Derechos humanos: promesa incumplida

Luis Arriaga Valenzuela

El 10 de diciembre de 2009 se cumple un nuevo aniversario —el 61º— de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, sin embargo, el documento que expresa los más altos anhelos humanos de justicia, igualdad y libertad, continúa siendo promesa incumplida.

Lo vemos cotidianamente: en la pobreza que excluye a millones de mexicanos y mexicanas de la vida digna que postulan los derechos sociales y económicos; en el incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; en la endeble democracia que escamotea nuestros derechos políticos; y en las reiteradas prácticas que, en los ámbitos de la justicia y la seguridad, atentan contra los más elementales derechos civiles y políticos. En México, resulta en ocasiones absurdo enunciar derechos ante la falta de mecanismos eficientes para garantizarlos.

Sin que la vigencia de los derechos humanos se constriña a estos ámbitos, la justicia y la seguridad constituyen referentes muy inmediatos en el imaginario cuando se alude a la situación de los derechos. No es para menos: la labor de las autoridades supone poner en juego la fuerza pública y, con demasiada frecuencia todavía, esto conlleva en nuestro país abusos de poder y arbitrariedades.

Así lo constatamos en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al acompañar a víctimas que buscan acceder a la justicia o que, injustamente, viven la negación de sus derechos. El caso de Jacinta Francisco Marcial lo ejemplifica. Mujer indígena del pueblo hñäñho de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fue injustamente acusada de haber secuestrado a seis agentes federales. El juicio que se le siguió hizo patente que en México las instituciones penales pueden usarse con un ánimo de venganza más que de justicia y que dichas instituciones suelen ensañarse con quienes por su identidad étnica, de género o su procedencia social enfrentan procesos inequitativos de marginación y discriminación. El caso de Jacinta nos mostró que en México, los derechos humanos no son todavía una realidad para los más pobres; de ahí que haya suscitado una enorme solidaridad nacional e internacional que, a la postre, contribuyó a que fuera excarcelada.

Sin embargo, contra lo que podría pensarse, la liberación no saldó la injusticia. Y no sólo porque ella sigue esperando que se reconozca su inocencia y se le repare el daño, sino porque hoy permanecen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres de Santiago Mexquititlán que también fueron acusadas del absurdo secuestro de los prepotentes agentes de la PGR. Ambas mujeres, y la hija de Teresa, permanecen en la cárcel por haberse atrevido a reaccionar a la arbitrariedad de los AFI´s que quisieron despojarles de la mercancía en que habían invertido su patrimonio, como lo hacen millones de compatriotas que sobreviven gracias al comercio informal. Y es que aunque la PGR reconoció que la acusación contra Jacinta estaba viciada, persistió contra Teresa y Alberta al punto de exigir más de 35 años de prisión para cada una. Su caso ejemplifica la falta de equidad procesal y la ausencia del principio de presunción de inocencia contenido en artículo 11º de la Declaración Universal.

En el Centro Prodh sabemos que Teresa y Alberta no secuestraron a nadie. Por eso coadyuvamos en su defensa hoy que se cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recordamos su caso. Porque es incompatible con esa Declaración que la institución a cargo del recién designado procurador Chávez Chávez insista en mantener en prisión a dos mujeres inocentes, acusándolas de un crimen deleznable, sólo para encubrir los abusos de sus agentes; porque atentaría contra el proceso que el juez Rodolfo Pedraza Longhi usó para declarar culpables a Teresa y Alberta con pruebas endebles y viciadas. Por eso y porque anhelamos que algún día la Declaración Universal deje de ser una promesa, Teresa y Alberta deben, como Jacinta, recuperar su libertad.

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