Más casos de ilegalidades, corrupción e impunidad.

DA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA RAZÓN AL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO EN EL CASO DEL FRAUDE DENUNCIADO CON EL SEGURO POPULAR

Hace un año, las secretarias de Salud y de Trabajo del gobierno legítimo de México denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en la compra de credenciales a la empresa Image Technology para las familias del Seguro Popular en 2005, informó Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud en el gabinete lopezobradorista.

Laurell manifestó que en diciembre se presentó una ampliación de la denuncia por el incremento en el contrato en 24.9 millones, así como por el monto de 558.6 millones referidos a otro contrato celebrado en 2006 entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la misma empresa.

Es decir, explicó, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido, la SFP no ha dictaminado el caso, han hecho mutis, primero Germán Martínez y, luego, Salvador Vega, lo cual ha demostrado una vez más el encubrimiento de los altos funcionarios, en este caso del Comisionado de Protección Social en Salud de Fox, Juan Antonio Fernández Ortiz, afirmó.

Señaló que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2006 confirma graves irregularidades en el contrato de 2006 de la CNPSS con Image Technology para credencializar a los afiliados del Seguro Popular. El informe dice a la letra: …“no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada /CNPSS/ sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. …… se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación.”

Queda claro —enfatizó— que en la auditoría no se pudo constatar el cumplimiento del contrato por falta de documentación y a raíz de una investigación de campo en el estado de Puebla. Sin embrago, entre abril de 2006 y mayo de 2007 la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a Image Technology.

Además pagó a la empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005 que no aparecen en la revisión de la ASF. Por tanto el Seguro Popular a través de la Comisión ha pagado un total de 553.1 millones por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna, aseguró.

Aclaró que el informe de la ASF no señala que el contrato de 2006 con Image Technology ya estaba bajo investigación por la SFP a raíz de una queja de otro concursante en la licitación. “A raíz de los resultados de esta investigación y coincidentemente con la denuncia presentada por el Gobierno Legítimo se rescindió el contrato anticipadamente el 5 de mayo de 2007”, puntualizó.

Es de subrayar que dos días antes, el 3 de mayo, la Comisión giró el primer pago de 2007 a Image Technólogy por 104.0 millones de pesos; coincidencia que difícilmente habrá sido casual. “Como el presunto fraude en la CNPSS ya era noticia pública en una aparente acción de eficiencia el 31 de mayo el SFP inhabilitó al comisionado y ex-presidente de “Amigos de Fox” (expediente 15/2007-BIS) Juan Antonio Fernández por 10 años “por abuso de autoridad” y lo multó con 454 mil pesos”, detalló.

Esta inhabilitación, prosiguió, no fue por el presunto fraude contra el Seguro Popular sino por un viaje personal con su novia a Singapur y Honolulu con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre los contratos con Image Technology siguen abiertas desde hace más de una año y la SPF no ha emitido ningún fallo.

Por tanto, insistió en que no existe ninguna sanción administrativa, ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estos contratos. La impunidad y el encubrimiento de los altos funcionarios de los gobiernos de derecha se hacen patentes una vez más, denunció.