Miguel Carbonell
¿Reforma con qué Estado y para qué democracia?
La mesa está puesta para que nuestros representantes en el Senado puedan hacer la reforma del Estado que les venimos reclamando y exigiendo desde hace años. Ni la Constitución, ni la ciudadanía, ni la economía aguantan más una situación que tiene al país sin energía, sin rumbo, sin responsabilidad de nadie en ningún momento.
El presidente Calderón hizo su parte, al enviar al Senado una iniciativa de reforma política el pasado 15 de diciembre. Su contenido es, desde luego, discutible, pero hay que reconocerle el mérito de haber enviado un texto que sirve para iniciar un diálogo serio y de altura, como la situación del país lo demanda.
Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD ya han anunciado que van a presentar sus propias propuestas. No pueden dejar de hacerlo. Por varias razones. La primera y más importante es la siguiente: la iniciativa del Presidente tiene casi como único mérito que fue escrita y presentada. Un 80% de su contenido debe ser claramente desechado por ser inviable para una democracia constitucional como la que queremos construir en México. Ante ese panorama, sería una irresponsabilidad de los principales partidos de oposición no ofrecer propuestas mucho más completas, sistemáticas y mejor argumentadas.
El Senado organizó en días pasados un foro (coauspiciado por Naciones Unidas y la UNAM), en el que se expresaron, por parte de académicos y líderes de opinión, una buena batería de argumentos alrededor de la propuesta del presidente Calderón. Fueron examinados sus méritos, sus defectos, sus omisiones. En general creo que no le fue bien a la iniciativa. Un constitucionalista de la talla de Diego Valadés no dudó en destacar la posible deriva autoritaria en que nos podríamos instalar si la reforma pasa tal como fue presentada. Tiene razón. La iniciativa de Calderón contiene verdaderos “caballos de Troya” para el sistema constitucional mexicano.
Cuestiones como las “leyes sin parlamento” o “el referéndum del pueblo contra el Congreso” deben ser cuidadosamente valoradas y, en su momento, desechadas. Lo mismo que la idea de darle iniciativa de ley a la Suprema Corte. Mientras no exista un Tribunal Constitucional en México, separado de la Corte, esa propuesta no debe en modo alguno ser aprobada.
En el fondo de todo lo anterior subyace la premisa de que debemos discutir el modelo de Estado que queremos para México y el tipo de democracia que necesitamos.
Eso nos va a permitir resolver, más adelante, cuestiones tan complejas y relevantes como la reforma laboral, la hacendaria (que va más allá de la discusión sobre los impuestos, obviamente), el modelo de desarrollo de infraestructura, la competitividad con otros países, etcétera.
Si ya hubiéramos hecho la reforma del Estado, podríamos estarnos abocando a los temas que más directamente impactan en la calidad de vida de los ciudadanos: crecimiento económico, seguridad pública, empleo, desarrollo regional, apertura de mercados, formación profesional, calidad educativa, régimen digno de jubilación, derechos para todos, autonomía vital y reproductiva, etcétera.
La agenda del país sigue y seguirá atorada mientras no podamos definir con certeza y con inteligencia el modelo de Estado que queremos y la democracia que lo hará posible. De ahí la importancia del debate parlamentario que en pocos días arrancará formalmente en el Senado. Ahí es donde podremos observar si hay en México hombres y mujeres que puedan estar a la altura del reto. Sabremos a ciencia cierta si tenemos estadistas entre nosotros o si debemos seguir atados a la pequeña política de cada día, la que no es capaz de leer correctamente el presente, ni pensar en la construcción del país del futuro.
Ahora bien, tampoco podemos pasar por ingenuos. La reforma del Estado es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de los políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos tenemos también una responsabilidad. Se trata de definir la forma en que queremos que trabajen quienes nos gobiernan. El objetivo final es robustecer el proceso de asentamiento y maduración de una democracia como la mexicana que todavía es sumamente frágil.
Hagamos de la reforma del Estado una oportunidad para sumar y no para dividir, un espacio de diálogo para la generosidad y la imaginación, no para la mezquindad y el cálculo cortoplacista. Depende de todos el que comience a sonar, de una vez y para siempre, la hora de la ciudadanía. Necesitamos políticos que nos ayuden a escribir el México del futuro. Necesitamos ciudadanos de tiempo completo que aporten, debatan y argumenten. Necesitamos volver a la política con mayúsculas. No nos demoremos.
El presidente Calderón hizo su parte, al enviar al Senado una iniciativa de reforma política el pasado 15 de diciembre. Su contenido es, desde luego, discutible, pero hay que reconocerle el mérito de haber enviado un texto que sirve para iniciar un diálogo serio y de altura, como la situación del país lo demanda.
Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD ya han anunciado que van a presentar sus propias propuestas. No pueden dejar de hacerlo. Por varias razones. La primera y más importante es la siguiente: la iniciativa del Presidente tiene casi como único mérito que fue escrita y presentada. Un 80% de su contenido debe ser claramente desechado por ser inviable para una democracia constitucional como la que queremos construir en México. Ante ese panorama, sería una irresponsabilidad de los principales partidos de oposición no ofrecer propuestas mucho más completas, sistemáticas y mejor argumentadas.
El Senado organizó en días pasados un foro (coauspiciado por Naciones Unidas y la UNAM), en el que se expresaron, por parte de académicos y líderes de opinión, una buena batería de argumentos alrededor de la propuesta del presidente Calderón. Fueron examinados sus méritos, sus defectos, sus omisiones. En general creo que no le fue bien a la iniciativa. Un constitucionalista de la talla de Diego Valadés no dudó en destacar la posible deriva autoritaria en que nos podríamos instalar si la reforma pasa tal como fue presentada. Tiene razón. La iniciativa de Calderón contiene verdaderos “caballos de Troya” para el sistema constitucional mexicano.
Cuestiones como las “leyes sin parlamento” o “el referéndum del pueblo contra el Congreso” deben ser cuidadosamente valoradas y, en su momento, desechadas. Lo mismo que la idea de darle iniciativa de ley a la Suprema Corte. Mientras no exista un Tribunal Constitucional en México, separado de la Corte, esa propuesta no debe en modo alguno ser aprobada.
En el fondo de todo lo anterior subyace la premisa de que debemos discutir el modelo de Estado que queremos para México y el tipo de democracia que necesitamos.
Eso nos va a permitir resolver, más adelante, cuestiones tan complejas y relevantes como la reforma laboral, la hacendaria (que va más allá de la discusión sobre los impuestos, obviamente), el modelo de desarrollo de infraestructura, la competitividad con otros países, etcétera.
Si ya hubiéramos hecho la reforma del Estado, podríamos estarnos abocando a los temas que más directamente impactan en la calidad de vida de los ciudadanos: crecimiento económico, seguridad pública, empleo, desarrollo regional, apertura de mercados, formación profesional, calidad educativa, régimen digno de jubilación, derechos para todos, autonomía vital y reproductiva, etcétera.
La agenda del país sigue y seguirá atorada mientras no podamos definir con certeza y con inteligencia el modelo de Estado que queremos y la democracia que lo hará posible. De ahí la importancia del debate parlamentario que en pocos días arrancará formalmente en el Senado. Ahí es donde podremos observar si hay en México hombres y mujeres que puedan estar a la altura del reto. Sabremos a ciencia cierta si tenemos estadistas entre nosotros o si debemos seguir atados a la pequeña política de cada día, la que no es capaz de leer correctamente el presente, ni pensar en la construcción del país del futuro.
Ahora bien, tampoco podemos pasar por ingenuos. La reforma del Estado es un tema demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de los políticos. La sociedad civil, los medios de comunicación y los académicos tenemos también una responsabilidad. Se trata de definir la forma en que queremos que trabajen quienes nos gobiernan. El objetivo final es robustecer el proceso de asentamiento y maduración de una democracia como la mexicana que todavía es sumamente frágil.
Hagamos de la reforma del Estado una oportunidad para sumar y no para dividir, un espacio de diálogo para la generosidad y la imaginación, no para la mezquindad y el cálculo cortoplacista. Depende de todos el que comience a sonar, de una vez y para siempre, la hora de la ciudadanía. Necesitamos políticos que nos ayuden a escribir el México del futuro. Necesitamos ciudadanos de tiempo completo que aporten, debatan y argumenten. Necesitamos volver a la política con mayúsculas. No nos demoremos.
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