¿Quién manda aquí?

Sara Sefchovich, el Universal, 14 de diciembre de 2006

Ya sabemos que desde que estamos en eso que los intelectuales han llamado "la transición a la democracia", ya no tenemos aquella Presidencia todopoderosa que decidía desde lo más trascendente hasta lo nimio. Todavía se supone que el Presidente de la República tiene algún poder para tomar decisiones sobre medidas y acciones de su gobierno.

Pero no. El día de su toma de posesión, Calderón le arrancó aplausos a la concurrencia del Auditorio Nacional cuando, entre sus primeros anuncios, hizo el que daba como un hecho que a partir de ese momento habría seguro universal para los niños que nacieran desde esa fecha y también habló de la ampliación de los servicios del Seguro Popular.

Ni dos semanas habían transcurrido y ya el líder del sindicato del Seguro Social le dice al Primer Mandatario que eso no se va a poder: "No podemos aceptar un solo paciente más, ya no tenemos infraestructura ni trabajadores". No contento con la negativa, se permite insultarlo: "Pensar que el Seguro Social puede atender a esos beneficiarios sería una locura. Simplemente no se puede".

Y se sigue de frente, lamentando que ni siquiera saben cuántos serían los que habría que atender ni con qué recursos pretendía Calderón cumplir sus promesas, porque "el rezago es enorme en infraestructura, medicamentos y personal" y el incremento en el presupuesto insuficiente. El dirigente concluye con una acusación: que este es un proyecto sexenal para justificar uso de recursos.

Cada vez que hay un cambio de gobierno en el país, los poderosos dirigentes sindicales hacen sus advertencias y sus amenazas, no sea que alguno de los nuevos funcionarios piense que va a poder hacer reformas o tomar decisiones.

Lo vimos durante este año con los mineros y con los maestros: no están dispuestos a ceder ni un ápice de su poder. Hace unos días el Partido Nueva Alianza publicó un desplegado acusando que "la asignación para la creación de plazas en el DF supera el total de los recursos aprobados para todo el país de 2000 a 2006".

Pero ¿quién se atreve contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y allí está la imposición de la señora Elba Esther de su yerno como subsecretario de Educación Básica, de tal manera que en adelante la administración estará aliada al sindicato.

¿Cuánto tiempo para que eso empiece a pasar en Pemex y en otras instituciones y paraestatales?

Estamos jugando con dos lógicas: la de un discurso que pretende la modernización, lo cual exige ampliar y mejorar los servicios y ser eficientes con los recursos; y la corporativa, que venimos arrastrando de atrás, en la que los dirigentes sindicales truenan sus chicharrones, por encima de todo el mundo.

Esto se produce también en otros ámbitos, por ejemplo, en la empresa privada. Se supone que hay leyes y que hay instituciones que se encargan de ponerlas en práctica, pero no es así. Empresas poderosas como Banamex se libran de pagar un impuesto que debían desde hace 10 años porque sus abogados se las ingenian para encontrar un error de procedimiento de la Secretaría de Hacienda.

Y las dos empresas televisivas que tienen el monopolio nacional se niegan a permitir que se quiera abrir una tercera opción.

En este caso se trata del largo trecho que separa al dicho y al hecho. Porque si alguien ha festinado el libre mercado y la competencia y el fin del proteccionismo estatal son precisamente los bancos y los medios. Pero ahora resulta que para nada están dispuestos a tener competencia.
Y para ello han recurrido a un truco: las campañas sucias encubiertas de bondad. Desde hace semanas, nos machacan imágenes lacrimógenas de las pobres personas que mueren por el alto precio de los medicamentos, de lo que culpan a los distribuidores.

Aunque es cierto que los precios de los fármacos son altísimos, tanta preocupación repentina por nuestros semejantes resulta sospechosa cuando justamente apunta contra los socios mexicanos de la cadena que solicitó el permiso para operar acá, que es Telemundo, la segunda que transmite en español en el país vecino. Y en el caso de Azteca, el ataque ha sido contra General Electric, la empresa de electrodomésticos.

Por supuesto que uno no entiende lo que se mueve atrás de estos poderes, sólo ve la pequeñísima punta del iceberg que asoma a través de las declaraciones y discursos, pero lo que sí queda claro es que en todos esos juegos, quienes mandan no son quienes se supone que deberían mandar, ni se respeta la ley ni se busca el beneficio para los que estamos de este lado de la trinchera, los ciudadanos.

Sin querer defender a sindicatos y líderes que no lo merecen, ejemplo obvio el de los trabajadores de la educación, podríamos decir que la propuesta demagógica (¿no se le llama a esto populismo?) que Calderón hizo el 1 de dic con respecto a los niños nacidos en este sexenio puede ser que no tenga sustentabilidad y la haya hecho al calor y la emoción de su momento estelar, y así como la propuesta de recortes a la educación y cultura, tenga que ser revisada y corregida. ¿O realmente tendrá Calderón datos aproximados sobre el número a que ascenderán estos nacimientos? ¿habrá presupuestado lo suficiente para dotar de la infraestructura necesaria para lograrlo? A excepción de detalles como éste, que la autora no considera importantes, el resto del texto me parece aprovechable.