El cerco gubernamental contra los defensores de derechos humanos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

23 de marzo de 2009

En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos y comprometemos en la promoción, la defensa y el disfrute de los derechos humanos de la población más desprotegida del estado, en esa medida los defensores y defensoras, empezamos a experimentar la animadversión y el golpeteo de las autoridades que no están dispuestas a cumplir con su responsabilidad primordial de proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Esta actitud hostil se expresa en la desatención a nuestros planteamientos, en ignorar nuestro trabajo, descalificarnos y criminalizarnos.

La mayoría de las autoridades estatales y municipales actúan con prepotencia y con un sentimiento revanchista ante los planteamientos que hacemos en torno a casos de violaciones a derechos humanos. Piensan en automático que nuestras intervenciones, están motivadas por intereses partidistas. No conciben que nuestro trabajo esté inspirado en una causa universal que está más allá de interese económicos y políticos, por el contrario se nos denigra y se forjan concepciones erróneas sobre lo que hacemos, como el hecho de catalogarnos como defensores de delincuentes, como lucradores sociales, protectores de la delincuencia organizada y como parapetos de organizaciones guerrilleras. Todos estas visiones se construyen dentro de las esferas de un poder omnímodo e impune, que no tolera el trabajo de los defensores de derechos humanos y mucho menos acepta que las organizaciones civiles hagamos públicas sus actuaciones ilegales y que actúen con transparencia y honestidad.

Este trabajo a pesar des estar respaldado por la ONU, es una actividad de alto riesgo en nuestro país y en nuestro estado. La crispación política que vivimos, el ambiente de inseguridad, la narcoviolencia y la militarización, son indicadores alarmantes de un retorno a la época más oscura y siniestra que se tienen memoria, como la guerra sucia. Más allá de las formalidades y los discursos plagados de verborrea democrática, la realidad es que la alternancia política no ha significado una transformación de las estructuras gansteriles del poder, mucho menos un desmantelamiento del autoritarismo político y de todo su aparato represor.

La libertad económica promovida por el neoliberalismo, es la libertad que restringe los derechos y las libertades ciudadanas. La libertad económica requiere leyes que protejan los grandes intereses financieros y de una clase política dócil y alineada al paradigma del libre mercado. Lo más importante para este modelo político es contar con un aparato represivo que contenga el malestar de la sociedad.

La falta de legitimidad de las autoridades y sobretodo la implantación de políticas públicas contrarias a los intereses de la población mayoritariamente pobre, nos ha colocado en una situación de confrontación permanente, por la lucha de intereses de clase antagónicos, que hacen imposible la solución pacifica de los conflictos, debido a que las ambicione del gran capital nunca van a coincidir con las aspiraciones legitimas de la clase trabajadora. En este contexto donde la tendencia unipolar del sistema neoliberal quiere seguir dominando y sometiendo a las mayorías empobrecidas, hacen inviables los principios democráticos de justicia, igualdad, equidad, libertad y solidaridad entre todos los pueblos.

Ante la imposibilidad de cumplir con estas demandas, los gobiernos han recurrido al uso del ejército mexicano para que puedan suplantarlos ante la debilidad política de las autoridades civiles. Esta situación permite que tanto el ejército como las fuerzas policiacas vuelvan por sus fueros para imponer la ley del terror, como sucedió en la guerra sucia, una época que muchos creíamos difícil de reeditar en tiempos de la derecha empresarial.

Los autores de la represión al quedar impunes vuelven a recobrar fuerza y a levantar vuelo para continuar con sus tareas clandestinas de hacer el trabajo sucio contra los que luchan por la transformación de las instituciones.

A Los ciudadanos nos toca padecer las formas de cómo ejercen el poder las autoridades y soportar a una burocracia que se ha enquistado dentro de instituciones obsoletas. ¿Qué institución pública se hace eco del sentir ciudadano y es capaz de atender y resolver sus demandas legitimas? ¿Hay alguna institución gubernamental que experimente que la ciudadanía esté dispuesta a defenderla porque sabe que vela por sus intereses? ¿Qué dependencia pública puede ufanarse de que cuenta con el respaldo y la confianza de la población?

El desencanto ciudadano radica en la traición que la clase gobernante le propinó al movimiento social que lo cooptó, lo dividió y lo intenta someter y desmantelar. La nueva muralla de la nueva clase política en estos tiempos de crisis, también le ha sabido abrir las puertas a la delincuencia de cuello blanco y a todas las manifestaciones del crimen organizado, que alimenta los negocios de la economía criminal. Estas fuerzas oscuras son parte orgánica de un sistema político que lucra con el tema de la transición política y vive de las rentas que le deja la corrupción y la impunidad. En esta telaraña de intereses inconfesables donde se desdibujan los grandes anhelos de la sociedad que se organiza desde abajo, los luchadores sociales o los defensores y defensoras de derechos humanos, apareceremos como disruptores del status quo y como actores incómodos para los mercenarios de la política.

En la región de Ayutla se expresa con mayor nitidez la estrategia gubernamental de amenazar, perseguir, torturar, detener, desaparecer y ejecutar a defensores indígenas, que en medio de su pobreza han sabido organizarse para defender sus derechos. Son ellos los que aparecen en la línea de fuego, los que han sufrido torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales como las de El Charco y las de Raúl Lucas y Manuel Ponce, violaciones sexuales como las de Inés y Valentina; esterilizaciones forzadas; también sufren amenazas de muerte como las que enfrenta desde hace seis años Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez; son víctimas de la fabricación de delitos, como los casos de Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, Manuel Cruz y Raúl Hernández, los cinco presos de conciencia de la OPIM, que el pasado 19 de marzo, 4 de ellos alcanzaron su libertad.

La libertad de los 4 Me phaa es una conquista más del movimiento de los derechos humanos en Guerrero, pero por desgracia esto ha generado reacciones contrarias en el mismo gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justica, al seguir enviando mensajes amenazantes de que no cejará en su intención de criminalizar a los indígenas que fueron declarados inocentes. Coincidentemente los grupos de poder en la región de Ayutla que se encargaron de fabricar estos delitos, volvieron a reactivar sus métodos delincuenciales, difundiendo en la comunidad de El Camalote, que la libertad de los cuatro compañeros la pagaran con su vida. A la compañera Obtilia le volvieron a enviar varios mensajes a su celular para recordarle que en cualquier momento le va a pasar algo, como sucedió con Raúl y Manuel.

Este ambiente hostil contra los defensores y defensoras de derechos humanos es propiciado por las mismas autoridades estatales y municipales que no reconocen y más bien criminalizan y atacan todos nuestros esfuerzos para que la justicia sea una realidad en la Montaña de los olvidados. Las visiones reduccionistas y cargadas de animadversión de la clase política y los cuerpos de seguridad, así como la indiferencia, la falta investigaciones sobre las amenazas a defensores son mensajes claros desde las altas esferas del poder de no reconocer y respetar nuestro trabajo como defensores.

En Guerrero vemos cómo las autoridades se colocan en la trinchera contraria de los defensores de derechos humanos y se empeñan en denostarnos desde diferentes frentes para acallar nuestras voces, para contener por la fuerza nuestras luchas y por ende, para que claudiquemos por la causa de los derechos de los indígenas y campesinos. En estas circunstancias difíciles vemos muy lejos a las autoridades para que asuman con gran responsabilidad su compromiso de garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Falta voluntad política para desmantelar todo el tinglado de intereses políticos y económicos oscuros que prefieren hacer la guerra los indígenas en lugar de que llegue la justicie y la paz donde reina la muerte, la violencia, la pobreza y la impunidad.