NO AL FUERO DE GUERRA. JUZGARÁN A MILITARES EN TRIBUNAL CIVIL, CASO OTILIO CANTU, NUEVO LEON.

NO AL FUERO DE GUERRA. 

JUZGARÁN A MILITARES EN TRIBUNAL CIVIL, 

CASO OTILIO CANTU, NUEVO LEON.

 

Regresan el caso Otilio a NL 

 Daniela Rea

Cd. de México  (El Norte, 25 julio 2012).-  La justicia en el caso del joven Jorge Otilio Cantú, asesinado por militares en abril del 2011 en Monterrey, parece no llegar.

Durante año y medio las procuradurías de Justicia Militar y la General de Justicia de Nuevo León "pelotearon" el caso, declarando, ambas, incompetencia.

Ahora, nuevamente, las Fuerzas Armadas se deslindaron de la investigación.

El doctor Otilio Cantú González, padre del joven, recibió un escrito de la Procuraduría de Justicia Militar en el cual se le informa que desde el 6 de julio se declaró el traslado de la causa penal 239-211 a la Procuraduría de Nuevo León.

En un documento previo, del 14 de mayo, la Procuraduría Militar detalló los motivos de su declaración de incompetencia.

Los militares apelan a los artículos 1, 13, 31 y 133 de la Constitución Mexicana y los artículos 36, 83 y 740 del Código de Justicia Militar, se reconoce la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la jurisdicción de los tratados y organismos internacionales.

"Esta representación social militar solicita a esa autoridad judicial militar que sin trámite alguno decline la competencia constitucional de la causa penal 239-211 que se instruye en contra del subteniente intendente Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama y seis elementos más por el delito homicidio calificado y delitos cometidos en la administración y procuración de justicia a favor del Juzgado de Distrito en materia penal en turno en Nuevo León", señala el documento firmado por el Mayor de Justicia Militar, José Juan Zubarán, quien funge como fiscal del caso.

En abril del año 2011, Jorge fue asesinado por militares que ejercían funciones de policía estatal en Monterrey, en la lateral de la Avenida Lázaro Cárdenas y Puerto San Blas, en la Colonia Valle de las Brisas.

El joven fue asesinado en su vehículo cuando se dirigía a su trabajo, y de acuerdo con la investigación penal que se les sigue a los militares involucrados, se determinó que el fallecido no disparó ni llevaba arma dentro de su unidad.

Los asesinos alteraron la escena del crimen para hacer pasar a Jorge como un integrante del crimen organizado.

El caso llegó a la Procuraduría estatal que se declaró incompetente al señalar que los responsables eran miembros de las Fuerzas Armaras. Lo trasladó y la Procuraduría Militar también rechazó investigarlo, pues si bien eran militares, se encontraban en funciones de autoridades civiles.

Así, llegó hasta un Tribunal Colegiado que el 30 de junio del 2011 resolvió el conflicto competencial y envió el caso a la Justicia Militar, que lo tuvo en su poder durante un año.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 73/2011, en la cual solicitaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Colegiado, pues contradecía la resolución del máximo tribunal sobre el caso de Rosendo Radilla y el proceso de militares ante juzgados civiles cuando violan derechos humanos.

En ese periodo, relató el doctor Cantú, el fiscal de la Justicia Militar se mantuvo en constante comunicación con la familia del joven y se comprometió a que los responsables serían sentenciados antes de que se cumpliera un año, el 18 de abril de este año.