial, como si hubiera sido adverso a los intereses de los quejosos. La calificó de "mala noticia" para los trabajadores que no acudieran voluntariamente antes del 14 de noviembre a recibir la indemnización ilegalmente copeteada o con ribete que no tiene asidero legal y es sólo una agraviante manera de comprar voluntades y minar la unidad y la solidez del sindicato.
Tendrán que esperar a que se resuelva el fondo del asunto, dijo el funcionario que antes del decreto del 11 de octubre había dado golpes destinados a quebrar al gremio, como convertir la toma de nota de una elección sindical en reconocimiento a un líder, función que no corresponde a la autoridad laboral ni a ninguna otra, pues deriva sólo de la voluntad de los asalariados.
Era claro que esa advertencia se dirigía también a la jueza Coutiño Mata, para que midiera los alcances de su próxima resolución, programada para el 6 de noviembre, en que se decidiría la suspensión definitiva, una vez escuchado el parecer de las autoridades responsables. Dicen los dirigentes sindicales que la juzgadora quedó sujeta a presiones. Ignoro si lo dicen por saberlo o por imaginarlo. Pero no sería sorprendente que las hubiera, a efecto de no estorbar el curso de la decisión presidencial y a tono con la posición pública, parecida a un amago, formulada por el titular del Trabajo.
Junto con esa posición política, el Gobierno buscó otra forma de alterar el parecer de la juzgadora. La Secretaría de Energía y el SAE presentaron ante un tribunal colegiado una queja por supuestas fallas en la resolución de la jueza Coutiño Mata. Pero el tribunal avaló a la juzgadora al desechar el recurso gubernamental, lo que se convirtió en una suerte de prefiguración de la siguiente decisión de la jueza. El viernes 6, Coutiño Mata concedió la suspensión definitiva a los quejosos, por lo cual la Junta de Conciliación y Arbitraje no podrá manifestarse sobre la terminación de las relaciones de trabajo -es decir, éstas quedarán vigentes- hasta que se resuelva el amparo de fondo, y luego su segunda instancia, su revisión, es decir, dentro de muchos meses, periodo en que el sindicato deberá resistir en espera de una resolución favorable.
Antes, el Gobierno seguramente solicitará la revisión del fallo de la jueza primera del circuito auxiliar número uno, en espera de revertirlo, lo que formalmente podría conseguir, haciendo más eficaces las presiones para que siga adelante en todas sus implicaciones la decisión de acabar con el SME a través de suprimir el organismo con el que contrataba.
Lo que, para mal de la República, no es reversible es lo ocurrido el jueves pasado en la Cámara de Senadores. Por una parte, concluyó con desdoro para ese órgano legislativo la azarosa aprobación de la Ley de Ingresos. Al discutirla los diputados se agregó de última hora una reforma procesal, en un artículo transitorio, cuyo resultado beneficia en cifras millonarias a quienes obtengan concesiones en materia de telecomunicaciones que próximamente serán puestas a licitación. Acudirán a esa convocatoria un puñado de consorcios, que ya manejan buena parte del espectro radioeléctrico que ahora se ensanchará, entre ellos Televisa y Telmex, en grado mayor aquella que ésta (porque la empresa de Slim ya cuenta con autorizaciones en el campo que se abrirá y está por ello sujeta a límites que no afectan a la empresa de los Emilio Azcárraga, que ingresará apenas en ese mercado).
Los senadores panistas fueron sensibilizados de la inequidad de esa medida y contribuyeron a formar la mayoría que rechazó la enmienda, por lo cual la minuta correspondiente volvió a San Lázaro, donde los intereses que introdujeron el generoso dispositivo fiscal hicieron que la Cámara la ratificara. De vuelta en el Senado, los panistas que la habían reprobado quedaron sujetos a presiones ostensibles de los secretarios de Gobernación y de Comunicaciones, es decir del Presidente mismo, que se afilió a los intereses de esos consorcios para privilegiarlos con el diferimiento de pago de miles de millones de pesos. Salvo unos pocos, el más notable de los cuales fue el gallardo Ricardo García Cervantes, los demás se sometieron y el suculento regalo quedó listo para su entrega.
Los propios senadores panistas, y los del PRI, salvo contadas excepciones que sólo se pueden suponer porque no quedó registro de su posición, acataron la negociación de sus jefes y designaron presidente de la Comisión Nacional de los Derechos humanos al primer visitador de la misma, Raúl Plascencia, que no se separó de ella durante el proceso de su nombramiento, con lo cual se benefició de los recursos institucionales de la oficina que ahora regirá. Pero no me detendré ahora en sus características personales, sino en el vergonzoso procedimiento que redujo a un órgano autónomo constitucional, parte del Estado mexicano, a codiciable botín de negociaciones oscuras.
Salvo las entrevistas a los aspirantes, difundidas por el Canal del Congreso, y contra la voluntad de doña Rosario Ibarra, quien lo encabezó, pero no tenía poder para modelarlo conforme a sus convicciones, todo el proceso de designación fue opaco. Al configurarse la terna nadie tuvo necesidad de explicar por qué eligió a los tres candidatos propuestos al pleno, como tampoco lo hicieron los 112 senadores que en la sesión plenaria votaron, en secreto, como en la comisión dictaminadora, por Plascencia. Ninguno de los 78 senadores en su favor ha podido explicar por qué lo hizo.
miguelangel@granadoschapa.com
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario