Militares contra derechos

PLAZA PÚBLICA.

Miguel Ángel Granados Chapa.

El Norte, 6 Ago. 07.

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Como si se hubiera montado un escenario para satisfacción de Amnistía Internacional, cumpliendo un papel policiaco que no les corresponde, elementos del Ejército asaltaron domicilios en Nezahualcóyotl y vejaron a sus habitantes, sin hallar nada de lo que presuntamente buscaban.

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Mientras el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación y la CNDH consideraban exagerado el informe sobre violaciones a los derechos humanos en México, dado a conocer por Amnistía internacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional se encargaron de mostrar, en vivo, que en realidad el reporte de aquel organismo internacional se quedó corto.

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Cuando aún permanecía en México la delegación de AI, encabezada por su secretaria general Irene Kahn, acontecieron verdaderos asaltos cometidos por miembros del Ejército, con objetivos confusos y en perjuicio de habitantes de la colonia El Sol, en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

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Antes de que clareara el día (es decir, con nocturnidad, que en el derecho penal puede agravar una conducta punible, pues se aprovechan las sombras de la noche o la penumbra del amanecer como parte de una acción artera, sorpresiva), ingresaron a aquel asentamiento vehículos del Ejército mexicano, cuyos números de identificación habían sido bloqueados para que nadie pudiera leerlos. Descendieron de ellos una compañía, y quizá dos secciones más (es decir, entre 100 y 160 hombres) con uniformes de combate, camuflados, armados y con los rostros cubiertos.

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A deshoras, forzaron la entrada en varios domicilios, cuyos habitantes despertaron aterrorizados por la presencia inesperada de encapuchados que no mostraron las órdenes de cateo que según la Procuraduría federal legalizaban su incursión. Parecían buscar a personas, extremo no comprendido en un cateo, acto destinado a localizar cosas, como armas o droga, según pretendió justificarse después.

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En las fuentes oficiales mismas se difundió la especie, que nadie hizo suya de modo formal, que se iba tras integrantes del Ejército Popular Revolucionario, que ha cometido varios atentados en las semanas recientes, el miércoles apenas el más próximo.

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La arbitraria actuación de los militares, que no parecían dirigidos por ningún funcionario civil, del Ministerio Público o de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que obedecían a sus mandos castrenses, fue inútil casi por entero. Los asaltantes (mientras no se muestren las órdenes judiciales pertinentes y se explique su expedición se trata de intromisiones indebidas) no hallaron a nadie que buscaran, ni localizaron tampoco los objetos tras de los cuales presuntamente iban, como armas y estupefacientes.

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Llevaron consigo, sí, teléfonos celulares y credenciales de elector de que desposeyeron a los asustados vecinos, que no se reponían de su amargo despertar. Al atardecer del viernes no sabíamos si el apoderamiento de los aparatos telefónicos fue una busca que por su cuenta realizaron los soldados o servirán como indicios de investigación.

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Huelga decir que durante los asaltos (uno de ellos se prolongó por más de una hora) los perplejos afectados sufrieron maltrato verbal por los militares, que no se eximieron de esa conducta frente a niños ni personas mayores.

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Incursiones así son intolerables, porque infringen la ley y muestran la vulnerabilidad de cualquier persona, donde quiera que se halle.

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El mismo día hubo operaciones semejantes en el Pedregal de San Ángel, una zona residencial del sur de la Ciudad de México, y en Monterrey. En aquel caso una persona fue aprehendida. En cuanto al hecho regiomontano, un local sindical petrolero fue rodeado por soldados, cuyo jefe interrogó a dirigentes y miembros del sindicato sobre la suerte de su líder, desaparecido hace ya dos meses y medio. En uno y otro casos los militares actuaban como si se tratara de policías al servicio del Ministerio Público.

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Y es que al parecer de eso se trata, y en ello radica una de las facetas de su gravedad. En los hechos, el Gobierno de Felipe Calderón ha derogado parte del Artículo 21 constitucional, la que dispone que "la investigación y persecusión de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato".

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El Ministerio Público federal carece hoy de ese brazo auxiliar, pues la Agencia federal de investigación ha sido sustraída a la autoridad de la Procuraduría General de la República y puesta bajo la competencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Al comenzar esta administración se anunció el propósito de fundir las dos corporaciones policíacas federales, la AFI y la PFP. No se inició nunca la reforma legislativa necesaria, y se pretendió actuar sobre hechos consumados, poniendo a esos cuerpos bajo un solo mando.

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La experiencia no fue duradera. El funcionario en quien recayó el nombramiento de zar de la Policía federal, fue desplazado de su cargo al finalizar marzo y no se ha designado a nadie en su lugar.

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Pero se persiste en la fusión de las corporaciones. Se habla de una institución nueva, sin sustento legal, llamada Policía federal, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

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De modo que la AFI ya no está integrada a la PGR. Así lo enseñó, circunstancialmente, el homenaje rendido a dos agentes asesinados en Guerrero esta semana. Un subsecretario de Seguridad Pública encabezó la ceremonia, como si las víctimas hubieran estado bajo sus órdenes.

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Por eso, quizá, la PGR se hace auxiliar del Ejército, del que está requiriendo que funcione como la Policía a que se refiere el Artículo 21 constitucional. Mal puede esperar la sociedad triunfos en el combate a la delincuencia, por definición infractora de la ley, si para obtenerlos se infringe la ley.