Sobre la Reforma Política de Calderón

Más poder a la ciudadanía

Marta Lamas

MÉXICO, D.F., 27 de enero.- La “reforma política” anunciada por Calderón se publicita como dirigida a otorgarnos más poder a los ciudadanos. Aceptando, sin conceder, que dicha reforma tenga el objetivo de mejorar la deficitaria democracia que vivimos, desde mi perspectiva de activista me impresiona que no mencione siquiera un asunto fundamental para lograrlo. O sea, encuentro que la aspiración de cerrar la brecha entre el poder y la ciudadanía no va acompañada al menos de un señalamiento sobre los cauces que hay que abrir para ello. ¿Cómo va la ciudadanía a participar en el proceso de asignación del presupuesto del Estado si no es mediante una deliberación pública? Si no se concibe la necesidad de espacios para la expresión pública es porque seguramente se piensa que nos expresaremos por medio de nuestros representantes legislativos. ¡Pero si justamente no nos representan!

Aunque probablemente algunas personas agradecerán la figura de las candidaturas independientes, creo sin embargo que la mayoría de los ciudadanos no queremos ocupar puestos políticos, sino que deseamos que los temas que nos importan se incluyan en serio en las prioridades gubernamentales. Por eso quienes compartimos problemas, inquietudes y aspiraciones buscamos reunirnos en los llamados grupos de interés, también conocidos como organizaciones no gubernamentales (ONG) o asociaciones civiles sin fines de lucro.

En México no todas las variadas asociaciones ciudadanas (feministas, ecologistas, etcétera) realizan diagnósticos, propuestas y proyectos con sentido social: hay algunos grupos que funcionan como negocios y otros que se han vuelto instancias de las empresas para evadir impuestos. Sin embargo, la gran mayoría está comprometida con su causa, y sus intervenciones políticas enriquecen significativamente la dinámica democrática. Esta forma de participación ciudadana, considerada como un “circuito secundario” de la política, resuelve el problema de disponer de tiempo para hacer política y de conciliar el activismo con un indispensable salario. Quienes actuamos desde las ONG somos análogos a los “profesionales” de los partidos políticos, con la sustantiva diferencia de que nuestra posibilidad de hacer política depende en gran medida de los donativos. Phillipe Schmitter ha planteado que hay que dar un estatuto semipúblico a las asociaciones ciudadanas y otorgarles acceso a financiamiento público, pues de esta manera se fortalece la capacidad de los grupos organizados, se amplía la participación política y se potencian los rendimientos del sistema democrático. Eso sí, hay que establecer reglas claras y exigirnos a las asociaciones normas de conducta y responsabilidad preestablecidas si deseamos ser certificadas como candidatas a recibir apoyo.

Si el objetivo de esta reforma política es fortalecer la democracia cerrando la brecha entre la ciudadanía y el poder político, ¿cómo potenciar la labor de estos ciudadanos organizados? La participación ciudadana a través de grupos de interés es un importante espacio suplementario de la representación política, pero para que funcione realmente bien se requiere que los ciudadanos cuenten con espacios de expresión y de debate en los medios de comunicación masiva. ¿Cómo difundir nuestras demandas, propuestas y críticas sin televisión pública y sin radios ciudadanas? ¿Qué tipo de discusión pública podremos tener con la situación tal como está?

Es un hecho que, pese a la retórica sobre la importancia de la democracia, en nuestro país la política se aleja cada vez más de la ciudadanía. Lo que vemos es un espectáculo donde los poderes fácticos manejan al país a su antojo. Los ciudadanos somos tratados como “clientes” por la clase política, y el abuso de quienes tienen el poder es nuestro pan de cada día. Personas de todas las tendencias claman por un “saneamiento” de la política, y todas coinciden en que para lograrlo es indispensable una mayor (¡y mejor!) participación ciudadana. Si el supuesto sobre el que se asienta esta reforma política es que el proceso democrático requiere nuevos mecanismos y herramientas políticos para lograr un escenario de mayor eficacia y responsabilidad, ¿cómo es posible que ni se mencione la creación de espacios de deliberación pública ni el acceso a los medios de comunicación masiva?

Es loable tratar de diseñar un nuevo escenario democrático. Pero una reforma política de verdad requiere nuevas fuentes de expansión de lo público que obliguen al poder gubernamental y a los poderes fácticos a escuchar, dialogar y discutir con los grupos ciudadanos que no comparten su perspectiva política. El debate público, por muy difícil y cansado que resulte, instaura una lógica democrática y promueve prácticas sociales críticas, como el respeto a la diversidad, que son fundamentales para la vida democrática que deseamos. Además, y esto es principalísimo, ventilar públicamente diferencias combate esa forma de censura que ciertos empresarios han estado ejerciendo en la televisión y que consiste en amenazar con retirar su publicidad si se tocan ciertos temas con los cuales discrepan. Por todo esto, una reforma política que no alude a estas cuestiones nodales no me genera confianza.