Jenaro Villamil
Para Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, el proyecto de reforma electoral impulsado por el PRI y el PRD, y de manera parcial por el PAN, representa "el entierro de todo el ejercicio de la reforma del Estado". En los términos planteados, dice en entrevista, "la no-reforma electoral representa una ruptura". Explica: "la madre de todas las reformas" sería la prohibición total de la compra de tiempo aire en los medios electrónicos por parte de los partidos políticos.
Presiones de última hora de Televisa mediante sus gestores políticos, el contraataque de Los Pinos y de los sectores duros del PAN, más la rebelión de Luis Carlos Ugalde, alentada por la profesora Elba Esther Gordillo, provocaron que los dos puntos sustanciales de la reforma electoral se marginaran del anteproyecto de reforma constitucional: La prohibición absoluta de la compra de tiempo-aire en la televisión durante las campañas y la salida de los nueve consejeros del IFE.
Las negociaciones para acordar los últimos puntos se suspendieron horas antes de que la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) del Congreso de la Unión presentara en el Palacio de Minería, la tarde del jueves 30 de agosto, el anteproyecto de reformas a ocho artículos constitucionales.
Así, la discusión de los aspectos más delicados del documento quedaron postergadas: la prohibición de la compra de tiempo-aire en televisión, que constituye "la madre de todas las reformas" –ocho de cada 10 pesos de financiamiento de los partidos se destina a publicidad y siete de ellos a pagar spots en la televisión comercial– y un artículo transitorio que ordenaba la salida de todos los consejeros electorales del IFE.
Un grupo de 20 legisladores del PAN, encabezado por Rogelio Carvajal, exrepresentante de su partido ante el IFE, presionó a su coordinador Héctor Larios para que no se aceptara el acuerdo entre PRI y PRD sobre la salida de los consejeros del IFE.
Apenas dos días antes, Arturo Núñez, legislador del PRD y redactor del anteproyecto, había anunciado que las reformas incluirían límites a la compra de publicidad televisiva, y que el PAN y el gobierno federal habían aceptado el "relevo escalonado" de los consejeros del IFE.
Con el aval de Los Pinos, los panistas habían aceptado dos posibilidades: la primera, que salieran cinco de los nueve consejeros –los de "mayor edad" –; la segunda, que se renovaran en grupos de tres hasta 2012. Por su parte, los representantes del PRD y del PRI reclamaban la salida de todos los consejeros, así como la sustitución simultánea de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En medio de esas negociaciones, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, rompió lanzas con Felipe Calderón el martes 28 de agosto y soltó: "Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros electorales estaría aceptando que, políticamente hablando, hubo fraude electoral en el 2006".
Alterado, Ugalde advirtió ante los reporteros: "Los consejeros electorales somos inamovibles por mandato de la Constitución, justamente para resistir a las presiones políticas". Y en un claro mensaje al gobierno calderonista, reclamó: "No es aceptable que se condicione la cabeza de los consejeros a cambio de aprobar una reforma fiscal que el país necesita".
Mientras tanto, los partidos pequeños, en especial Nueva Alianza, promovido por Elba Esther Gordillo y el sindicato de maestros, suspendieron las negociaciones de la subcomisión redactora que encabeza ahora el exsecretario de Gobernación y diputado Diódoro Carrasco. Demandaron que se retirara la propuesta de que el financiamiento público se definiera sólo por el criterio de 100% proporcional a los votos obtenidos, y criticaron las nuevas reglas para los partidos que participen en alianzas y coaliciones.
Durante la sesión en el Palacio de Minería, los representantes del Panal, PT, Convergencia y Alternativa reclamaron que se rehiciera el procedimiento de redacción de acuerdos, pues señalaron que en este proceso sólo participó el especialista Jorge Alcocer, del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo. También demandaron que se integraran a la comisión los otros cuatro especialistas que participan en la CENCA: Porfirio Muñoz Ledo, Diego Valadés, Rolando Cordera y María Amparo Casar, más otros tres expertos.
Antes de que iniciara la sesión, Jorge Alcocer defendía los puntos más avanzados de la reforma: la reducción de 50% de los gastos de campañas presidenciales; la disminución a 90 días de los tiempos de campaña para la elección de presidente, senadores y diputados; las nuevas reglas para las precampañas; la prohibición de que gobernadores, alcaldes o el presidente de la República hagan propaganda, y la prohibición de la llamada "publicidad negativa", entre otras.
Por su parte, Arturo Núñez y Diódoro Carrasco aclararon que los puntos "en corchetes" que no se incluyeron en el texto de reformas constitucionales serían incorporados en los cambios a la Ley Electoral. Carrasco, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación, fue electo el 23 de agosto como coordinador del Grupo de Trabajo sobre Democracia y Reforma Electoral.
El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, expresó su satisfacción por el hecho de que, dijo, "se logró el máximo consenso posible", y previó que la iniciativa tendría entre 85 y 90% de respaldo por parte de ambas cámaras.
Sin embargo, Porfirio Muñoz Ledo reviró: "Es la más pobre de cuantas reformas electorales se han hecho. No fue el parto de los montes, sino el aborto de los cerros".
Reformas minimalistas
Participante en las negociaciones de las últimas reformas electorales (1990, 1994 y 1996) y uno de los seis especialistas que integran la CENCA, Muñoz Ledo considera que desde el principio la reforma adoptó un procedimiento que la hizo caer en el minimalismo.
"La prohibición total de la compra de tiempo aire en los medios electrónicos es la madre de todas las reformas. Si no sale esta reforma y la salida de los consejeros del IFE, esto es un fiasco", advierte.
Entrevistado por Proceso poco antes de que se dieran a conocer las propuestas de reforma constitucional, Muñoz Ledo subraya que las negociaciones se realizaron "en sigilo y con premura", sin incluir a los partidos pequeños y vinculando la reforma electoral a la propia reforma fiscal, además de que ésta no fue tomada como parte de la reforma del Estado.
Explica: El PRI y el PAN, así como "algunos sectores del PRD", aceptaron "no sólo sacar la reforma hacendaria de la reforma del Estado, sino vincular la reforma electoral a la reforma fiscal y la condenaron a ser minimalista. Sería un milagro que se colaran cosas importantes".
La reforma electoral "también quedó rasurada, igual que la fiscal". Muñoz Ledo explica así la lógica de los actores políticos que intervinieron en este proceso:
"El PAN tenía su propio juego: sacar lo más posible en lo fiscal a cambio de conceder proporcionalmente en lo electoral. Si lo fiscal era poco, también sería en lo electoral. Por eso se fragilizó la reforma electoral. Al PAN le convenía esta moneda de cambio. Ahora parece que ha venido un contraataque de Los Pinos. La simultaneidad no resultó tan buena para ninguna de las dos reformas."
Identifica dos sectores encontrados en las negociaciones: los de "avanzada" del PAN, PRI y PRD, representados por Ricardo García Cervantes, Jesús Murillo Karam y Arturo Núñez, y los sectores retrógados de cada uno de los partidos, como Héctor Larios, del PAN.
"La no reforma electoral, en los términos planteados, representa una ruptura, el entierro de todo el ejercicio de la reforma del Estado. No están midiendo lo que están haciendo.
"Si esto fracasa, resulta que el ala dura del gobierno del PAN y el PRI, al no lograrlo, en vez de dar una piñata como regalo nos dan unos cuantos caramelos, como una concesión", sostiene.
Exdirigente del PRI y del PRD, exsenador y excandidato presidencial, Muñoz Ledo insiste que es necesario "restablecer el procedimiento" para cuidar los acuerdos y la redacción de los mismos en las reformas a la ley.
Al pedirle su opinión sobre el tema de la prohibición de compra de tiempo-aire en televisión, Muñoz Ledo afirma que se aplicó un "argumento pueril": "Para justificar las negociaciones en la sombrita se dijo que era para que no se enterara Televisa. Es un argumento pueril porque se iban a enterar antes de que ocurriera, y si tenían poder de veto lo iban a utilizar. Además, los documentos base de las negociaciones son públicos y en esto siempre se dan las filtraciones". Además, dice, "Televisa tiene todo el tiempo para hacer presiones".
La prohibición absoluta del uso comercial de la radio y la televisión para fines políticos y electorales fue una demanda en la que coincidieron tanto el Frente Amplio Progresista (en su documento presentado en mayo de este año) como el Comité Conciudadano para la Reforma Electoral.
Desde mayo pasado, el Frente Amplio Progresista presentó un "mínimo" de cambios necesarios para la reforma electoral que incluía también la creación del Instituto Nacional de Elecciones, una propuesta similar a la del Comité Conciudadano, formado por una decena de personalidades, activistas ciudadanos y expertos en materia electoral que en julio de este año hicieron pública su reforma.
Este comité también propuso la renovación total del Instituto Federal Electoral, y que el órgano máximo del nuevo instituto fuera un "Consejo Nacional Electoral" integrado por nueve consejeros electos a través de un procedimiento público y transparente. La idea era que estos consejeros fueran propuestos por las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y no por los partidos políticos.
A su vez, el IFE realizó seis jornadas en las que se plantearon más de 3 mil propuestas para la reforma, entre las cuales figuró el tema de la equidad en las tarifas para medios de comunicación, transparencia en la contratación de espacios publicitarios y nuevas facultades del IFE para garantizar el cumplimiento de acceso de los partidos a los tiempos de Estado.
El 22 de agosto, la síntesis de las propuestas entregadas al Congreso fue presentada por Jorge Alcocer en su papel de director del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA). En el resumen se incluían algunas de las propuestas ventiladas en un foro de consulta realizado en Boca del Río, Veracruz.
La mayor parte de estas sugerencias y propuestas se incorporaron en el anteproyecto de reforma constitucional. En lo que toca al acceso de los partidos a la televisión y la radio, el documento elaborado por Alcocer no se manifiesta explícitamente a favor de la prohibición total, pero establece algunos "posibles modelos": topes al gasto; fiscalización inmediata de contrataciones y pagos, y exclusividad de la autoridad electoral "para ser el conducto a través del cual los partidos políticos realicen sus contrataciones".
El documento sugiere la prohibición de que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno utilicen los medios "para la promoción personal" en tiempos de campaña, y recomienda "complementar la norma vigente que impide a terceros ordenar la difusión, en televisión y radio, de mensajes a favor o en contra de cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular".
La rebelión de Ugalde
Las declaraciones de Ugalde dieron pie a una serie de reacciones encontradas entre senadores, diputados y dirigentes partidistas. Poco antes de dejar la presidencia de la Mesa Directiva en manos de su homólogo panista, Santiago Creel, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, descartó "personalizar" el debate con Ugalde, pero le advirtió al IFE, que acababa de aprobar nuevas sanciones por 107 millones de pesos a los partidos:
"Espero que no sea una actitud personal y confío en que tenemos leyes suficientes para que aquel que se sienta agraviado pueda acudir al Tribunal Federal Electoral para hacer que se respeten los derechos."
El mismo día que se presentó el proyecto de reforma electoral en el Palacio de Minería, el Consejo General del IFE realizó una sesión nocturna para aprobar sanciones a los partidos y abrir 26 "procedimientos oficiosos", ocho de los cuales serán para indagar el origen y destino de los recursos de la campaña del PRI, seis del PRD, cuatro del Panal, cuatro del PAN, tres de Alternativa y dos de Convergencia.
Estos nuevos "procedimientos oficiosos" se suman al que previamente abrió la Comisión de Fiscalización para averiguar el destino y el pago de cerca de 281 mil spots "no acreditados" correctamente. El IFE se comprometió públicamente a culminar el procedimiento a finales de agosto, pero lo ha prolongado.
Sobre estas acciones de Ugalde, Porfirio Muñoz Ledo sentencia: "Ahora Ugalde es mucho más valiente para defender el hueso que para defender el sufragio".
También considera que "el pleito está confirmando la complicidad de Ugalde y de algunos consejeros electorales en todo lo que ocurrió, fundamentalmente en el cuidado de las casillas", en la elección del 2 de julio de 2006.
Y lanza un dato clave que remite al vínculo con Elba Esther Gordillo: "Descuidaron el cuidado de las casillas; hemos descubierto que más de una tercera parte de las casillas fueron vigiladas por personajes del SNTE que ocuparon el primer lugar de la lista en las sustituciones de representantes de casilla. Tan sólo en Colima, 50% de las sustituciones fueron llenadas por maestros de Elba Esther".
.jpg)
.jpg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario