Día de los Derechos Humanos

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

BOLETÍN

9 de diciembre de 2010

¡¡DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, SOLO SE CUMPLIRÁN CON UN CAMBIO DE GOBIERNO EN EL PAÍS!!

La sistemática violación de los derechos humanos, la represión, la injusticia social y la violencia son un síntoma actual del sistema de vida y político mexicanos y un rasgo distinto de los gobiernos del PAN y del PRI, por ello, en el marco del 62° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos que se requiere de un cambio de gobierno para reestablecer la legalidad constitucional, el bienestar social, el respeto a la justicia y la paz. Los derechos humanos solo se cumplirán con un cambio de gobierno en el país.

A 62 años de la “Declaración” y 93 años de la promulgación de la Constitución, en México no se cumplen ni respetan los derechos humanos, por ello y para luchar por su promoción y defensa hemos iniciado la construcción de un amplio y convergente “movimiento por la unidad popular nacional”, el cual se propone organizar y movilizar electoralmente a más de 5 millones de activistas obreros, campesinos, empleados públicos y de la izquierda socialista para contribuir a desplazar a los partidos facciosos del poder y establecer un gobierno democrático que encabece el compañero AMLO, como presidente popular de México.

La “Declaración” y nuestra Constitución establecen derechos económicos, sociales y culturales de las y los mexicanos en: alimentación, empleo, trabajo, vivienda, educación, salud, seguridad social y recreación, sin embargo, no se cumplen o no se hacen cumplir por la situación de ingobernabilidad, corrupción, violencia e impunidad que imperan en el país, fundamentalmente por la acción u omisión del poder público, que tiene una gran deuda ya no únicamente con las y los trabajadores, sino inclusive con las clases medias y millones de pequeños empresarios que están quebrando y empobreciéndose a diario.

La existencia de una minoría privilegiada de ricos al amparo del gobierno neoliberal; la pobreza generalizada de más del 50 por ciento de la población; la sobrevivencia de aproximadamente 16 millones de indigentes; cerca de 12 millones de desempleados, subempleados y jóvenes sin trabajo ni escuela; 12.4 millones de personas que trabajan en las calles y 24.2 millones que laboran sin prestaciones ni seguridad social; además de 6 millones de analfabetas; y, un rezago de más de 7 millones de viviendas de interés social, son datos duros de los hechos que acreditan el incumplimiento de los derechos humanos en el país.

Cabe señalar que el desempleo directo afecta ya a cerca de 3 millones de personas. El subempleo a otros 3.8 millones. De los 44.4 millones de personas que constituyen la PEA ocupada, al III Trimestre de 2010, 3.9 millones no reciben ingresos, trabajan por propinas; 5.7 millones solamente ganan hasta un salario mínimo, es decir viven con 57.46 pesos al día (menos de 5 dólares diarios); y, 19.4 millones perciben entre 1 y hasta 3 salarios mínimos.

Asimismo a la fecha, se contabilizan más de 32 mil ejecutados en este sexenio derivado de la “guerra” en contra de la delincuencia organizada y la batalla territorial al seno de ésta, sin que el gobierno repare en combatir las causas del delito que tienen que ver con la pobreza, el desempleo y la impunidad, pues baste señalar el caso de numerosos líderes campesinos y sociales reprimidos, ultimados o encarcelados en los últimos diez años, como el de los 68 periodistas asesinados, de los cuales 55 se dieron en lo que va del sexenio del presidente Calderón. Por ello, hemos insistido que solo con un cambio de gobierno, de estrategia y con una fuerza social muy potente y organizada se podrán frenar la violencia y la criminalidad en el país, siendo indispensable la independencia de los jueces y la autonomía de los ministerios públicos del poder ejecutivo.

La Constitución establece garantías que se complementan con el orden jurídico internacional, siendo la Corte, el Poder Judicial y las comisiones públicas de derechos humanos, como la CNDH y otras, quienes deberían encargarse de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, no obstante, estos organismos han sido ineficaces y en muchos casos cómplices, por acción u omisión, del atropello a los derechos humanos de las y los trabajadores, existiendo numerosos ejemplos de su proceder antisocial, como en el caso de las reformas a la Ley del ISSSTE y del IMSS y las acciones en contra de los electricistas del SME, los mineros, los maestros, los técnicos profesionistas petroleros y los campesinos de la COCyP.

En materia laboral es peor debido a la creciente precarización de las condiciones de vida, trabajo y seguridad social de las y los trabajadores, por los altos índices de desempleo, las formas simuladas de subcontratación a través de los outsourcing que principalmente promueven los gobiernos, los salarios miserables, la falta de cumplimiento al ejercicio de libertad sindical y la ausencia de mecanismos efectivos que aseguren el cumplimiento de la ley laboral, por la existencia de una impartición de justicia por consigna, son otros ejemplos de la realidad mexicana, por ello, condenamos la tentativa de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de otorgar un irrisorio aumento de 2 pesos al salario mínimo.

Finalmente, consideramos que eI sistema actual de protección oficial de los derechos humanos está rebasado por la criminalidad, la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia gubernamental, teniendo ahora la acción y la palabra, el pueblo de México.

Fraternalmente.

Por el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Juristas de México: Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Cervantes Esparza, Hilda Venegas Negrete, Cesar de León Guadiana, Pablo Franco Hernández, José Enrique González Ruiz y Atenogenes Pineda Escamilla.

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