Si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.Veamos porqué. En los últimos meses de la administración federal del malogrado Vicente Fox, el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en contra de varios miembros de la familia yucateca Patron Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, por los delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos cuando este último se desempeñó como gobernador de Yucatán.
A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos, en pesos y en dólares, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es que se haga justicia y utiliza los órganos judiciales y de investigación para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.
El siguiente procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora
Icaza, revisó la acusación penal de la SHCP en contra de un compañero del gabinete calderonista y para encubrirlo decidió darle carpetazo al asunto y desaparecer el expediente que contenía las evidencias de la relación de la familia Patrón Laviada con el crimen organizado.
Medina-Mora no hacía otra cosa más que seguir las instrucciones de Los Pinos para evitar llevar a juicio al líder de la familia Patrón Laviada, quien además de ser amigo de Calderón es el titular de la Profepa.
Lejos de buscar impartir justicia y velar por los intereses de los mexicanos, como es responsabilidad del abogado general de la nación, Medina-Mora se limitó a cumplir las órdenes de la Presidencia de encubrir y proteger a los panistas que cometan actos de corrupción y sólo actuar en contra de políticos y funcionarios opositores al partido en el poder.
Esto explica, sin duda, porqué el encono del gobierno federal en contra de los alcaldes perredistas de Michoacán o el encarcelamiento de Gregorio Sánchez, aquel que soñaba con ser gobernador de Quintana Roo y terminó en un penal de máxima seguridad por sus vínculos con bandas del narcotráfico.
Después de esa pésima administración de Eduardo Medina Mora, lo sustituye el tímido procurador Arturo Chávez Chávez, quien ha claudicado y ha preferido delegarle todas sus responsabilidades y funciones a las fuerzas armadas, es decir al ejercito y a la marina, dada la enorme corrupción y complicidad en que están metidos la mayoría de los servidores públicos de la PGR.
La semana pasada, Chávez Chávez tuvo que acudir a comisiones de la Cámara de Diputados para rendir cuentas de su pésima actuación. Ante legisladores de todos los partidos, el procurador se vio obligado a responder los duros señalamientos del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, y ahí se comprometió a actuar en contra de la familia Patrón Laviada si hay alguna denuncia penal en su contra. La cual se dio a conocer en Oficio de papel en entregas anteriores y pone en riesgo al procurador si éste deja de cumplir su obligación de iniciar la averiguación previa correspondiente.
Esto nos lleva a advertir que a la actual administración le faltan menos de dos años para concluir su gestión, de tal manera que si Chávez Chávez no cumple con su palabra de darle curso a la acusación penal presentada por la SHCP en contra de los Patrón Laviada, el próximo gobierno podría procesarlo por ocultar una acusación penal y encubrir a la familia de un miembro del gabinete calderonista.
Para aquellos que se perdieron el compromiso que hizo Chávez Chávez ante el Congreso, reproducimos el cuestionamiento del diputado Fernández Noroña y la respuesta del procurador sobre el caso Patrón Laviada.
Fernández Noroña: Buenas noches compañeros diputados y diputadas. No me había dado cuenta del impresionante parecido que tiene con su jefe Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Él está un poco más abotagado ciertamente, a saber por qué, vamos a ver si en las mañas también hay parecido… Le pregunto ¿por qué si dice que están del lado de la legalidad, por qué violan derechos y garantías constitucionales de manera sistemática?… Por supuesto que ustedes tienen un sesgo político y le voy a dar un solo caso, a ver de que le suena: el 25 de octubre de 2006 la Secretaría de Hacienda denunció por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico a la familia Patrón Laviada. La PGR hizo perdidizo el expediente y por ese motivo el 6 de septiembre de 2009, Hacienda volvió a insistir, a reclamar, de que se proceda, y dentro de esa familia ustedes tienen a un funcionario, Patricio Patrón Laviada, que está señalado por Hacienda, no por mi, no por algún partido opositor, de que tiene vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Por qué no promueven el desafuero de este procurador federal de Protección al Ambiente…?
Chávez Chávez: el tema de la familia Patrón Laviada, de la que usted hace alusión, o cualquier otra o cualquier otra, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho, no hay ni debe de haber distingos.
Fernández Noroña: lo de Patrón Laviada, que desfachatez de respuesta, le estoy diciendo que esta denuncia esta allí con ustedes desde el 25 de octubre de 2006. Si desplegaran una décima parte del encono que tienen contra los funcionarios públicos de Michoacán, ya lo habrían metido a la cárcel a Patricio Patrón Laviada y a su familia por vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, lo dice Hacienda, no lo digo yo, y si no tiene el oficio donde lo acusan de lo doy yo, y luego el 6 de septiembre de 2009, Hacienda les vuelve a decir en otro oficio, oigan no están haciendo nada contra la familia Patrón Laviada y no la tocan en lo absoluto a pesar de tener señalamientos concretos por narcotráfico y lavado de dinero.
El guardadito de César Nava
A César Nava lo persigue el escándalo. Y no me refiero a su vida privada, ventilada en las publicaciones del corazón… Aunque fue precisamente en una de esas revistas en donde se supo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) adquirió un lujoso departamento en Polanco por alrededor de 7 millones de pesos, cuando su valor real es de unos 20 millones.
Las primeras preguntas que la prensa hizo fueron ¿de dónde, el exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exsecretario particular de Felipe Calderón, obtuvo el dinero para adquirir dicho inmueble?, ¿por qué lo adquirió supuestamente a un precio de 7 millones de pesos, cuando esta cantidad representa menos del 50 por ciento de su valor real?, ¿acaso el pago restante se hizo en efectivo y por ello no aparece en la escritura de compra-venta?
Una explicación a esas interrogantes podría estar en los cargos y responsabilidades que ha desempeñado César Nava en su corta carrera de servidor público. Concretamente, en su paso por Pemex y por la Secretaría de Energía en el gobierno del también panista Vicente Fox.
Fue Contralínea la que dio a conocer, por primera vez en 2005, las acusaciones por fraude, prevaricato y daño patrimonial que se hicieron en contra de Nava ante la Secretaría de la Función Pública, cuando se desempeñaba como abogado general de la paraestatal. El trabajo de Ana Lilia Pérez (Camisas azules manos negras: El saqueo de Pemex desde los Pinos, editorial Grijalbo) señalaba que abogados de la paraestatal, coludidos con Marcelo Montiel Montiel, exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, habían planeado un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados involucrado, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública), y al presidente Vicente Fox.
El excontralor Eduardo Romero Ramos fue el responsable de archivar el expediente, después de que Martínez Hernández denunciara por corrupción a Nava ante el mandatario mexicano.
Como se describe en Contralínea del 7 de junio de 2005, el entonces alcalde de Coatzacoalcos y exdiputado priista, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex Petroquímica para demandar el pago de impuestos de predial y de traslado de dominio, desde 1997 a esa fecha, en todas las instalaciones que la paraestatal tiene en Veracruz. La denuncia era improcedente, pues al ser instalaciones de una paraestatal, ninguna estaba sujeta a gravamen. De ello conocían las autoridades estatales y los funcionarios de Pemex, ya que, en 1997, el gobierno de Veracruz emitió un documento en donde se exime a la empresa de todo gravamen.
En el oficio DGI/DATEF/SU8/000066/97 del 14 de agosto de 1997, el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, notificó a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, que “no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex –Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos, Petroquímica Cosoleacaque y Petroquímica Escolín– de conformidad con lo estipulado en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.
Aunque la demanda que presentó Marcelo Montiel era improcedente, se le dio trámite con la complicidad de los funcionarios de Pemex. Entre demandante y demandado se registraron graves irregularidades para crear este fraude contra la paraestatal. Por parte del ayuntamiento, por ejemplo, aunque el municipio cuenta con un departamento jurídico y, de acuerdo con la Ley de Municipios, a ellos compete atender la demanda, Marcelo Montiel Montiel contrató a un despacho de abogados propiedad del contador público Jesús Antonio Macías Yazegey, a quienes pagó 44 millones de pesos por dos notificaciones notariales.
En Pemex, las irregularidades alcanzaron a su abogado general César Nava y a un grupo de litigantes bajo su mando, entre ellos Héctor Durán Benítez, jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos en Petróleos Mexicanos; Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, y Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque.
En abril de 2002, Marcelo Montiel presentó la denuncia contra Pemex Petroquímica. Mientras se fraguaba el fraude, Rogelio Martínez Hernández denunció el ilícito y la complicidad ante la Presidencia de la República y la Secodam. Tales denuncias –cuya copia posee Contralínea– confirman la intención de los funcionarios federales panistas por proteger a Nava.
El 24 de mayo de 2002, Martínez Hernández presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Petroquímica Cosoleacaque y fue turnada al Órgano Interno de Pemex Petroquímica. En ella se habla del posible daño patrimonial contra Pemex a través del cobro indebido de impuestos. El 18 de junio de 2002, el entonces abogado general de Pemex ordenó a los abogados negociar antes de que el caso concluyera en tribunales. Esto mediante un dictamen que indica: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuestos de traslación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos”. Y es que, según Nava Vázquez, “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”; es decir, para el abogado, las instalaciones de Petroquímica no eran parte de Pemex.
Los argumentos violaron la Constitución y faltaron a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero establece que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.
Un mes después de que César Nava autorizara el ilegal pago de impuestos, el abogado Rogelio Martínez recibió el oficio 18/578.1/338/02, donde el Órgano Interno de Control le notifica que se dio por concluida su denuncia y se “decidió archivar el asunto”.
Por esos mismos días, César Nava despidió al abogado Rogelio Martínez. El 4 de agosto de 2002, Martínez envió una carta a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secodam, en la que le detallaba el fraude contra Pemex y que, por denunciarlo ante los órganos internos de Control, fue despedido.
Si alguna autoridad quiere saber de dónde pudo salir el dinero para la adquisición del departamento de Polanco, podría empezar por buscar en los archivos de Pemex, cuando César Nava se desempeñó como abogado general.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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