Coahuilenses toman en sus manos búsqueda de personas desaparecidas

Deben soportar la inoperancia y el dolo de las autoridades estatales

No denuncien ni se afilien a grupos: ya están muertos, les recomiendan

 

Lilia Ovalle

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2011, p. 7

 

Torreón, Coah., 13 de julio. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), ligada a la diócesis de Saltillo, da seguimiento a 150 denuncias de desapariciones registradas en la entidad de 2007 a la fecha.

En esta tarea, los familiares de las víctimas enfrentan todo tipo de obstáculos. Señalan que para las autoridades, todo es trámite, los expedientes pasan de mano en mano sin que se realice un trabajo metódico y sistemático que les permita en algún momento llegar hasta los desaparecidos.

Los integrantes del colectivo Fundec, fundado en 2009, recordaron que el caso más antiguo al que dan seguimiento fue denunciado en febrero de 2007 ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al poco tiempo cambió el policía investigador, luego se alternaron tres agentes del Ministerio Público y hasta el momento no hay ningún avance.

En enero de 2010 el fiscal general, Jesús Torres Charles, informó que por instrucciones del entonces gobernador Humberto Moreira una coordinación especial se encargaría de concentrar los expedientes. A principios de 2011, refirieron, esa coordinación se convirtió en fiscalía y conforme pasa el tiempo se incrementan las desapariciones sin que, en contraparte, se localice a nadie. En las fosas de Tamaulipas las familias de Fundec encontraron a dos víctimas.

En esta organización de familiares de dasaparecidos, Alma busca desde abril de 2009 a su hijo Juan Antonio Ornelas Ortiz, de 21 años de edad, quien vivía con ella en compañía de su mujer e hija. Trabajaba en un servicio de paquetería y organizaba fiestas y viajes. Una tarde tenía salida a Puerto Vallarta y había rentado un autobús, pero antes fue a la tienda y ya no regresó.

“Dos días después un amigo vio su auto en la colonia Estrella, de Torreón, que es de clase media alta, pero fue movido y a la semana reapareció en un corralón de la vecina Ciudad Lerdo, Durango, donde quisieron meter a la cárcel a mi otro hijo cuando se presentó a recuperarlo. ‘¿Cómo andaba tu hermano? ¿Tú le ayudabas?’, le preguntaron los policías”, relató la madre.

“Me advertían que gobierno, instituciones y todo mundo están coludidos, pero yo lo vi con mis propios ojos. En la undécima Región Militar un general me dijo: ‘Para qué lo busca si es un delincuentillo’. Contesté que no era cierto, qué cómo sabía eso, y respondió: ‘Nomás levantan a los que son, y mejor ni lo busque, porque ya está muerto’. ¿Lo mataron ustedes o qué?; lo encaré y repuso: ‘Sus mismos compañeros delincuentes lo hicieron, porque se matan entre ellos’.

“El militar prosiguió: ‘Usted tiene más hijos, ¿no? Pues quédese quieta y no busque, no indague, porque les puede pasar lo mismo’. Luego fui a la delegación de la fiscalía, de donde también salí asustada por el interrogatorio”. Tres meses después los judiciales le hicieron una visita para preguntar si mi hijo era delincuente, pero Juan Antonio vivía al día.

Alma buscó al obispo de Saltillo, Raúl Vera, y al poco tiempo le llamaron del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, donde se agrupan familiares de otras víctimas, como Luz, cuyo hijo Daniel Roberto Dávila, ingeniero, desapareció el 23 de junio de 2009. Trabajaba con su padre, un contratista de obra. Ese día salió de su casa a las ocho de la mañana y dos horas después dejó de contestar el celular. Su esposa embarazada tenía una bebé de seis meses.

El papá interpuso la denuncia y a los seis meses el delegado de la fiscalía, Fernando Olivas Jurado, les dijo que su hijo estaba muerto. Ella exigió que le mostrara el cuerpo y el funcionario expuso que así cabía pensar porque había pasado mucho tiempo.

Las víctimas de la delincuencia deben soportar la inoperancia y dolo de las instituciones. A quien busca a un familiar le dicen que no lo haga, que no denuncie ante la Procuradurìa General de la Repúbluca ni en derechos humanos, que no platique con nadie ni se afilie a grupos, refiere Luz, quien decidió buscar a Daniel Roberto, y cada vez que se descubre una nueva fosa clandestina en el país, confiesa que el corazón le da un vuelco.
Un caso más es el de Óscar y Carmen, que nada saben de su hijo Jesús Daniel Flores desde el primero de mayo de 2010, cuando salió en motocicleta con su novia, y al regresar pasada la medianoche a la colonia Residencial del Norte, de Torreón, se toparon en el camino con sujetos encapuchados que tripulaban dos camionetas y les apuntaron con sus rifles, ordenándoles detenerse y bajar.

Él quiso escapar y aceleró, pero las llantas casi lisas de su Yamaha 750 derraparon. Jesús Daniel se estrelló contra un taxi. Unos individuos lo levantaron y encajuelaron, otros arrojaron la moto a una camioneta, y desde entonces no hay rastro de él.

Y cada vez que Óscar y Carmen acuden a la fiscalía estatal, el comandante Montes les pregunta: ¿Qué noticias me tienen?, ¿qué han sabido?, ¿qué han investigado?