COMUNICADO CADHAC

19 de junio de 2009

Comunicado No. 0609/020BP

 

 

La sordera reincidente

 

 

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto reiteramos nuestra inconformidad y repudio a los operativos y la ilegal actuación del ejército y la policía federal en la "investigación" abierta respecto de elementos de las policías de Escobedo y San Nicolás de los Garza, Nuevo León, misma que se sigue en procesos penales del fuero común.

 

Reprobamos la repetida indiferencia y sordera de las autoridades estatales y municipales ante los señalamientos ciudadanos referentes a:

• la anticonstitucional participación del ejército en tareas relativas a la seguridad pública de esta Entidad Federativa Soberana,
• la indebida participación de la policía federal en asuntos locales (bloqueo de calles),
• las diversas violaciones a las garantías de seguridad jurídica de los policías detenidos,
• las irregularidades cometidas en las detenciones basadas solamente en narcolistas

 

Demandamos se castigue a quienes verdaderamente sean responsables de delitos y se reconozca la inocencia de quienes no hayan cometido ilícito alguno, y para ese efecto exigimos que las autoridades competentes den estricto cumplimiento a la ley; es decir, se realicen a priori y con la debida oportunidad las investigaciones profesionales, imparciales, completas y apegadas a Derecho que resulten necesarias para acreditar la posible existencia de delitos y la probable responsabilidad de las personas a quienes se pretenda privar de la libertad, para que así los procesos penales puedan integrarse correctamente y culminar con sentencias justas y legales.

 

De nada sirve que sólo como una expresión mediática (coincidentemente en pleno proceso electoral) se detenga inconstitucionalmente a un gran número de agentes policíacos, para luego verse en la necesidad de dejarlos libres por falta de pruebas. Ello constituye un abuso de poder y un espectáculo que incrementa la percepción de inutilidad de nuestro sistema gubernamental, al tiempo que recrudece la desconfianza de la ciudadanía, sobre todo porque casualmente los que ya recuperaron su libertad son los altos mandos; es decir, quienes son los más obligados a estar enterados del quehacer y la conducta de sus subordinados ahora acusados.

 

¿Es creíble que los jefes no sepan lo que hacen sus empleados?..., que éstos se atrevan a hacer ilegalidades sin que sus jefes lo aprueben?..., que quienes tienen a su alcance toda la información estén ignorantes de lo que sucede en su ámbito de trabajo y no estén involucrados en los delitos que se presume existen?...

 

 

Es necesario que la autoridad responsable de la investigación, el Ministerio Público- y no cuerpos militares- sea quien realice esta labor de manera eficaz, que permita someter a la ley a quienes sí sean responsables de actos atentatorios al bienestar de la comunidad. Es inaceptable  utilizar los procesos legales sin fundamento y sólo como un medio de distracción o ataque.

 

Toda acción en contra de la delincuencia organizada carece de legitimidad si se ejecuta violentando la ley, la soberanía de las entidades federativas y los derechos humanos de los presuntos responsables; además, propicia la impunidad y el creciente deterioro del Estado de Derecho.

 

Exigimos a los servidores públicos estatales y municipales cumplir con el mandato constitucional de respetar y hacer respetar la Constitución y demás leyes, y se comprometan a erradicar los operativos y demás acciones que transgreden el orden jurídico vigente.

 

 

¡No a la impunidad, sí a la legalidad!

 

 

Fraternalmente,

 

 

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS