| ■ El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución. ■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal. |
El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.
Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.
Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.
Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”
Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.
Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.
De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.
El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.
Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.
Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.
De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”
Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.
Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.
De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”
Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.
Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.
Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.
“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”
En la globalidad no se acata la Carta Magna, se interpreta
■ Seis expertos disertan sobre la constitucionalidad de las iniciativas
La Constitución, para unos ese maltrecho estorbo tantas veces reformado; para otros ley suprema intocable, es de nuevo la materia en el tercer debate de la temporada. Tres expertos contra tres expertos, en favor y en contra de las iniciativas de reforma calderonista. Unos propuestos por el Frente Amplio Progresista, otros por el Partido Acción Nacional. ¿Y el Revolucionario Institucional? En la superficie el PRI juega, en su papel de gozne y en medio de sus contradicciones internas, a que los otros se peleen.
Lo dice muy claro el diputado Raúl Cervantes Andrade, quien se niega a contestar cuando le preguntan cuál es la postura de su partido frente a la reforma energética: “Es como si un juez anunciara la sentencia cuando está en proceso.”
Y no, el PRI, el gran juez, no entra a ese juego. “La responsabilidad de los grupos parlamentarios es escuchar, decantar con los expertos e intercambiar”, sigue Cervantes.
¿Escuchan de verdad los priístas, los panistas, los verdes?
Están presentes, al menos, cuando abre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la Escuela Libre de Derecho, alma mater del presidente Felipe Calderón. Con Mario Becerra Pocoroba, de la misma institución, Zaldívar explica y desmenuza los artículos constitucionales que las iniciativas tocan sin tocar y traduce términos a la jerigonza de los constitucionalistas.
Toca, sin embargo, una de las llagas de las iniciativas presidenciales: tal como están son “vulnerables” y les falta “solidez argumentativa” para evitar un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que Zaldívar sugiera “enriquecerlas para reducir el margen de vulnerabilidad”.
Con todo, el experto considera que las iniciativas son “constitucionales pero perfectibles”. De lo que se trata, explica, es de “interpretar este texto ideológico, histórico, redactado de una manera poco técnica (el artículo 27 constitucional), para resolver problemas modernos, técnicos y extraordinariamente complejos”.
Eso, la Constitución requiere interpretaciones “modernas, abiertas, creativas”, dice Zaldívar. O “una interpretación sistemática funcional y auténtica” de las áreas reservadas al Estado, como sostiene Mario Becerra Pocoroba.
De ahí, y de argumentos similares, se agarra el historiador y jurista Arnaldo Córdova: “La víctima de este debate ha sido el artículo 27. Dicen que no lo entienden, dicen que es poco claro, dicen que no dice lo que quiere decir, y dicen un montón de tonterías que a mí me hacen concluir una cosa: no saben leer o no saben español o no saben derecho o nos quieren engañar.”
Diserta el autor de La formación del poder político en México sobre las palabras –incomprensibles para algunos, dice– del artículo 27, “el más claro que hay en la Constitución”. En tono de maestro regañón receta: “Que me digan cuál tópico jurídico del 27 no les es claro para aclarárselos.”
Los lápices y la estupidez humana
Ya entrado en gastos, Córdova recuerda la reserva 603.3 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmada por México, que establece que el Estado mexicano se reserva para sí explotación, exploración, refinación y una larga lista de etcéteras.
Lee el texto del TLCAN y pregunta: “¿En qué brete van a meter a la Corte para que tenga de nuevo que ponerse a pensar cuál es la jerarquía debida entre Constitución, tratados y leyes comunes?”
Por ahí se va el debate, que para eso el tema del día es la constitucionalidad, o no, de las iniciativas del presidente Calderón.
En la línea de los defensores está el jurista Héctor Fix-Fierro, quien concluye: “Que la explotación a la que se refiere el artículo 27 significa el beneficio económico directo y primario derivado de los recursos petroleros”, y “que el legislador tiene facultad para definir qué actividades dentro de la industria petrolera son estratégicas y quedan, por tanto, reservadas en exclusiva al sector público”.
Es decir, que lo que los opositores a las iniciativas piensan perfectamente definido no lo está.
Los defensores de la reforma energética se quejan de que los caricaturizan como privatizadores y entreguistas. En la revancha, ellos dicen en el debate que los opositores no quieren que Pemex compre lápices.
Lo pone así el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell: “Si llegamos al extremo de considerar que cualquier contratación de servicios de terceros es anticonstitucional o es privatización, los legisladores podríamos ganarnos la medalla a la estupidez humana”.
Ni teólogos ni pontífices
Arnaldo Córdova acusa recibo de la intervención de Germán Martínez, presidente del PAN, la semana pasada: “No somos teólogos ni pontífices del petróleo –hasta ahora me entero que el petróleo es un dios–, ni ideólogos de un trasnochado credo nacionalista, ni hacemos culto a la llamada mitología del 27… somos ciudadanos que creemos simplemente que debemos emprender una nueva etapa en la que impidamos que los únicos beneficiarios de nuestro desarrollo sigan siendo los dueños de la riqueza; si permitimos eso pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos y sobre todo nuestro enclenque régimen democrático.”
Acusa recibo también el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Juventino Castro y Castro: “Me ha llenado de estupor que en este recinto se le califique de mitología nacionalista. Nuestro texto supremo es algo más que un conjunto de mitos, es el basamento de la identidad mexicana.”
Asesor de Andrés Manuel López Obrador, Castro y Castro pone en la mesa la propuesta del tabasqueño: “Es mi convicción que las actuales iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal al Senado forzosamente requieren consulta a la soberanía popular, porque es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo y así esta soberanía pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas.”
Una parte del problema es que el maltrecho estorbo, claro, no contiene explícitamente las figuras de plebiscito o referendo.
Otra, quizá, que hay palabras que suenan ofensivas o inútiles a los legisladores. ¿Se puede traducir, por ejemplo, al senador del Partido Verde, Arturo Escobar? Dice: “Y ojalá que por lo menos en este tema, no hablemos de privatizadoras, ni hablemos de soberanías, hablemos de constitucionalidad o no en la propuesta por parte del Ejecutivo federal.”
El debate de los sordos
Nadie quiere privatizar, nadie quiere tocar la Constitución que ha sido tocada al revés y al derecho casi 500 veces.
O eso dicen. El tema, para los opositores, es que si el gobierno quiere sus reformas debe pasar por la reforma constitucional.
“Si no les gusta la Constitución, cámbienla, cámbienla, inténtenlo, inténtenlo”, resume Córdova.
“Su sentido y su fuerza obligatoria no vienen del ayer. Están vigentes porque podemos cambiarlas, aunque hayamos decidido, o aceptado, no hacerlo ahora”, dice Fix-Fierro.
Ahí está la litis, diría el jurista.
Mientras tanto, los legisladores panistas, priístas y verdes hojean resúmenes de prensa. Saben leer. Siguen las alocuciones en el patio del Senado, pésimo el sonido, metidos en un cuadrado protegido con macetas y cintas como las que usan en las colas de los bancos. Hablan entre ellos. Saben español. Algunos alzan las cejas cuando uno de los juristas cita un autor o una frase en latín. Entienden derecho. Es decir, no necesitan regresar a la escuela.
Las cosas van más bien por donde dice el zacatecano Tomás Torres Mercado, ex aspirante a la gubernatura de su estado, abogado litigante y del Seguro Social en otras épocas. Recuerda el senador Torres cómo se aprobó la Ley del ISSSTE: de las numerosas objeciones puestas en la mesa por el FAP sólo se aceptaron dos y fueron votadas en contra. Es decir, el voto está amarrado, aunque el propio Torres confía en que con algunos priístas harán el tercio requerido para ir a la Corte al juicio de inconstitucionalidad.
Será mañana. Ahora podemos ver que aquí saben leer, saben español, saben derecho. Aunque el mismo Arnaldo Córdova pinte claro el panorama en, apenas, el tercer día de debates: “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos, y creo que ya lo estamos viendo”. A juzgar por los aplausos, largos y sostenidos que la concurrencia le brinda –incluyendo quienes tilda de ignorantes– estos de la reforma energética son ya los debates de los sordos.
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