Lucran con la inseguridad quienes abren el falso
debate sobre la pena de muerte.
Centro  Agustín Pro

En el marco de los foros convocados por algunas fracciones de
legisladores, defensores y defensoras de derechos humanos fijan su
postura.
• La pena capital no contribuye a abatir la criminalidad, sino que
genera graves atropellos contra los derechos humanos de las personas.
• Casos como el de Jacinta Francisco Marcial muestran los riesgos
implícitos en incrementar y endurecer las penas en un sistema de
justicia inequitativo.

En el marco del llamado “Foro sobre la pena de muerte”, que se
inaugura el día de hoy en la Cámara de Diputados a convocatoria de
algunos legisladores, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez reitera que la pena capital es inviable en el contexto
mexicano y que, por tanto, lucran con la inseguridad quienes pese
a ello promueven esta medida.

La pena de muerte es incompatible con la existencia de un Estado
de Derecho donde se respeta la dignidad humana. Se trata de una
pena con consecuencias irreparables que niega en sí misma los
derechos humanos. A causa de ello, el Estado mexicano se adhirió
el 26 de septiembre de 2007 al Segundo Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a
abolir la pena de muerte.

Por otra parte, no hay evidencia alguna que indique que la pena de
muerte contribuye a abatir los índices delictivos: lo que
desincentiva la criminalidad es la certeza de que a la comisión de
una conducta ilícita le seguira una sanción y no, como se pretende,
la gravedad o la dureza de la pena.

Como defensoras y defensores de derechos humanos hemos constatado
que persiste en el país una violación sistemática de los estándares
mínimos del debido proceso legal: en México sigue siendo una
realidad la imposición de sanciones penales a personas inocentes,
a consecuencia de un sistema de justicia que impide la defensa en
condiciones de igualdad frente a la acusación. En estas
circunstancias, regresar a la pena de muerte pondría en riesgo a
quienes con más frecuencia quedan a merced del inequitativo sistema
de justicia vigente: personas que por su identidad de género,
adscripción étnica o condición social viven en la exclusión.

El caso de Jacinta Francisco Marcial es prueba de lo anterior.
Como este Centro ha denunciado, hace tres años en Santiago
Mexquititlán, Querétaro, algunos tianguistas protestaron tras un
buso de autoridad. La respuesta del Estado no se hizo esperar:
tres mujeres indígenas ñha-ñhús (otomíes) fueron acusadas
injustamente por el delito de secuestro contra seis agentes
federales de investigación; a la postre, se les condenó a más de
veinte años de prisión.


De las muchas violaciones a los derechos humanos que en el caso de
Jacinta se materializan, es importante destacar que pone de
manifiesto los riesgos de seguir endureciendo y agravando las penas
de los delitos que hoy en día generan mayor repudio social, como el
secuestro. Sin juicios justos y con el uso desviado de la justicia
que hoy prevalece, esas penas recaerían en personas inocentes. Si se
impusiera la pena de muerte o la cadena perpetua a los “secuestradores”
como pretenden quienes demagógicamente medran con la inseguridad,
personas como Jacinta podrían llegar a enfrentar -injustamente-
esas aberrantes sanciones.

Una vez más, el Centro Prodh reitera que frente a la inseguridad no
cabe exigir la renuncia a derechos humanos sino que, por el
contrario, es la seguridad de los derechos la única compatible con
un Estado democrático de derecho. Hoy por hoy, siendo política y
jurídicamente inviable la pena de muerte, es claro que buscan lucrar con la inseguridad quienes hacen de ella
bandera electoral.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos