El Presidente que protegió culpables
Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto Eran los primeros días de junio de 2010. Hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó apurado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bajó de su camioneta y subió hasta la oficina del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. “Vengo a pedirte en nombre del Presidente que reconsideres tu dictamen”, abrió el enviado de Los Pinos. El ministro se negó; hay argumentos jurídicos suficientes para sostener las responsabilidades de los funcionarios mencionados. Es peligroso, siguió Gómez Mont, sentar un precedente sobre responsabilidades éticas o políticas que no están configuradas en las leyes, insistió. Lelo de Larrea volvió a negarse y defendió el análisis jurídico de su dictamen que lo llevó a concluir que la dimensión del caso de la guardería ABC, donde murieron calcinados y asfixiados 49 niños que estaban bajo custodia del Estado, ameritaba señalar claramente a los responsables, independientemente de sus cargos políticos o institucionales. Gómez Mont endureció el gesto y soltó ya en tono abierto de amenaza: “Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”. La amenaza era directa y el ambiente se tensó al máximo. “Dile al Presidente que no se le olvide que, independientemente de quien me postuló, yo trabajó para otro poder, que no es el suyo”.
Ahí terminó la plática. Gómez Mont salió de la oficina del ministro que se mantenía en su posición de defender un dictamen histórico, sólido y aplaudido por juristas reconocidos, que por primera vez señalaba como responsables directos a funcionarios y políticos de alto nivel de violaciones graves a las garantías individuales, y que sentaba un precedente al concluir que, por la gravedad del caso y las omisiones cometidas por autoridades de distintos niveles, la Corte debía fincar “responsabilidades éticas y políticas” a los funcionarios que estuvieron involucrados en aquel incendio que mató a 49 niños y dejó con lesiones graves a otros 104 pequeños.
No era la primera presión que sufría el ministro Lelo de Larrea desde que tomó el caso, en marzo del 2010, cuando la Corte decidió reasignarlo y dejar en sus manos aquel caso histórico, tal vez creyendo que su novatez como ministro y los vínculos que se le atribuían con el presidente Calderón, de quien fue maestro en la Escuela Libre de Derecho, harían que elaborara un dictamen dócil. Arturo Zaldívar tampoco era el único ministro que había sido presionado sobre el tema, pero a diferencia de varios de sus compañeros, que terminaron cediendo a las presiones políticas del Ejecutivo. Para cuando el caso llegó al pleno de los ministros en la sala superior, aquel miércoles 16 de junio de 2010, ya varios de los hombres y mujeres de la Sala Superior de la Corte, incluso algunos que en privado le decían a su compañero Zaldívar Lelo de Larrea que avalaban su dictamen y que coincidían con él en la trascendencia del caso, había decidido traicionar sus conciencias y agachar la cabeza ante la presión política del Ejecutivo. Como siempre lo hace cuando está de por medio una autoridad, especialmente del poder federal, la Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello.
De hecho, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías en el incendio de la guardería ABC: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño Pelayo (finado), Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y el propi Zaldívar; Sergio Aguirre Anguiano fue el único que no reconoció esa violación; sin embargo, al final 10 ministros votaron por exonerar a los funcionarios al pedir que sólo se les mencionara como “vinculados” a la muerte de los niños y no como responsables, como lo proponía Arturo Zaldivar.
Hoy, a unas horas de que se cumplan dos años de aquellos hechos trágicos, varios de los padres de aquellos niños siguen clamando por justicia. El 29 de junio de 2009, cuando se lloraba aún sobre los cadáveres y algunos niños sobrevivientes se debatían entre la vida y la muerte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió públicamente desde Panamá: “habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”. ¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida.
Ahí terminó la plática. Gómez Mont salió de la oficina del ministro que se mantenía en su posición de defender un dictamen histórico, sólido y aplaudido por juristas reconocidos, que por primera vez señalaba como responsables directos a funcionarios y políticos de alto nivel de violaciones graves a las garantías individuales, y que sentaba un precedente al concluir que, por la gravedad del caso y las omisiones cometidas por autoridades de distintos niveles, la Corte debía fincar “responsabilidades éticas y políticas” a los funcionarios que estuvieron involucrados en aquel incendio que mató a 49 niños y dejó con lesiones graves a otros 104 pequeños.
No era la primera presión que sufría el ministro Lelo de Larrea desde que tomó el caso, en marzo del 2010, cuando la Corte decidió reasignarlo y dejar en sus manos aquel caso histórico, tal vez creyendo que su novatez como ministro y los vínculos que se le atribuían con el presidente Calderón, de quien fue maestro en la Escuela Libre de Derecho, harían que elaborara un dictamen dócil. Arturo Zaldívar tampoco era el único ministro que había sido presionado sobre el tema, pero a diferencia de varios de sus compañeros, que terminaron cediendo a las presiones políticas del Ejecutivo. Para cuando el caso llegó al pleno de los ministros en la sala superior, aquel miércoles 16 de junio de 2010, ya varios de los hombres y mujeres de la Sala Superior de la Corte, incluso algunos que en privado le decían a su compañero Zaldívar Lelo de Larrea que avalaban su dictamen y que coincidían con él en la trascendencia del caso, había decidido traicionar sus conciencias y agachar la cabeza ante la presión política del Ejecutivo. Como siempre lo hace cuando está de por medio una autoridad, especialmente del poder federal, la Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello.
De hecho, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías en el incendio de la guardería ABC: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño Pelayo (finado), Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y el propi Zaldívar; Sergio Aguirre Anguiano fue el único que no reconoció esa violación; sin embargo, al final 10 ministros votaron por exonerar a los funcionarios al pedir que sólo se les mencionara como “vinculados” a la muerte de los niños y no como responsables, como lo proponía Arturo Zaldivar.
Hoy, a unas horas de que se cumplan dos años de aquellos hechos trágicos, varios de los padres de aquellos niños siguen clamando por justicia. El 29 de junio de 2009, cuando se lloraba aún sobre los cadáveres y algunos niños sobrevivientes se debatían entre la vida y la muerte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió públicamente desde Panamá: “habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”. ¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida.
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