Profepa duerme

Ximena Peredo, el Norte 19 mayo 2008

Por estar evitando que se anotara el gol de Valle de Reyes, no nos percatamos de que en la portería ya había varios balones amontonados. Ésta es la impresión que uno se lleva cuando recorre las comunidades rurales dentro de La Huasteca y constata la impunidad con que se desmontan enormes superficies de tierra, se trazan ya las vialidades de futuros fraccionamientos; se desgajan cerros, se cambia el uso de suelo. Las denuncias sobre estas situaciones seguro descansan en paz sobre el escritorio del delegado en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Francisco Luis Treviño Cabello.

Casi a todos nos preocupa que en el Cañón de Ballesteros se construya un descomunal fraccionamiento para 5 mil viviendas con un campo de golf en un área natural protegida como es el proyecto denominado Valle de Reyes; a muchos nos horroriza el espaldarazo político con que cuenta el Fondo Inmobiliario Banco de Tierras, dueño del polígono en cuestión; la ferocidad depredadora de Banorte como fiduciario del fideicomiso Valle de Reyes y el servilismo del Alcalde de Santa Catarina que otorgó la autorización, pero pocos conocen la parálisis con que la Profepa actúa sistemáticamente ante las denuncias de ciudadanos conscientes.

Tengo en mi poder información sobre unas 23 denuncias presentadas por el Parque Nacional Cumbres de Monterrey desde el 2005 a la fecha ante la Profepa, sin que hasta el momento se haya dado respuesta más que a tres de éstas. Dentro del cuerpo de denuncias subrayo dos que la Profepa ha desatendido deliberadamente, ambas dentro de La Huasteca y con franca apariencia de convertirse en fraccionamientos residenciales: una ubicada en la localidad Buenos Aires, a la altura del rancho Virikuta (Of. No. PNCM/147/2007); y otro en El Alto en donde se sospecha se esté construyendo el fraccionamiento Loma Alta (Of. No. PNCM/228/2007).

Cuando se ha cuestionado de manera informal la parálisis de la Profepa en estos dos casos específicos, se ha obtenido como respuesta que los inspectores no ubicaron bien la zona (aunque la denuncia incluye coordenadas) o que no conocen el domicilio de los dueños para presentarles una notificación. El cinismo de las respuestas resulta ofensivo ya que las zonas desmontadas son tan extensas que es posible apreciarlas a larga distancia, soy testigo de ello; pero más allá de esto, ¿cómo puede una Procuraduría responderle así a la ciudadanía?, ¿cómo puede confesarse negligente tan desfachatadamente?, ¿qué no su trabajo es precisamente investigar y defender el medio ambiente?

Profepa no sólo ha descuidado el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En el sur del estado se ha denunciado exhaustivamente la tala ilegal en el municipio de Galeana, particularmente. Un ciudadano envió hace más de un año la denuncia No. DG/RN/1095/2007, en la que se presenta evidencia gráfica de la tala de 200 árboles y de la falsificación de la marca del técnico forestal, además de la apertura ilegal de un camino dentro de un ejido en proceso de reforestación. Las fotografías presentadas en la denuncia muestran un cementerio de árboles jóvenes y fuertes. Mientras tanto, la Profepa duerme.

Resulta condenable que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes realicen la tarea de detección de daños al ecosistema que le corresponderían a la Procuraduría, a la que se le otorga un presupuesto público, herramientas, vehículos y autoridad; pero resulta mucho más reprobable que parezca que la Profepa ignore intencionalmente estas denuncias.

Supongo que las próximas acusaciones tendrán que hacerse a la Secretaría de la Función Pública por tan abierta negligencia.

Resulta aberrante que los depredadores sientan simpatía por la Profepa, mientras que el medio ambiente se ubica más claramente en la indefensión institucional. A los ciudadanos nos toca redoblar esfuerzos en la protección del medio ambiente, sin dejar de denunciar al Estado su contubernio y negligencia en el desastre natural que atestiguamos.