El caso de Presunto culpable, asunto "más de ética que legal"

Expresan cineastas riesgo de campaña de linchamiento a testigo

El caso de Presunto culpable, asunto más de ética que legal

Juan José Olivares

Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. a12

Miembros de la comunidad de cine en México, entre documentalistas, productores, editores, fotógrafos y sonidistas, consideran que el caso de Presunto culpable, es ético, no legal.

En una carta expresan preocupación por el riesgo de que pueda producirse una campaña de linchamiento hacia Víctor Daniel Reyes, testigo que acusa a José Antonio Zúñiga (absuelto por un tribunal de apelación), cuya imagen aparece en el documental de Roberto Hernández, y quien promovió un amparo, concedido por una juez, la cual ordenó a la Secretaría de Gobernación suspender la exhibición del filme.

La carta señala: “Los cineastas que elegimos el género documental dependemos del otro, de la generosidad de su testimonio, y en ocasiones somos quienes terminamos lucrando con el dolor ajeno y con las historias que nos son prestadas. Sin cuestionar la calidad formal del documental ni detenernos a analizar aspectos ajenos a nuestro oficio, queremos externar que sabemos que el éxito de cualquier película mexicana debe ser celebrado.

Sabemos que una imagen siempre es la imagen que eligió alguien y encuadrar es excluir; por tanto, el precedente que esta película sienta nos preocupa: se ha empezado una campaña de linchamiento contra Víctor Daniel Reyes (testigo en la cinta) a partir del hecho de considerar esta película como una verdad absoluta por la opinión pública, encabezada por los medios de comunicación. Creemos que el derecho de Víctor Daniel Reyes a no aparecer y a no ser identificado en la cinta debe ser respetado, o en su defecto, que los documentos que autoricen el uso de su voz e imagen para la realización de esta película sean formalizados. La discusión de si el derecho a la libre expresión debe estar por encima del derecho de los individuos o viceversa es un debate que necesariamente debe continuar.

Dilema

Los documentalistas aseguran que enfrentan los desvelos de reflexionar sobre “los derechos de aquellos que son afectados por nuestro trabajo, porque una decisión ética de este nivel siempre estará contrapuesta a nuestra libertad creativa y ese dilema debería ser siempre resuelto por los cineastas, no por los abogados. La opinión pública, alentada por el aparato mediático y por lo conveniente que a los productores y realizadores de Presunto culpable les ha significado, nos coloca en una disyuntiva: ¿es necesariamente la libertad de expresión más importante que el derecho de los seres humanos a decidir si quieren o no ser exhibidos o aparecer editados en una película?”

En el documento, argumentan que “se está dando por hecho que Víctor Daniel Reyes merece el escarnio público; adjetivos como ‘cerdo, indio, pelos necios, prieto, mentiroso, ignorante’ nos parecen realmente alarmantes en estos tiempos de una sociedad polarizada, y además pareciera que el ofendido tiene prohibido apelar al derecho de que la representación que de él se hace sea enmendada. Además de lo aberrante que resulta negar este derecho a un individuo, resulta preocupante que esa determinación se tome a partir de un único documento que por utilizar fórmulas narrativas construye la culpabilidad del resto de los actores para declarar la inocencia del protagonista.”

Esto, más allá del caso individual, aseguran en la misiva los realizadores, “legitima el uso del cine documental como herramienta de linchamiento público, y en un país en el que los medios de producción, distribución y exhibición son controlados por oligopolios, esto resulta muy riesgoso.

“En ciertos casos resulta difícil determinar si el derecho a la información está por encima del derecho de las personas. Nos encontramos, entonces, frente a un conflicto de derechos. En este caso en particular está claro que para informar sobre los vicios del sistema judicial en México no es indispensable generar una representación tan mezquina del testigo, que además está poniendo en riesgo su vida, sin haber solicitado previamente autorización por el uso de su voz y su imagen para la filmación de una película.

“Quienes nos dedicamos a este oficio sabemos que ese documento es fundamental para poder explotar y difundir nuestro trabajo. ¿Puede alguien expresarse libremente frente a una cámara sin haber autorizado este escenario? Desde hace algún tiempo la cámara se convirtió en un arma muy poderosa. Ahora que casi todos andamos armados con una de ellas, el peligro es inimaginable. Sabemos que al accionar el disparador estamos vulnerando a alguien. Antes de filmar el primer cuadro, antes incluso de haber pedido autorización a quien se va a filmar, el cineasta debe pasar largas horas analizando si la representación que hará de una persona puede o no resultarle lesiva. El montaje nos ayuda a reflexionar en calma si lo que haremos tendrá o no una posición ética, ya que una película no puede valer más que la vida de un individuo, sea quien sea.”

Agregan que “el documental no debería ser un instrumento para cobrar venganza, ni siquiera histórica. El documentalista no es un juez y la realidad no está hecha de buenos y malos. Toda representación de la realidad es muy particular y no puede considerarse como verdadera. Ya sea por el emplazamiento de la cámara o por el montaje, cada cineasta fragmenta la realidad para construir su realidad. Ello no implica que el cineasta sea un mentiroso. Una cosa es tener una visión parcial y otra muy distinta es manipular los hechos para usarlos en favor de intereses que rebasan la creación cinematográfica.

¿Tenemos derecho los cineastas de filmar juicios para entregarlos como pruebas (editadas, seleccionadas y excluyentes) a los jueces de butaca? Esto sin entrar en la discusión sobre el valor de los juicios videograbados para su uso en los tribunales. Somos perfectamente concientes de la corrupción que impera en el sistema judicial y en general en el sistema político; por ello rechazamos el hecho de que un documental bien intencionado se vuelva bandera de la misma podredumbre.

Los firmantes de este documento son Everardo González, Francisco Vargas, Emilio Maillé, Juan Manuel Sepúlveda, Carlos Bolado, Mercedes Moncada, Matías Meyer, José Manuel Cravioto, Alejandra Islas, Bruno Varela, Adriana Trujillo, Carlos Rossini, Nicolás Pereda, Rigoberto Pérezcano, Antonino Isordia, Jorge Sánchez Sosa, Luis Lupone, Iván Ávila, Ivonne Fuentes, Emiliano Altuna, Tatiana Huezo, Alejandra Sánchez, Víctor Ugalde, Antonio Zirión, Luis Rincón, Clementina Mantellini, Isabel Fregoso, Diana Cardozo, Martha Orozco, Roberto Fiesco, Ernesto Pardo, Inti Cordera, Luciano Larobina, Lucía Gajá, Nuria Ibáñez, Julián Hernández, Erika Ávila, Issa Guerra, Shula Erenberg, Carlos Taibo, Kenya Márquez, Héctor Zubieta, Alberto Cortés, Ana García, Jorge Michel Grau, Alejandra Moya y Anais Huerta.