Estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico se aplica en las universidades
| Autor: Flor Goche | |
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En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior
En mayo de 2010, en Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se reunió en privado con representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), integrado por los titulares de 78 de las 159 escuelas afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Dos meses antes, en la misma ciudad, producto de un enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y supuestos miembros de la delincuencia organizada, los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados frente a esta casa de estudios.
“Ayúdenme a buscar alternativas para que las instituciones y demás, podamos, a través de la educación, salir adelante de estos problemas”, fue la petición del titular del ejecutivo, recuerda Rafael López Castañares.
“Le dijimos que sí –continúa el secretario general ejecutivo de la ANUIES–; que nuestro compromiso no solamente era ir a pedir dinero al Congreso o a la SEP (Secretaría de Educación Pública), sino también, con mucho gusto, coadyuvar en la solución de estos problemas”.
Así, en abril de 2011, la ANUIES presentó el Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior: estrategias para la prevención y atención, elaborado por María Angélica Garnica Sosa, maestra en planeación y políticas metropolitanas, documento elaborado con el “acompañamiento” de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) –dependiente de la SEP–; y “enriquecido” con los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob). En el documento no se señala que las comunidades universitarias hayan sido consultadas.
El legajo de 76 cuartillas contempla la “coordinación” de las Instituciones de Educación Superior con entidades de seguridad pública y procuración de justicia, así como con autoridades de los tres niveles de gobierno, en acciones orientadas a “salvaguardar la integridad” de las comunidades escolares.
Se prevé, incluso, el “despliegue de fuerzas policiales” al interior de los campus universitarios, por ejemplo, en casos de amenazas de artefactos explosivos, narcotráfico o secuestro.
Esto, acota el manual, considerando que se debe preservar la “naturaleza orgánica y normativa” y el “espíritu de autonomía” de las instituciones educativas.
Asimismo, establece estrategias de “protección y prevención” de incidentes, que serían financiadas con recursos propios, del Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, de la Segob y de la SSP. Se trata de sistemas de credencialización, de control de acceso y de salidas, bitácora de visitantes, buzón electrónico de opinión, directorio de números de emergencia, alumbrado, equipo e infraestructura, y capacitación especializada.
La tendencia hacia el securitismo, característica de este sexenio, ha llegado a los espacios educativos, advierte Silvano Cantú Martínez, director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Al crítico de la Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute en el Congreso de la Unión no le sorprende que la agenda de las universidades se “subordine” también a los imperativos de la política de seguridad del ejecutivo, diseñada “sobre la base del uso privilegiado de la fuerza”. Le inquieta, más bien, el riesgo que esto puede significar para las comunidades universitarias.
Los protocolos de actuación de las fuerzas policiacas dentro de las instituciones de educación superior “están apenas previstos en el manual”; además, en la república mexicana, con excepción del Distrito Federal, no existen criterios normativos para regular el uso legítimo de la fuerza pública, advierte el defensor de derechos humanos.
En el contexto del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, celebrado a finales de 2010, en la ciudad de Chihuahua, Darío Álvarez Orrantía, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue herido con arma de fuego por agentes de la Policía Federal. El rector de esta casa de estudios confirmó que la noche del 29 de octubre los uniformados entraron a las instalaciones universitarias y dispararon al joven.
—¿No le preocupa el ingreso de policías, quienes ya han sido acusados de violar derechos humanos, a las escuelas? –se le pregunta al secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares.
—No tendría elementos para darte respuesta de eso. No sé, no tengo una respuesta.
—¿No lo platicaron?
—No es lo que nos llegó de información; eso sí te lo puedo asegurar. En ningún caso hubo un reporte de abuso de los soldados o de los policías. En ningún sentido. Lo que sí llegan [son] situaciones que dicen que [por] la no actuación de la instancia correspondiente, muchas veces a ellos se les puede tachar de complicidad –responde el funcionario.
López Castañares aclara que las disposiciones del Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior no son de carácter obligatorio; su aplicación dependerá de la decisión de los directivos de las escuelas frente a situaciones diversas y particulares.
Por ejemplo, resulta “difícil, casi imposible” que los policías pisen el territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En cambio, en las instituciones del norte del país, donde “acribillan” a estudiantes, “ni modo de decirles [a los policías] que no pasen”, explica.
El despliegue de los cuerpos policiacos al interior de los campus sólo podrá contemplarse bajo ciertas circunstancias que no se especifican con claridad en el manual. Que los uniformados no estén armados y que sus servicios sean requeridos de manera temporal y extraordinaria, son algunas de éstas, comenta el titular de la ANUIES.
Aunque el funcionario asevera que no hay policías armados en ninguna de las instituciones agremiadas a la asociación que preside, los elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) a cargo de la seguridad y vigilancia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sí lo están. De acuerdo con el contrato IPN-PS-AD-010-2010, al menos 686 policías armados, con toletes y armas de fuego, resguardan las instalaciones politécnicas (Contralínea 211).
Cuestionado, igualmente, sobre las implicaciones de la posible presencia policiaca en los campus universitarios, Rodolfo Tuirán Gutiérrez dice que estas decisiones son responsabilidad de las instituciones autónomas. El subsecretario de Educación Superior confía en la “sensibilidad” de las autoridades educativas para que “no ocurran violaciones a la autonomía” y no se “atente contra la integridad y el patrimonio de las personas y las comunidades”.
Si bien, reconoce la “relevancia” de lo ocurrido al estudiante de sociología de la UACJ, las deficiencias de las instituciones policiales y la carencia de normatividades para regular el uso de la fuerza pública en el país, considera que “frente a una realidad determinada, la decisión [de desplegar fuerzas policiales al interior de las IES] puede ser muy pertinente”.
Las más de 900 instituciones de educación pública que existen en el país realizan “esfuerzos similares” al de la ANUIES. En el transcurso de las próximas semanas, el Espacio Común de Educación Superior Tecnológica –que agrupa a 377 institutos técnicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas–, presentará también su propios “protocolos de prevención y seguridad”, revela el representante de la SEP
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