A continuación dos notas que son perlas del actuar panazista

Justifica edil de León arresto de comerciantes indígenas

Carlos García Corresponsal Periódico La Jornada
Sábado 19 de marzo de 2011, p. 28

León, Gto., 18 de marzo. Cuando los indígenas y comerciantes no quieren dejar de vender en la calle porque es ilegal y se ponen flamencos, la autoridad debe actuar conforme a derecho, sostuvo el edil de León, el panista Ricardo Sheffield Padilla, para justificar los arrestos de indígenas vendedoras de flores, semillas o dulces.

Anunció que aceptará las dos exhortos que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG) por la violación a las garantías de la otomí Magdalena de la Cruz Romero, quien fue lesionada por la policía por vender flores en un crucero.

Los inspectores de mercados han retirado a más de 300 indígenas y comerciantes que en forma ilegal venden en zonas donde no está permitido y de 300 éste es el único caso donde existe una recomendación, refirió.

La mayoría de los vendedores ambulantes aceptan retirarse de los cruceros o de las estaciones del transporte urbano porque se les hace ver que su actividad es ilegal. Algunos se ponen flamencos, que son los menos afortunadamente, aseguró Sheffield Padilla.

La administración local aplicó el programa Crucero Seguro para retirar a los indígenas y comerciantes de las grandes avenidas con el pretexto de que son halcones (informantes) del crimen organizado. Algunos han sido golpeados y arrestados por la policía.

Unos 80 indígenas se han manifestado ante la alcaldía porque la policía los arresta, los humilla y los golpea a veces por vender en las paradas de camiones del Sistema Integrado de Transporte.

La PDHG determinó que un inspector de mercados y una policía violaron los derechos de Magdalena de la Cruz, quien fue arrestada y lesionada por vender flores en un crucero. El argumento fue que violó los artículos 13 y 18 del Reglamento de Policía de León porque afectaba el bienestar colectivo, la seguridad y tranquilidad de las personas.

Tales infracciones atentan contra la legalidad consagrada en nuestra Constitución, pues la causa argumentada por la autoridad para basar el acto de molestia fue diferente a lo ejecutado en la realidad, sostuvo el ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera.