Armando al TLCAN: El campo de batalla para el futuro de México

Laura Carlsen | 2 de octubre de 2008
Versión original: Armoring NAFTA: The Battleground for Mexico's Future
Traducción por: Annette Ramos

En marzo del 2005, los líderes de los tres países del T ratado de L ibre C omercio de A mérica del N orte (TLCAN), el presidente de EEUU George W. Bush, el presidente mexicano Vicente Fox y el primer ministro canadiense Paul Martin se reunieron en Waco, Texas, y lanzaron una iniciativa de defensa regional llamada la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). La iniciativa, anunciada como el próximo paso en la integración regional de la agenda "TLCAN Plus", está descrita en su sitio web (http://www.spp.gov) como "una iniciativa liderada por la Casa Blanca entre los Estados Unidos y las dos naciones con quien comparte fronteras—Canadá y México—para aumentar la seguridad y realzar la prosperidad entre los tres países mediante mayor cooperación". La descripción oficial de la ASPAN añade que está "basada en el principio de que nuestra prosperidad depende de nuestra seguridad".1

En abril del 2007, en la víspera de la Cumbre Trilateral de América del Norte, Thomas Shannon, el secretario de estado asistente de EEUU para asuntos del hemisferio occidental, describió el propósito de la ASPAN con una franqueza notable: La ASPAN, declaró, "considera a América del Norte como un espacio económico compartido", el cual "tenemos que proteger" no sólo en la frontera sino "de forma más generalizada por toda América del Norte" mediante la "cooperación en la seguridad" mejorada. Añadió que: "Hasta cierto punto, estamos armando al TLCAN".2

Los mexicanos y otros latinoamericanos han aprendido que con la adopción del modelo económico neoliberal promovido por EEUU—con su desplazamiento económico y recortes sociales—viene un nivel necesario de fuerza, pero esta fue la primera vez en que un funcionario de EEUU declaró abiertamente que la seguridad regional ya no estaba enfocada en mantener a los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá y México libres del peligro, sino que ahora se trataba de proteger un modelo regional económico. Por supuesto, Shannon no enumeró la oposición política como una de las amenazas a ser contrarrestadas; simplemente postuló que un nuevo "espacio económico" necesita ser protegido en contra de "la amenaza del terrorismo y en contra de la amenaza de los desastres naturales y los desastres ambientales y ecológicos". Pero el modelo del contraterrorismo/narcóticos elaborado en la ASPAN e incorporado más tarde en el Plan México (conocido oficialmente como la Iniciativa Mérida) anima la supresión de la oposición a nivel de base para asegurase de que ninguna fuerza, ya sea doméstica o extranjera, en efecto cuestione el futuro del sistema.

Al extender el TLCAN para incluir la seguridad regional, Washington decidió—y el gobierno mexicano concedió—que la integración económica exige metas y acciones compartidas en cuanto a la seguridad. Dado el enorme desequilibrio de poder económico y político entre México y Estados Unidos, eso quiso decir que México tuvo que adoptar los objetivos de la política extranjera y la agenda de desestabilización, militarista y contraterrorista del gobierno de EEUU. El gobierno mexicano ha recibido este nuevo mandato con ambivalencia, procurando, en las palabras de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, alejarse del enfoque en la seguridad y hacia el desarrollo, mientras que al mismo tiempo se agradece la ayuda militar y policiaca ofrecida con la Iniciativa Mérida.3

Esta "seguritización" de la relación trilateral bajo el TLCAN tiene implicaciones profundas para la sociedad civil mexicana. Al avanzar la estrategia de confrontación del presidente mexicano Felipe Calderón, bloquea las avenidas para el desarrollo de las instituciones de la sociedad civil, criminaliza a la oposición, justifica la represión y restringe las libertades civiles. En esta coyuntura crítica, la transición poco firme a la democracia de México pudiera traer de vuelta el autoritarismo, con el apoyo explícito del gobierno de EEUU.

Cuando el TLCAN cobró vigencia el 1 de enero de 1994, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari lo aclamó como la entrada de México al primer mundo. A pesar de que muchas barreras comerciales ya se habían eliminado, el acuerdo—un tratado según el derecho mexicano—estableció el compromiso cabal de México a la integración económica según está definida por el Consenso de Washington. El TLCAN cementó los elementos fundamentales del neoliberalismo: un mercado abierto; una economía orientada hacia la exportación; privilegios para las corporaciones transnacionales; desvincular al estado de los programas sociales que promueven el desarrollo; competencia internacional obrera, y presión hacia abajo en los salarios y condiciones; y la mercantilización de los recursos naturales.

El acuerdo, negociado a puertas cerradas e impuesto en una sociedad desinformada, llevó al desmantelamiento de muchas de las relaciones institucionales básicas que habían unido a los mexicanos en el pasado. A pesar de que una nueva generación de regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) marcaron el comienzo del modelo neoliberal, notablemente los presidentes Salinas y Ernesto Zedillo, el modelo neoliberal atacó la base corporatista del PRI. El compacto social corporatista—administrado por el PRI mediante su sistema de compadrismo político a través de las organizaciones nacionales de campesinos, trabajadores y el sector popular urbano—empezó a desmoronarse según el mercado abstracto reemplazó al estado como la entidad responsable por mejorar el bienestar social. Las condiciones de ajuste estructural de las instituciones financieras internacionales y las reglas del TLCAN y la Organización Mundial del Comercio (OMC) redujeron la capacidad del estado para pactar relaciones de clientes con los diferentes sectores organizados de la sociedad, ya que ahora contaban con menos recursos para programas especiales de subsidio y apoyo. Los beneficios sociales que emanaban de un estado paternal empezaron a desaparecer con la dominancia creciente del mercado internacional.

Esta división en la economía entre los que participaron en el mercado y los que no añadió una exclusión estructural al problema milenario de la pobreza. Cambios en las leyes antes y después del TLCAN, y el impacto práctico del acuerdo comercial e inversionista, erosionaron la habilidad de los pobres de luchar al eliminar sus bases sociales y territoriales. Los campesinos emigraron de sus tierras, en cuanto muchas de ellas fueron privatizadas y según disminuyeron los precios de los víveres con la entrada de importaciones agrícolas baratas. Los trabajadores fueron forzados a formar parte de la economía informal atomizada e insegura según las empresas pequeñas y medianas cerraron sus puertas.

En las relaciones internacionales, el TLCAN dio lugar a una dependencia política y económica a un nivel no visto desde el colonialismo español, con más del 85 % de las exportaciones y la mayoría de las importaciones orientadas al mercado de EEUU. Esta forma de integración dependiente y neoliberal entre un superpoder y un país en vías de desarrollo era de esperar que causara algunos conflictos y también inevitablemente dominara el ámbito político. El gobierno mexicano, especialmente bajo las administraciones del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), respondió a esta dependencia protegiendo intereses "americanizados", sacrificando la doctrina de neutralidad histórica de México, y dejando a un lado asuntos que causan fricción con el gobierno Bush, más notablemente el apoyo de Cuba y la regularización de la migración a los Estados Unidos—aunque vale la pena hacer hincapié en que ni siquiera Fox pudo tragarse la píldora de la invasión de Iraq.

El modelo del TLCAN ejerció presión política significativa en México en la esfera internacional para que se acatara a las posturas de EEUU. Pero más devastador ha sido lo que ha hecho en el ámbito nacional. El acuerdo presentado constituyó una amenaza grave a los conceptos tradicionales de soberanía nacional y a poder volver a hilvanar una tela social ya deshilachada. El TLCAN dictó una estrategia de hundirse o salir a flote en que se empujó a México a la economía mundial, lo cual llevó a la desintegración de muchas organizaciones del sector social. Los pocos que rehusaron nadar, o incluso meterse en el agua, fueron forzados a los márgenes de la vida política y económica.

Las reglas en contra de la intervención del gobierno hicieron muy difícil que el gobierno negociara soluciones a las demandas populares como lo habría hecho en el pasado. La ideología de los políticos neoliberales de que "el mercado lo arregla todo" impidió intentos de ayudar a los actores económicos a negociar exitosamente la transición a un marco más competitivo o de compensar a los "perdedores" en las nuevas guerras económicas. La migración se vio transformada de una válvula de escape temporal o cíclica al motor de muchas economías locales; familias, junto con comunidades y organizaciones regionales, se fracturaron.

Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se alzó el 1 de enero, 1994, los rebeldes protestaron la exclusión social y la marginalización de los pueblos indígenas y los pobres, una exclusión que más tarde sería exacerbada por el acuerdo. Los movimientos sociales desde entonces han trazado las líneas de la batalla. Han ocurrido movilizaciones en contra de la privatización, llamadas para programas nacionales que reconozcan y apoyen las contribuciones de los sectores "no competitivos", defensa de los derechos de los indígenas y el poder de tomar decisiones con respecto a territorios ancestrales, y demandas para una democracia inclusiva. A pesar de que estos movimientos mayormente carecen de una estructura de organización permanente y sólida y tienden a unirse con respecto a asuntos específicos en momentos específicos, todos juntos constituyen un reto fundamental al modelo del TLCAN y un curso alternativo para la nación.

No es de sorprender, entonces, que los promotores del TLCAN creyeron necesario salvaguardar al acuerdo de ataques potenciales. Según se demuestra en el comentario del Secretario Asistente Shannon acerca de "armar al TLCAN", los tres gobiernos de América del Norte han determinado que es necesario inventar un mecanismo para proteger su "espacio económico compartido": la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad. A pesar de que algunos de los grupos de trabajo de ASPAN han tocado los temas de los desastres naturales y asuntos de salud como la influenza aviaria, el énfasis de la "alianza" consiste en proteger propiedad en vez de a personas. Inexplicablemente, no se considera que ni la "seguridad" ni la "prosperidad" incluye a los problemas de la malnutrición, la mortalidad infantil, u otros asuntos de seguridad humana críticos para México.

Aparte de las dudas substanciales con respecto a su eficacia, estos programas también dan lugar a interrogantes serios acerca de la soberanía nacional y las prioridades nacionales. Simplemente hay pocas razones para creer que la seguridad de EEUU es sinónimo a un plan de seguridad estratégico para México. En general, nadie negaría que luchar en contra del terrorismo internacional y la delincuencia organizada requiere el uso de mecanismos de cooperación global, compartir inteligencia y acciones coordinadas. Pero estos mecanismos tienen que desarrollarse en el contexto de la agenda de seguridad nacional de cada país y definirse mediante la confluencia de prioridades particulares.

La ASPAN nació después del 11 de septiembre y refleja las prioridades de la agenda en contra del terrorismo de Bush. Para México, estas prioridades son costosas y políticamente amenazantes. México históricamente se ha mostrado reticente a permitirles a agentes de EEUU operar en su territorio debido a una historia en que Estados Unidos en sí ha representado la amenaza más grande a su seguridad nacional. Dada la carencia de amenazas del terrorismo internacional en el país, la guerra en contra del terrorismo no es una prioridad para la seguridad.

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