La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 29 de agosto que es inconstitucional que los bancos cedan o entreguen la cartera vencida de sus clientes morosos a empresas especializadas en la adquisición de deuda.
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Empresas como Capmark, Recuperadora de Deuda Hipotecaria, Scrapii y Pendulun, que fueron beneficiadas por el Infonavit al cederles créditos con un valor de alrededor de 10 por ciento de su precio real estarían incurriendo en acciones ilegales si persisten en hacer efectivos los cobros de acreditados cuyos créditos poseen; en este mismo esquema estarían varios despachos jurídicos.
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Con esta resolución unos 45 mil acreditados que contrataron un crédito con el Infonavit y pierden su empleo podrían ser beneficiados con esta medida.
Aplica gobierno espurio política de despojo social en Vivienda.
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La política habitacional promovida por el gobierno espurio relega las necesidades sociales para orientarse hacia objetivos financieros.
La política habitacional promovida por el gobierno espurio relega las necesidades sociales para orientarse hacia objetivos financieros.
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1.-No obstante la propaganda oficial en materia habitacional, durante el sexenio anterior la inversión pública federal aplicada en forma directa a la vivienda fue menor a los 12 mil millones de pesos, lo que representó en términos reales menos de $20.00 por habitante anualmente. La Organización de Naciones Unidas considera que debe destinarse a este rubro el 6% del PIB; es decir, alrededor de 500 mil millones de pesos.
2.-La vivienda construida en mayor medida a partir de la década de los 70 ha correspondido al Infonavit. Se debe recordar que esta Institución promueve acciones de vivienda con las aportaciones de los trabajadores, por lo que es falso que el gobierno federal invierta recursos públicos en este rubro en la proporción que cotidianamente propaga. Cabe señalar que a esta dependencia sólo ha atendido al 14% de los derecho-habientes; es decir, ha concedido crédito a menos de 2 millones de trabajadores de los más de 14 millones que tiene registrados.
3.-Fonhapo, institución que, como su nombre indica, tiene como función promover habitaciones populares, cuenta con un presupuesto para este año de alrededor de 2 mil millones de pesos para otorgar poco más de 100 mil subsidios. Cabe recordar que este organismo cambió sus reglas de operación a partir del año 2000 con el objeto de convertirse en una banca de segundo piso y solamente otorgar créditos mediante un organismo intermediario financiero. Hay que señalar que esta dependencia se ha mantenido con sub-ejercicio durante los últimos años.
4. A la Conavi, antes Conafovi, la remiten este año al Ramo 6, sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a Desarrollo Social que es a donde deberían asignarse recursos de subsidio para la población que percibe menos de 4 salarios mínimos. No obstante, le otorgan alrededor de 4 mil millones de pesos, 33 veces más que su presupuesto anterior, con el objeto de otorgar más de 100 mil subsidios para que en teoría las familias de escasos recursos puedan darlo como enganche para un crédito hipotecario a pagar durante más de 20 años. Evidentemente el enganche con recursos fiscales es para pagar sólo una mínima parte de los intereses, a través de la Sociedad Hipotecaria Federal, con la intención de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios privados y no a los sectores marginados de la sociedad. Los organismos nacionales de vivienda, cuya función debiera ser dotar de viviendas accesibles y decorosas a los mexicanos, como lo señala la Constitución Política, en realidad vienen haciendo lo contrario.
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El Infonavit, principal institución nacional en la materia, obligada a proveer vivienda de utilidad social, como lo establece el Art. 1 de la ley que lo rige, y a fomentar la vivienda para los trabajadores, como su propio nombre lo señala, ha auspiciado el despojo del patrimonio de cientos de familias mexicanas en todo el país a través de despachos privados. Mediante la firma de contratos ventajosos, primero, y a través de presión judicial, después, este órgano ha lucrado con la necesidad de techo de la gente de menos recursos.
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Tal situación se hace patente en los convenios judiciales promovidos por los representantes legales del Infonavit en los que se pretende que el demandado, nuevamente refrende la obligación de que en caso de quedar desempleado, el monto de sus mensualidades pase de un 25% del total de su salario a un 35% de último salario integrado. Es decir, el INFONAVIT, un organismo del Estado, lejos de velar por los intereses del trabajador, castiga el desempleo, producto de la política económica neoliberal implementada durante más de dos décadas. Basados en el Artículo 49 de la Ley de Infonavit, dichos convenios judiciales establecen que el acreditado tiene que aceptar que de no pagar tres mensualidades consecutivamente o tres discontinuas en un año, el Instituto inicia un proceso de cancelación de su crédito, con el consecuente “riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él”.
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A los trabajadores desempleados se les demanda, mediante despachos particulares como SCRAP 2 y Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser; entre otros, el pago inmediato de la deuda total del inmueble objeto del crédito o su desalojo, sin tomar en cuenta los recursos que con base en el ahorro aportaron previamente para la adquisición de dicho patrimonio, ni las mensualidades erogadas. Estos son algunos ejemplos de la política social que ejerce el gobierno espurio.
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El riesgo ahora es aún mayor al tener contemplado a un sector de la población que gana 2 salarios mínimos - de acuerdo con las Reglas de Operación de la Conavi, publicadas en el Diario Oficial el 19 de febrero pasado - que por lo tanto es más vulnerable frente al desempleo y la política económica. Ahora con los recursos fiscales, producto de los impuestos que pagamos millones de mexicanos, se va a subsidiar a la oferta de vivienda de las empresas inmobiliarias para enganchar a la población más pobre que tendrá que pagar el crédito mensualmente durante 2 décadas y si queda desempleada en el camino, despojarla del inmueble, no tomar en cuenta lo erogado y volver a vender el bien a otro posible acreedor del nuevo subsidio.
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Con los recursos fiscales asignados en el presupuesto de egresos podrían realizase miles de acciones de vivienda en todo el país mediante un esquema financiero solidario que tome en cuenta la capacidad de pago del acreditado. Con el fin de abordar esta problemática y presentar alternativas de solución se realizarán las siguientes acciones:
1.-La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda (SAHUVI) celebrará Foros de Discusión y Análisis sobre esta situación.
1.-La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda (SAHUVI) celebrará Foros de Discusión y Análisis sobre esta situación.
2.- La Convención Nacional Democrática, a realizarse del 21 al 25 de marzo, instalará una Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar donde se discutirá el tema de la Vivienda.
3.- El correo electrónico al que se pueden dirigir es el siguiente: humanosyvivienda@gobiernolegítimo.org.mx.
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Arq. Laura Itzel Castillo Juárez, Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo.
PRONUNCIAMIENTO
I.- Derecho a la Vivienda.
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I.- Derecho a la Vivienda.
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El Gobierno Legítimo de México reivindica el derecho constitucional a contar con una vivienda digna y decorosa. De igual manera reconoce que la carencia de este bien es uno de los problemas más graves que enfrentan los sectores de más bajos ingresos en nuestro país. El rezago habitacional estimado es de 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que están proyectadas en 6.7 millones, es decir 12 millones de viviendas.Los Organismos Nacionales de Vivienda deben garantizar ese derecho humano y rescatar el espíritu que les dio origen como instituciones sociales del Estado. Considerar a la población de escasos recursos derechohabientes y no posibles clientes para su mercado inmobiliario.
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Es inaplazable un programa de vivienda social, que atienda prioritariamente a la población de bajos ingresos. Para lo cual se debe impulsar la política de producción social contenida en la Ley Federal de Vivienda. El programa de vivienda social debiera operar a través del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), transfiriendo los recursos a las 32 entidades federativas. Con esta medida se fortalecería a los Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS), quienes serían además, los responsables directos de la ejecución de una política habitacional que, mediante el otorgamiento de subsidios y créditos accesibles, atendería a los sectores no contemplados en el mercado formal.
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II.- Desarrollo Sustentable.
Se estima que durante las próximas tres décadas la población urbana en los países en desarrollo, crecerá en 60 millones de habitantes al año. Actualmente, en promedio en América Latina, el 75% de la población habita en ciudades. México también forma parte de las naciones que sufren este tipo de procesos de urbanización acelerada, lo que vuelve más compleja la planeación para el desarrollo, agudizada por los niveles de pobreza y las graves desigualdades entre las diferentes regiones que conforman el territorio nacional.
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Se estima que durante las próximas tres décadas la población urbana en los países en desarrollo, crecerá en 60 millones de habitantes al año. Actualmente, en promedio en América Latina, el 75% de la población habita en ciudades. México también forma parte de las naciones que sufren este tipo de procesos de urbanización acelerada, lo que vuelve más compleja la planeación para el desarrollo, agudizada por los niveles de pobreza y las graves desigualdades entre las diferentes regiones que conforman el territorio nacional.
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En sólo siete entidades de la República Mexicana habita el 50% de la población total, éstas son: Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán. Sin embargo, los mayores procesos de urbanización se localizan en la zona centro del país, en el Distrito Federal y el Estado de México, seguidos de Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana. Hay diferentes expresiones en torno a los modelos de ciudad; la corriente de planificación urbana que ha producido el mayor desorden y expansión es la que ha dejado en las fuerzas del mercado el crecimiento de la ciudad. La corriente de planificación urbana en la que se inscribe el Gobierno Legítimo de México, es la que impulsará un manejo sustentable del espacio urbano, que consiste en atenuar la presión sobre las reservas territoriales periféricas, considerando como límites físico-ambientales a las cuencas, por los umbrales de disponibilidad de agua. Asimismo, se propone reciclar y regenerar espacios degradados en los centros de las ciudades, mejorar la accesibilidad, reducir el desplazamiento cotidiano del automóvil particular al favorecer traslados en bicicleta y el transporte público, el uso mixto del suelo y la re-densificación de las zonas que muestran pérdida de población en áreas centrales de las ciudades.
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III.- Presupuesto.
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Según información oficial, durante el periodo 2001-2005, se otorgaron 2.4 millones de créditos para vivienda con una inversión total de alrededor de 421 mil millones de pesos. Pero lo más importante es que de este total, la inversión pública federal aplicada en forma directa a la vivienda en realidad fue tan sólo de 7 mil novecientos millones de pesos, de los cuales 4 mil cuatrocientos millones de pesos correspondieron al programa de subsidios otorgados por FONHAPO, lo que representó apenas el 1.04% de la inversión total en la materia.
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El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, en el Ramo 20 de Desarrollo Social contempla 2 mil 104 millones de pesos para FONHAPO, de los cuales mil 595 millones de pesos son para el programa “Tu casa” y 509 millones para “vivienda rural”, más de mil millones menos que el año 2006. De acuerdo con sus metas presupuestarias, se plantea otorgar 56 mil 762 subsidios para la población considerada dentro de la pobreza patrimonial; 38 mil 175 para la vivienda rural; y 7 mil subsidios para quienes requieren la titulación de su vivienda.
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Al Consejo Nacional de Vivienda, CONAVI, antes CONAFOVI, la remiten este año al Ramo 6, sectorizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no a Desarrollo Social que es donde debieran asignarse recursos de subsidio para la población que percibe menos de 4 salarios mínimos. No obstante, a través de este ramo, le asignan más de 4 mil millones de pesos, 33 veces más que su presupuesto anterior, que era de alrededor de 120 millones, con el objeto de otorgar 170 mil subsidios de 20 mil pesos en promedio, de acuerdo con las metas presupuestales entregadas en el PEF. Con ello se pretende que las familias que ganan menos de 4 salarios mínimos a nivel conyugal y 2 a nivel individual utilicen el monto del subsidio como enganche para un crédito hipotecario a pagar durante 25 años.
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Evidentemente este proyecto tiene la intención de favorecer a los desarrolladores inmobiliarios y no a los sectores marginados de la sociedad. Este panorama se agrava aún más con la publicación de las reglas de operación de CONAVI, el pasado 19 de febrero, en las que se determina que el acceso al subsidio para las familias más vulnerables de la sociedad se otorga mediante la contratación de un crédito en Unidades de Inversión, conocidas como UDIS.
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El 21 de febrero de este año se anunció la creación de la Asociación Hipotecaria Mexicana presidida por el propietario de Hipotecaria Su Casita, Manuel Agudo, en la que participan 5 aseguradoras crediticias; 18 Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) y de Objeto Múltiple (SOFOMES); 15 bancos, entre ellos el BBVA- Bancomer; la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el INFONAVIT. En el acto constitutivo cínicamente plantearon que uno de los objetivos de la nueva institución sería lograr que la gente de escasos recursos no resultara pagando más intereses que otros sectores de la población, como tradicionalmente ha sido.
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IV.- Falacias. No obstante la propaganda oficial en materia habitacional, durante el sexenio anterior, la inversión pública federal aplicada en forma directa a la vivienda fue menor a los 12 mil millones de pesos, lo que representó en términos reales menos de 20 pesos por habitante anualmente. Esta cifra contrasta con la postura de la Organización de Naciones Unidas que considera que debe destinarse a este rubro el 6% del PIB.
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La vivienda construida en mayor medida a partir de la década de los 70 ha correspondido al INFONAVIT. Se debe recordar que esta Institución promueve acciones de vivienda con las aportaciones de los trabajadores, por lo que es falso que el gobierno federal invierta recursos públicos en este rubro en la proporción que cotidianamente propaga. Además, contabiliza como viviendas construidas las realizadas por instancias locales como el INVI del Distrito Federal, y las recuperadas fraudulentamente a través del IPAB, como el caso de los Bribiesca Sahagún. Cabe señalar que el INFONAVIT sólo ha atendido al 14% de los derecho-habientes; es decir, ha concedido crédito a menos de 2 millones de trabajadores de los más de 14 millones que tiene registrados. Por lo que la mayor parte de los trabajadores de menores ingresos termina por subsidiar a los de mayores ingresos con lo que no sólo hay rezago en la atención de la demanda sino una importante regresión.
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FONHAPO, institución que, como su nombre indica, tiene como función promover habitaciones populares, cuenta con un presupuesto para este año de alrededor de 2 mil millones de pesos para otorgar poco más de 100 mil subsidios, como se señaló anteriormente. Cabe recordar que este organismo cambió sus reglas de operación a partir del año 2000 con el objeto de convertirse en una banca de segundo piso y solamente otorgar créditos mediante un organismo intermediario financiero. Hay que señalar que esta dependencia se ha mantenido con sub-ejercicio durante los últimos años.
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V.- Acumulación por Despojo.El gobierno espurio ha hecho de la pobreza un negocio, pues de manera perversa ha diseñado un esquema financiero de créditos impagables dirigido a los mexicanos más pobres con el objeto de despojarlos de su vivienda y venderla nuevamente. Este modelo se aplica en otras partes del mundo y se conoce como acumulación de riqueza por despojo. Por ello, se basa en la especulación inmobiliaria para la aplicación de su política habitacional, vendiendo la cartera vencida a precios ridículos para posteriormente revenderla muy por encima de su valor, como sucedió en el caso de los hermanos Bribiesca.
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Los organismos nacionales de vivienda, cuya función debiera ser dotar de viviendas accesibles y decorosas a los mexicanos, como lo señala la Constitución Política, en realidad vienen haciendo lo contrario. El INFONAVIT, principal institución nacional en la materia, obligada a proveer vivienda de utilidad social, como lo establece el Art. 1 de la ley que lo rige, y a fomentar la vivienda para los trabajadores, como su propio nombre lo señala, ha auspiciado el despojo del patrimonio de cientos de familias mexicanas en todo el país a través de despachos privados. Mediante la firma de contratos ventajosos, primero, y a través de presión judicial, después, ha lucrado con la necesidad de techo de la gente de menos recursos.
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Tal situación se hace patente en los convenios judiciales promovidos por los representantes legales del INFONAVIT, en los que se pretende que el demandado, nuevamente refrende la obligación de que en caso de quedar desempleado, el monto de sus mensualidades pase de un 25% del total de su salario a un 35% del último salario integrado. Es decir, el INFONAVIT, un organismo del Estado, lejos de velar por los intereses del trabajador, castiga el desempleo, producto de la política económica neoliberal implementada durante más de dos décadas. Basados en el Artículo 49 de la Ley de INFONAVIT, dichos convenios judiciales establecen que el acreditado tiene que aceptar que de no pagar tres mensualidades consecutivamente o tres discontinuas en un año, el Instituto inicia un proceso de cancelación de su crédito, con el consecuente “riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él”.
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A los trabajadores desempleados se les demanda el pago inmediato de la deuda total del inmueble objeto del crédito o su desalojo, sin tomar en cuenta los recursos que con base en el ahorro aportaron previamente para la adquisición de dicho patrimonio, ni las mensualidades erogadas Mediante despachos particulares como SCRAP II, Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser; entre otros, El INFOVAIT tiene planeado recuperar en 2007 alrederor de 110 mil viviendas en todo el país por la vía del despojo.
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VI.- Propuestas.
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1.-- Conformación del Consejo de Defensa de la Vivienda
Ante la gravedad de los efectos de la política habitacional del gobierno espurio, se considera necesaria la conformación de una instancia de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos, pueda delinear el rumbo a seguir y abone a la construcción de una alternativa de vivienda popular, que conciba el derecho al hábitat como un derecho humano y no mercantil; y así hacer frente a esta voracidad financiera del régimen que pretende disfrazar de política social su verdadero proyecto de acumulación de riqueza por despojo.
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Ante la gravedad de los efectos de la política habitacional del gobierno espurio, se considera necesaria la conformación de una instancia de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos, pueda delinear el rumbo a seguir y abone a la construcción de una alternativa de vivienda popular, que conciba el derecho al hábitat como un derecho humano y no mercantil; y así hacer frente a esta voracidad financiera del régimen que pretende disfrazar de política social su verdadero proyecto de acumulación de riqueza por despojo.
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Con base en lo anterior, se convoca a la conformación del Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, el día 5 de junio de 2007, en la Ciudad de México.
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2.- Campaña de Cero Desalojos
La imposibilidad de contar con una vivienda adecuada y la inseguridad habitacional son problemas que enfrentan millones de habitantes en todo el mundo. En enero de 2004, durante el Foro Social Mundial de Mumbay, India, se acordó impulsar a nivel internacional una campaña de defensa del hábitat dado que millones de personas están siendo despojadas de sus viviendas. Por ello, se debe apoyar esta iniciativa que se sustenta jurídicamente, entre otros ordenamientos, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25 párrafo 1; en nuestra Carta Magna; y en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 11, a partir del cual el relator de la ONU en nuestro país, Miloon Kotarii, emitió un conjunto de recomendaciones en contra de los desalojos.
La imposibilidad de contar con una vivienda adecuada y la inseguridad habitacional son problemas que enfrentan millones de habitantes en todo el mundo. En enero de 2004, durante el Foro Social Mundial de Mumbay, India, se acordó impulsar a nivel internacional una campaña de defensa del hábitat dado que millones de personas están siendo despojadas de sus viviendas. Por ello, se debe apoyar esta iniciativa que se sustenta jurídicamente, entre otros ordenamientos, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 25 párrafo 1; en nuestra Carta Magna; y en el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Art. 11, a partir del cual el relator de la ONU en nuestro país, Miloon Kotarii, emitió un conjunto de recomendaciones en contra de los desalojos.
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3.- Defensa Jurídica
Existen miles de familias en todo el país que están siendo víctimas del terrorismo jurídico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente. Muchas familias ya han sido desalojadas de su vivienda y muchas más enfrentas demandas judiciales.
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Existen miles de familias en todo el país que están siendo víctimas del terrorismo jurídico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente. Muchas familias ya han sido desalojadas de su vivienda y muchas más enfrentas demandas judiciales.
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Por ello se considera urgente el establecimiento de una estrategia de defensa jurídica efectiva que dé apoyo y certeza a estos núcleos habitacionales. Dicha tutela legal se brindará a través de talleres que organizará la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda impartidos por el Movimiento Nacional Jurídico de El Barzón, organización con más de 12 años de experiencia en el tema.
4.- Conformación del Comité para la Elaboración de Iniciativas de Ley
El marco normativo actual le resulta propicio al régimen espurio para justificar y promover un modelo de políticas habitacionales que considera a la vivienda un derecho mercantil y no un derecho social.
Por esta razón, resulta impostergable reformar las diversas leyes y ordenamientos en la materia para lograr una transformación a fondo del actual esquema estatal. Sólo así se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad.
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4.- Conformación del Comité para la Elaboración de Iniciativas de Ley
El marco normativo actual le resulta propicio al régimen espurio para justificar y promover un modelo de políticas habitacionales que considera a la vivienda un derecho mercantil y no un derecho social.
Por esta razón, resulta impostergable reformar las diversas leyes y ordenamientos en la materia para lograr una transformación a fondo del actual esquema estatal. Sólo así se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad.
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5.- Foros
Seguir realizando foros en el país en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de la política perversa del gobierno espurio en materia de vivienda, sino, sobre todo, para llegar a propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.
Compañeras y compañeros convencionistas:
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Seguir realizando foros en el país en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de la política perversa del gobierno espurio en materia de vivienda, sino, sobre todo, para llegar a propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.
Compañeras y compañeros convencionistas:
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Ante la grave situación que enfrentamos a causa de la política económica neoliberal profundizada por el gobierno espurio de Felipe Calderón, se considera inaplazable trabajar sobre tres líneas específicas: la denuncia, la propuesta y la organización social, sobre la base del proyecto alternativo de nación que enarbolamos todos juntos a lado de Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México.
Página de la SAHUVI: http://sahuvi.gobiernolegitimo.org.mx
Página de la SAHUVI: http://sahuvi.gobiernolegitimo.org.mx
Correo electrónico de la Secretaría: humanosyvivienda@gobiernolegítimo.org.mx
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FORO DE DENUNCIA DE LA POLÍTICA HABITACIONAL DEL GOBIERNO ESPURIO
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El Gobierno Legítimo de México reivindica el derecho constitucional que tienen los mexicanos a contar con una vivienda digna y decorosa. De igual manera reconoce que la carencia de este bien es uno de los problemas más graves que enfrentan los sectores de más bajos ingresos en nuestro país. El rezago habitacional estimado es de 5.3 millones de viviendas, además de las nuevas necesidades derivadas del incremento demográfico, que están proyectadas en 6.7 millones para el período 2007-2012, es decir 12 millones de viviendas para el final del sexenio.
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La Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda (SAHUVI) considera que es inaplazable un programa de vivienda social, que atienda prioritariamente a la población de bajos ingresos. Para lo cual se debería impulsar dentro de las modalidades de construcción, la política de producción social contenida en la Ley Federal de Vivienda. Por ello en la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación enviada por el Presidente Legítimo de México el pasado mes de diciembre del 2006 se consideraron 12 mil millones de pesos, con lo que se podrían construir para este año 200 mil acciones de vivienda de interés social, independientemente de las que se deben realizar por organismos nacionales como el INFONAVIT y el FOVISSSTE.
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No obstante el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2007 contempla solamente 7 mil millones de pesos de recursos fiscales entre FONHAPO y CONAVI para la aplicación de subsidios dirigidos a la oferta de vivienda para dar el enganche de un crédito en UDIS a pagar durante 25 años. Es decir la deuda se incrementaría por encima de la inflación.
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Aunado a lo anterior existen miles de familias en todo el país que están siendo víctimas del terrorismo jurídico del INFONAVIT y otras instancias federales a través de despachos particulares, con el objeto de despojarlas de su patrimonio y venderlo nuevamente, y así concretar lo que se denomina acumulación de riqueza por despojo. Muchas familias ya han sido desalojadas de su vivienda y muchas más enfrentan demandas judiciales. Sólo para este año el INFONAVIT contempla recuperar 110 mil viviendas.
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Por ello se considera urgente el establecimiento de una estrategia de defensa jurídica efectiva que dé apoyo y certeza a estos núcleos habitacionales, así como la inaplazable reforma a las diversas leyes y ordenamientos en la materia que logren una transformación a fondo del actual esquema financiero. Sólo así se podrá apuntalar el establecimiento de un Estado de Bienestar en el que el derecho a una vivienda digna y decorosa sea una realidad.
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Ante la gravedad de los efectos de la política habitacional del gobierno espurio, se considera necesaria una coordinación de carácter nacional que encauce las distintas problemáticas, articule los esfuerzos y pueda delinear el rumbo a seguir para hacer frente a esta voracidad financiera del régimen espurio que pretende disfrazar de política social su verdadero proyecto de acumulación por despojo y abonar a la construcción de una alternativa de vivienda popular, que concibe el derecho al hábitat como un derecho humano y no mercantil.
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Con base en lo anterior, se convoca a:
1.- Conformar el Consejo Nacional de Defensa de la Vivienda.
2.- Participar en la Segunda Convención Nacional Democrática en la que se tiene contemplado abordar esta temática dentro de la Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar. 3.- Seguir realizando foros en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de la política perversa del gobierno espurio en materia de vivienda, sino sobre todo, para llegar a propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.
Arq. Laura Itzel Castillo Juárez
1.- Conformar el Consejo Nacional de Defensa de la Vivienda.
2.- Participar en la Segunda Convención Nacional Democrática en la que se tiene contemplado abordar esta temática dentro de la Mesa de Trabajo relativa al Estado de Bienestar. 3.- Seguir realizando foros en los que se aborde esta problemática de forma abierta y colectiva, con el propósito no sólo de continuar documentando los efectos de la política perversa del gobierno espurio en materia de vivienda, sino sobre todo, para llegar a propuestas que le hagan frente de forma organizada y solidaria.
Arq. Laura Itzel Castillo Juárez
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