Saldrán libres los violadores de prostitutas

Qué bonito país.
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La Jornada, sábado 11 de agosto de 2007.

Desfiladero
Jaime Avilés
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Faltan sólo unos días para que se dicte sentencia en el caso de los militares que violaron a 14 prostitutas en un tugurio del poblado de Castaños, en Coahuila.

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Los hechos ocurrieron el 11 de julio del año pasado, cuando los uniformados, que teóricamente resguardaban una oficina del Instituto Federal Electoral para cuidar los "votos" que en ella había, salieron de ahí drogados y borrachos y llegaron a la pequeña zona roja para someter a los clientes y disponer sexualmente de las mujeres durante muchas horas.
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Por invitación del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudió a Castaños para reconfortar a las muchachas y apoyarlas en su defensa.

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Desde entonces, el prelado ha sufrido presiones, amenazas e incluso una persecución en carretera por el desierto. En vísperas del fallo que prepara el juez que lleva el asunto, las perspectivas no son buenas.

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Se teme que tres de los cuatro soldados detenidos puedan ser absueltos y que la procuraduría estatal no se inconforme si así sucede. Ello en razón de que algunas de las víctimas cedieron a las intimidaciones de sus agresores y cambiaron sus declaraciones o se desdijeron de ellas.
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Monseñor Vera teme que una sentencia exculpatoria para quienes a punta de pistola se aprovecharon de aquellas pobres "tendrá efectos nocivos para el resto del país".

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Así lo dijo a principios de la semana que termina: "Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el mensaje de que no pasó nada, como lo han hecho con la señora Ernestina Ascensión, en Zongolica, y con la familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una dictadura, pues es muy delicado que nadie pida cuentas al Ejército que, como estamos viendo, gobierna y vigila México".
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Felipe Calderón, que nunca había gobernado a nadie y no sabe cómo hacerlo, mantiene su alianza con las fuerzas armadas recibiendo "lealtad institucional" a cambio de impunidad absoluta, con todos los riesgos que esta palpable expresión de debilidad implica para los ciudadanos: mientras no haya sanciones, los abusos de las tropas contra la gente seguirán al alza (y José Luis Soberanes las bendecirá alegando que son "exageraciones" de Amnistía Internacional).
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Pero mientras el Ejecutivo federal da carta blanca a sus guardianes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lo justifica, el obispo de Saltillo resiste con la fuerza de su autoridad moral, aunque en medio de un terrible aislamiento, porque el jefe local de la Iglesia católica, el cardenal Norberto Rivera Carrera, está ocupado en asuntos más serios: trata de desvirtuar las acusaciones de que encubrió a un cura pederasta cuando era obispo de Tehuacán, Puebla, para eludir el castigo que la justicia estadunidense le aplicará si demuestra que fue cómplice de aquel violador de niños.
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El Ejército, la CNDH y la jerarquía eclesiástica son tres instituciones que reflejan la profunda descomposición política del país.