Personas y derechos pisoteados

Difusión Cencos México D.F., 10 de diciembre de 2009

Pronunciamiento

OSC del estado de Guerrero

A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos;

La experiencia más decepcionante que tenemos los ciudadanos de este nuevo milenio es que los gobiernos se han especializado en firmar leyes y declaraciones, como una práctica denigrante porque han aprehendido la diplomacia del engaño y la mera simulación. El Estado mexicano ha firmado la mayoría de las Declaraciones y Tratados en materia de derechos humanos para construirse una imagen falaz frente la comunidad internacional. Pretende erigirse en adalid de los derechos humanos en el plano internacional. En los últimos años aprovechándose de la alternancia política que se vivió en el país, vendió como una mercancía más el tema de los derechos humanos.

A nivel interno el panorama es sombrío, la pobreza extrema en varias regiones del estado de guerrero es escandalosa, al grado que los municipios de la Montaña de Guerrero se encuentran en los niveles más ínfimos de la pobreza en el mundo. La desigualdad es abismal entre el municipio de Cochoapa el Grande y la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal y el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León. En estos dos polos el Gobierno mexicano ha sido ineficiente para respetar, proteger, y salvaguardar los derechos de la población. Los pobres mueren de hambre esclavizados por la siembra de enervantes, y los ricos siguen siendo los únicos beneficiarios de una delincuencia organizada galopante. En los hechos vivimos en una democracia fallida a causa de un sistema de gobierno empecinado en privatizar los recursos estratégicos del país y en cancelar las grandes conquistas alcanzadas por las luchas revolucionarias de los pobres de este país. El legado zapatista, está siendo suplantado por el mesianismo de las trasnacionales, que le declara la guerra a los herederos de la lucha de Zapata con el apoyo de gobiernos espurios que utilizan al Ejército y la policía para imponer megaproyectos en las zonas del país donde habitan los pueblos indígenas.

El Ejército mexicano que se forjó con la gesta revolucionaria, ha sido utilizado por los gobiernos anticampesinistas para defender los intereses de las élites políticas y económicas. Lo han entrenado para atacar a su propio pueblo y se han olvidado de los enemigos invasores que atentan contra la soberanía nacional. Hoy el Ejército además de transformarlo en guardián del capital trasnacional lo han volcado para declararles la guerra a los pueblos pobres que se organizan para defender sus derechos. La “guerra” contra el narcotráfico es una nueva coartada diseñada por los países poderosos para imponer el nuevo modelo de seguridad hemisférica, donde los ejércitos de los países pobres son simples súbditos y guardianes del generalato capitalista.

Los estragos de esta militarización en nuestro estado se remontan a la guerra sucia, donde el clamor de la justicia sigue sin encontrar descanso por la complicidad de los gobiernos de mantener en la impunidad los delitos de lesa humanidad. Gracias al valor y a la lucha generosa de Tita Radilla el Ejército mexicano está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en breve dictará sentencia, sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La justicia del pasado es uno de los temas pendientes de este gobierno que tiene la obligación de cumplirle a los centenares de víctimas a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

En Guerrero se sigue reeditando la etapa sombría de la guerra sucia, porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados. Su misión fue desterrar cualquier vestigio de inconformidad social que interpelara a los gobiernos caciquiles. Hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de guerrero sigue siendo para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes actuando con brutalidad para masacrar a 11 indígenas mixtecos de la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998. Esta escalada bélica continuó en la región de Ayutla, con los casos de violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y con el cerco y hostigamiento permanente a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades civiles han cedido su lugar para que el Ejército se erija como la única fuerza represiva especializada para enfrentar y destruir al enemigo. Estos operativos implementados por los militares han tenido como saldo casos de desaparecidos que ha dado origen a la conformación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que se han dado a la tarea de exigir justicia y reparación, a costa de su seguridad y de los altos riesgos que esta lucha implica. Aunado a esto, existe un alto número de violaciones a los derechos humanos que han sido documentados por los organismos públicos y civiles. Todos estos casos permanecen en la impunidad por la existencia del fuero militar, que es expansivo, parcial y violatorio a los estándares internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones sociales y civiles que hemos documentado graves violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable, enfrentamos, no solamente una campaña de desprestigio sobre nuestro trabajo como defensoras y defensores, sino que padecemos la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar nuestro trabajo, amordazar nuestras denuncias, y violentar el derecho a defender los derechos y a ejercer a plenitud la libertad de expresión.

Ante la falta de garantías por parte del gobierno del estado para ejercer nuestro trabajo, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales que en el mes de mayo otorgó a 107 defensores y defensoras ante los riesgos graves e inminentes que vivimos en nuestra entidad y que trágicamente se materializaron con la muerte de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; otro delito de lesa humanidad que sigue sin esclarecerse.

En una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del 2008, se presentaron 201 casos de defensores sujetos a procesos penales a causa de su lucha social. Esta criminalización ha propiciado la fabricación de delitos por parte de los órganos que procuran justicia, como los casos de la OPIM donde fueron detenidos cinco de sus miembros, quedando en prisión Raúl Hernández Abundio, actualmente es el único preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, aunque hay muchos otros no reconocidos, que sigue sin alcanzar su libertad a causa del uso faccioso del sistema de justica que padecemos en Guerrero. Por otra parte, el indígena amuzgo David Valtierra ha sido sujeto a dos procesos penales a causa de su compromiso inclaudicable por la promoción y defensa de los derechos y la cultura de su pueblo. Se le ha criminalizado por ser un promotor incansable en la construcción del proyecto de la Radio Ñomndaa que tiene como único propósito darle voz a los indígenas amuzgos que han sido silenciados por los gobiernos caciquiles.

Los pueblos indígenas no sólo viven en el abandono y enfrentan procesos penales amañados, sino que también los gobiernos los han sumido en una lucha fratricida centrado en la defensa de sus territorios como consecuencia de políticas anticampesinas que siempre los han tratado como clientelas cautivas y como objetos de manipulación política, negándoles el derecho a reconocerlos como sujetos políticos capaces de construir su propio desarrollo. La alta conflictividad agraria que se vive en la Montaña de Guerrero demuestra el fracaso de los programas privatizadores del campo y el mal manejo en el tratamiento apropiado de los conflictos por la tierra. Esta violencia les niega a los pueblos indígenas construir su futuro en paz tejiendo la solidaridad con los demás pueblos que son parte de la gran hermandad étnica de México.

Las organizaciones firmantes exigimos:

• A los gobiernos que cumpla con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y a un medio ambiente sano.

• La presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia.

• Que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a favor de las víctimas y sus familiares, el derecho a la verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado.

• El cese a la militarización en las regiones indígenas como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

• Que el Estado atienda las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la restricción del fuero militar.

• Alto a la criminalización de la lucha social y respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas.

• Que el Estado atienda las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores, en el año 2006.

• Libertad a los presos políticos Raúl Hernández Abundio, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.

• La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

• Cumplimiento del proceso de sentencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido desde la época de la Guerra Sucia en GuerreroQue se investigue y sanciones a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

• Alto a la privatización del campo y los recursos naturales pues provocan un ecocidio de terribles consecuencias como en el caso del complejo turístico Punta del Mar en Zihuatanejo, retiro del espigón de Puerto Mío, conservación de la Laguna de las Salinas cómo área natural protegida, alto a los asentamientos humanos en la periferia; alto a las concesiones otorgadas con corrupción a muelles de empresas particulares en Playa Icacos en Acapulco.

• A las autoridades una atención integral y responsable para solucionar de fondo la conflictividad agraria que enfrentan por varias décadas los pueblos indígenas y campesinos.

• Una investigación y castigo a los responsables de las desapariciones, secuestros y asesinatos en Guerrero.

• Cese a la persecución al defensor de los derechos del pueblo amuzgo David Valtierra.

• Respeto al derecho de los pueblos indígenas a poseer sus propios medios de comunicación como el caso de la Radio Ñomndaa.

• Respeto a la autonomía sindical, cumplimiento de los derechos laborales y solución a la huelga de los mineros de la Sección 17 del Sindicato Minero con sede en Taxco de Alarcón.

• Respeto a las decisiones de los comuneros de Cacahuatepec y reconocimiento de sus autoridades agrarias electas el 15 de marzo del 2009, encabezadas por su Presidente del Consejo de Administración Nemecio Valeriano Moreno.

• Justicia y respeto irrestricto a los derechos humanos en las comunidades de la Sierra, prisión preventiva para los asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos y que se extiendan las medidas cautelares al campesino ecologista Javier Torres Cruz y su familia de la comunidad de la Morena, municipio de Petatlán, así como que se de cauce a la denuncia presentada por él, en contra de Rogaciano Alva Alvarez como autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.

• Cumplimiento a los acuerdos pactados con el magisterio y la aplicación de una propuesta alternativa de educación diferente a la ACE.

• Respeto a la autonomía de los pueblos Indígenas y campesinos, facilitando: el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, la preservación de sus tradiciones culturales, la aplicación de los usos y costumbres en el nombramiento de sus autoridades, y los mecanismos propios de seguridad pública y procuración de justicia.

Fraternalmente

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC., Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), Radio Comunitaria Ñomndaa, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Movimiento Popular Vicente Guerrero, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (AFADEM), Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón" a.c. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa, Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFPM), Asociación Civil "La Esperanza" de Iguala, Organización de Pueblos Originarios Para el Desarrollo Social, Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Sección 17 del Sindicato Minero de Taxco; Mujeres Activas A.C. de Taxco, Colectivo Libertario Aka También Resistimos Acapulco-Atoyac, Corriente Crítica de México, Red Manglar Internacional Sección Guerrero, Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”.