La colombianización en México un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado.
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En Junio de 2007 la organización de derechos humanos Comité Cerezo México publicó un artículo que titulaba: Terrorismo de Estado: “La colombianización”; la criminalización de la lucha social como estrategia represiva.”
En ese entonces planteábamos que el Estado mexicano pretendía equiparar a los defensores de derechos humanos con delincuentes o terroristas; convencer de que la defensa de los derechos humanos impulsada por éstos era la fuente de conflictos sociales y que la “lucha o guerra contra el narcotráfico” era un pretexto para sacar al ejército a las calles.
En mayo de 2008 en un artículo titulado “Paramilitarismo mexicano” el Comité Cerezo planteaba que el Estado mexicano estaba “formalizando“ la creación de grupos paramilitares con el objetivo de: crear un tercer actor, supuestamente independiente para evadir responsabilidades y mostrarse como un país democrático. En ese entonces plantamos que el Estado ante la lucha de las organizaciones y defensores se vería obligado a crear una instancia de protección para los mismos como en Colombia… mecanismo que hoy dice el gobierno creará…
¿Qué ha sucedido en nuestro país en los últimos cuatro años de lo que ya percibíamos desde el 2007 como su “colombianización”? Las cifras y los métodos para causar terror en la población y someterla a un férreo control son impactantes:
30 mil muertos de 2006 a la fecha
Entre mil y 3 mil desaparecidos.
35 luchadores sociales y defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente.
Un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia, como ejemplo nombraremos lo que sucede en dos distritos de Chihuahua: según el “Censo de Poblacion y Vivienda 2010, revelan que Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G .Guerrero bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio.”[1]
Cientos de decapitados, cientos de descuartizados varios dejados frente a escuelas, cientos de quemados en ácido, decenas de fosas comunes, masacres de jóvenes sin ninguna relación con la delincuencia, masacres de migrantes…
Cientos de civiles asesinados en el marco de operativos por parte de las fuerzas armadas contra la llamada delincuencia organizada, nada más como muestra del abuso y la impunidad se contabilizan 6mil 518 quejas por violar derechos humanos contra la Sedena[2] (4 266) y contra la Policía Federal[3] (1 252) desde que inició el presente sexenio hasta septiembre de 2010, de las cuales sólo 212 de las cometidas por la PF han sido investigadas y 64 se han traducido en recomendaciones de la CNDH a la Sedena.
Si comparamos esas cifras con las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia o con el número de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas (38,235 en los últimos tres años y 250mil en 20 años)[4], de desplazados por el conflicto armado interno ( alrededor de 4,5 millones), con las decenas de fosas comunes, una, la más grande de América Latina con más de 2 mil cuerpos; con los métodos para inmovilizar y controlar a la población por medio del terror: descuartizamiento con motosierras, criaderos de cocodrilos para aventar a los luchadores sociales, hornos crematorios, cientos de casos de “falsos positivos”, es decir jóvenes engañados, secuestrados por el ejército y ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y cobrar por ello…podemos ver a simple vista que lo que nos diferencia de manera evidente es la cantidad de atrocidades cometidas en contra de la población civil y lo que nos asemeja es que allá y aquí una “maquinaria” de muerte funciona y que hay responsables de que ésta funcione así.
Sin embargo, no basta con comparar estas dos realidades en su aspecto cuantitativo es necesario buscar las similitudes de los planteamientos que justifican estos hechos, que los promueven y pretenden ocultarlos.
PLAN COLOMBIA-INICIATIVA MÉRIDA: Dos formas de legalizar y de legitimar la construcción de Estados terroristas.
El Plan Colombia fue suscrito en 1999 la principal justificación de su creación, a decir del Estado colombiano, fue la construcción de una alianza internacional para combatir al narcotráfico, al cual definía como una amenaza trasnacional,[5] pero además porque el Estado colombiano no había sabido consolidar su poder, había falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial y porque había una crisis de credibilidad en diversos niveles y varias instancias de gobierno.
La solución que se planeó fue aplicar:
“…reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho…”[6]
El Plan Colombia consta de diez “estrategias” fundamentales que abarcan aspectos económicos, militares, sociales y de derechos humanos, por supuesto éstos dos últimos subordinados a los primeros dos aspectos.
De esas diez estrategias, transcribimos dos por su importancia:
“4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitaria.
5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.”[7] (el subrayado es nuestro)
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