Comunicado de prensa Relatoría Especial OEA/ LE sobre las acciones de la delincuencia sobre la prensa

Relatoría manifiesta profunda preocupación por uso de la prensa como rehén de bandas criminales en México

Difusión Cencos México D.F., 5 de agosto de 2010

Washington D.C., 4 de agosto de 2010.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su profunda preocupación por el uso de medios de comunicación y de periodistas como rehenes para difundir mensajes de bandas criminales en México y hace un llamado al Estado mexicano para impulsar políticas que mejoren la protección de la prensa y de la libertad expresión, en medio de la escalada de violencia que sufren los comunicadores de esa nación.

De acuerdo con la información recibida, el lunes 26 de julio un grupo delictivo secuestró al camarógrafo Alejandro Hernández y al reportero Héctor Gordoa, de Televisa; así como al camarógrafo Jaime Canales, de Multimedios Laguna, y al reportero Óscar Solís, del periódico El Vespertino. El secuestro colectivo obligó a los medios de comunicación mexicanos a ceder ante la petición de los secuestradores de publicar determinada información. Para salvar la vida de los comunicadores secuestrados, los medios se vieron obligados a aceptar condicionamientos externos de su contenido editorial y a autocensurarse para evitar cualquier posibilidad de agravar la situación de las víctimas. Con este incidente, las amenazas a la libertad de expresión en México alcanzan una dimensión inédita que afecta a todos los habitantes de la nación.

Desde el momento en que trascendió la noticia del secuestro de los comunicadores, esta Relatoría Especial siguió de cerca lo ocurrido y el jueves 29 de julio solicitó información al Estado mexicano e hizo un llamado a hacer todo lo que estuviera a su alcance para salvar la vida de las cuatro personas.

La Relatoría Especial solicita de manera urgente a las autoridades mexicanas combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas mediante la identificación y procesamiento de los responsables de estos crímenes, una acción necesaria para evitar más actos violentos dirigidos a acallar, castigar o usar a los comunicadores para difundir mensajes criminales. Con ese objetivo, es imprescindible que México fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, traslade a la jurisdicción federal el trámite de los crímenes contra comunicadores y ponga en práctica medidas que protejan la vida e integridad de periodistas amenazados.

En 2010 han sido asesinados en México al menos nueve comunicadores. Marco Aurelio Martínez Tijerina apareció muerto el 10 de julio en Montemorelos, Nuevo León. Guillermo Alcaraz Trejo fue acribillado el 10 de julio en la ciudad de Chihuahua. Hugo Alfredo Olivera murió el 6 de julio en Michoacán; el 28 de junio en Guerrero fueron asesinados Juan Francisco Rodríguez Ríos y Elvira Hernández Galeana; Jorge Rábago Valdez, fue asesinado el 2 de marzo en Tamaulipas; Jorge Ochoa Martínez, fue asesinado el 29 de enero en Guerrero; José Luis Romero fue encontrado muerto el 16 de enero, en Tamaulipas y Valentín Valdés Espinosa, falleció el 7 de enero en Coahuila. Además, al menos nueve comunicadores han sido secuestrados en lo que va corrido del presente año.

La Relatoría Especial urge al Estado mexicano a emprender acciones que protejan de manera efectiva la vida de los comunicadores y desalienten la repetición de estos lamentables hechos. Es una obligación reconocida por el Estado mexicano hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar el ejercicio libre y seguro de la libertad de expresión a todos sus ciudadanos. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Para más información sobre la Relatoría Especial: http://www.cidh.oas.org/relatoria/