Feudocracia
Mié, 25/05/2011 - 09:05 — Osorno
En una reunión privada con el general Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional en el pasado sexenio, uno de los interlocutores le preguntó las razones por las cuales la violencia en Tamaulipas era mucho mayor que en Sinaloa. El militar dio varias explicaciones. Una de ellas sorprendió a los comensales, civiles en su mayoría. El general dijo que el hecho de que en Sinaloa hubiera montaña y en Tamaulipas no, era clave. De acuerdo con el relato del general, la existencia de una montaña permitía a los brazos armados de los narcotraficantes tener un refugio seguro y evitar así las confrontaciones directas con las fuerzas oficiales. En cambio en Tamaulipas, donde llano y valle se dividen el territorio, la posibilidad de ocultarse era más complicada. “Ahí las autoridades, policías locales y muchos pobladores se volvieron la Montaña de los narcotraficantes”, dijo el militar que ocupó el cargo más importante del gobierno de Vicente Fox.
Esta misma explicación, pero desde el punto de vista civil, fue comentada hace unos días en San Salvador por Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU en temas de narcotráfico. En un foro organizado por el periódico El Faro, Buscaglia habló de hasta un 70 por ciento de municipios de México penetrados por el crimen organizado, buena parte de ellos de la región noreste del país, que además de Tamaulipas, comprende Nuevo León y Coahuila. El diagnóstico del estudio de Naciones Unidas al respecto es demoledor: en esos sitios, la población protege a los integrantes del crimen organizado por intimidación, pero sobre todo, por falta de confianza en las instituciones públicas.
¿Qué hacer ante un escenario como ése? ¿Qué se hace con toda una comunidad que tiene estas características? “La protección social del narco se tiene que combatir con políticas sociales, no con policías ni jueces. Iniciar una batalla de este tipo es ir a una derrota anticipadamente.”, dijo Buscaglia ante los periodistas de Centroamérica y México que estábamos reunidos en un salón del caluroso San Salvador. El escritor Juan Villoro ha explicado esto con otras palabras: “Es más meritorio evitar que alguien sea narco, que matar a un narco”.
La actual cruzada contra el crimen organizado en el noreste de México es hasta ahora una guerra perdida, dentro de otra guerra, a nivel nacional, también perdida. Los comandos irrumpieron en la frontera chica a principios de 2010 cargados de ira y movimientos tácticos, para tratar de cambiar el mapa de cárteles dominantes en la zona. Muchos pensaban que sería cuestión de meses para que el Estado tomara control de zonas que, sin embargo, después de más de un año continúan siendo ingobernables.
De acuerdo con los planteamientos de especialistas como Buscaglia y muchos otros, esto no se ha dado por una razón fundamental que el legendario juez Falconi resumió en la siguiente frase: “Cuando el Estado combate al crimen organizado, en cierta forma debe estarse combatiendo a sí mismo también”. Algo que no sucede en ningún estado del país ni tampoco a nivel nacional, donde el Presidente defiende a ultranza a responsables de seguridad que tras diez años en el cargo, en lugar de contener la violencia, han visto, sin el menor rubor, como ha crecido ésta.
México empezó en el 2000 una transición política que a ratos parece agonizar y quedar dispersa en feudocracias, donde los gobernadores hacen y deshacen. No en balde hay un chiste en los pasillos del edificio del PRI en Insurgentes en el cual se dice que algunos gobernadores priistas no quieren que ganen ni Peña Nieto ni Manlio Fabio Beltrones la Presidencia, para seguir teniendo así un poder absoluto en sus estados, o feudos.
En México está claro que hasta el momento, esta transición política no se ha hecho bien. Uno de sus efectos, entre una larga lista, es el crecimiento del crimen organizado.
Una muestra muy sencilla de esta grave falla democrática: si uno revisa la actuación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) encontrará que este órgano clave para el fortalecimiento de la democracia ha concentrado su trabajo en detener a campesinos que tienen dos credenciales de elector, o casos por el estilo. La FEPADE no registra hasta el momento un solo caso de dinero del narcotráfico en campañas electorales, lo cual, ni el más ingenuo cree que no esté sucediendo en México.
Mientras el Estado no toque la parte estructural del narcotráfico seguirá corriendo sangre de forma estúpida y provocando dolor y rabias.
De acuerdo con indicadores internacionales, México es uno de los países que se dedican a detener a gente de bajo perfil y a perseguir a pocos de los que cometen delitos patrimoniales. Nada más en Nuevo León, el 98 por ciento de los reos están encarcelados por delitos considerados por la ONU como “de bajo impacto”. Y la paradoja de la política de represión es que a mayor represión, mayor corrupción y violencia.
Con la política de seguridad pública predominante solamente estamos dando vueltas en círculo. Como bien dijo Edgardo Buscaglia allá en San Salvador, el actual problema de México es un problema político, no se trata de un problema técnico.
Pues entonces empecemos por las feudocracias.
www.twitter.com/diegoeosorno
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