Durante diciembre de 2009 y enero de 2010, Cencos publicó una serie de entregas bajo el título de "Los 10 temas en la agenda DH en 2009" en un intento por recapitular los casos y temas sobre derechos humanos que, a juicio de Cencos, se encontraron entre los de mayor impacto durante el año.
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1. Minera canadiense pone en jaque a movimiento social y al gobierno de Chiapas
México D.F., 21 de diciembre de 2009 (Cencos).- Intereses económicos se contraponen al respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de la ley, al cuidado y preservación del medio ambiente y a intereses de las comunidades cuando se aborda el tema de la minería. En Chicomuselo, Chiapas, el ejemplo es preciso. La trasnacional canadiense Blackfire, que explota barita y otros minerales, ha convulsionado la zona contaminando un río, actuando sin permisos gubernamentales y en oposición a activistas y pobladores que exigen su salida y denuncian la apropiación ilegal de tierras.
Datos aportados por Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire, recogidos en el diario Cuarto Poder de Chiapas, señalan que la beta de barita en ese estado podría ser la más grande del mundo y siendo este mineral fundamental en la industria petrolera, dicho yacimiento reconfigura el mapa de las relaciones comerciales. Se dejaría de importar barita de China e India y además la extraída en México se vendería a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, principales productores petroleros en la región. La importancia de esta mina es mayúscula a nivel mundial.
Desde julio pasado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezada en Chiapas por el activista Mariano Abarca Roblero, se apostó a las afueras del complejo minero de Chicomuselo, logrando que la empresa suspendiera sus actividades. En un contexto de tensión social y lucha para cerrar definitivamente este complejo, el 27 de noviembre de 2009 un desconocido disparó contra el defensor de derechos humanos, asesinándolo fuera de su casa. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Estatal ha detenido a tres presuntos responsables vinculados a Blackfire.
Mariano Abarca ya había sufrido con anterioridad la criminalización de la lucha de la REMA-Chiapas. Luego del plantón de julio, fue acusado por la minera por asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación (todas estas acusaciones son aplicadas a defensores de derechos humanos como una forma de intimidación por sus acciones y causas), entre otros delitos. El 17 de agosto fue detenido con uso de violencia por policías, previo a que se realizara el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo; debido a la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales, fue liberado.
Paralelamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) del estado de Chiapas, avanzaron acciones legales para clausurar el complejo, dada la falta de cumplimiento de la normatividad en la materia. El 7 de diciembre se clausuro la mina porque la empresa no cumplía con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la construcción de un camino, ni con un permiso por la emisión de polvos y de fuentes fijas de contaminantes atmosféricos por el uso de maquinaria pesada, que genera dióxido de carbono.
A pesar de esta clausura, se espera que la empresa siga los causes legales que le permitan seguir con sus operaciones. En unos días, se iniciará el procedimiento legal contra la minera por parte de SEMAVI, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hace unos días llevo a cabo otra visita de inspección y estableció una clausura total de forma temporal, por motivos similares a los encontrados por la SEMAVI en un inicio. Asimismo, se espera que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) den un seguimiento efectivo a estos procedimientos legales que se han iniciando. A estas instituciones federales corresponde valorar si la empresa puede seguir explotando los recursos naturales del estado del sureste.
Hasta el momento policías municipales se mantienen vigilando las instalaciones para comprobar que los sellos de clausura no sean violados, si esto ocurriese el estado y la federación ahora también, se verían en la obligación de actuar haciendo uso de la fuerza pública y confiscando eventualmente la maquinaria de la minera.
A raíz de las acciones de la Semavi, funcionarios públicos estatales han sido amenazados por personas no identificadas, lo cual se suma al clima de tensión tras el asesinato de Mariano Abarca. La aplicación de la ley y el derecho a la protesta quedan vulnerables ante los intereses de la minera canadiense.
Centro Nacional de Comunicación Social
2. La defensa por la vida de las mujeres, entre victorias y embestidas
México D.F., 22 de diciembre de 2009 (Cencos).-La lucha contra la impunidad y la exigencia de la no repetición en materia de feminicidio y cualquier tipo de violencia contra la mujer, experimentó en el año 2009, un “avance sin precedentes.” El Éxodo por la Vida de las Mujeres, convocado por el colectivo Mujeres de Negro, a la memoria de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una caravana que a su paso por ocho estados del país logró el fortalecimiento y la articulación de las organizaciones que impulsan el movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres, también generó propuestas concretas y permitió mayor visibilidad para las mujeres que más allá de Ciudad Juárez, sufren violencia de género.
El caso del Campo Algodonero del que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoDIH, dio un fallo condenatorio al Estado mexicano por su responsabilidad en tres feminicidios, logró desmitificar el fenómeno en el país y marcó un antecedente en Latinoamérica en esta materia. El examen con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
Belém Do Pará, permitió concluir que los asesinatos fueron por violencia de género, “equiparable al concepto feminicidio.” Del caso, los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, opinan que marcó el camino de acceso a la justicia para otros casos con los mismos argumentos.
El 16 de enero fue ratificado como embajador en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, gobernador de Chihuahua en el periodo 1992-1998, quien durante su mandato hiciera declaraciones que culpabilizaban a las víctimas tales como: “vestían provocativamente, caminaban en la noche y tenían doble vida.” En este tenor, el pasado 24 de septiembre se concede la ratificación a Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, quien durante su gestión como procurador de Chihuahua recibió múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales de derechos humanos dada la omisión y obstaculización de la justicia ejercida en torno al esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la entidad.
Ante la ratificación de Barrio Terrazas, las organizaciones, Federación de Mujeres y Comité de Solidaridad con las Mujeres de Ciudad Juárez de Québec, enviaron una carta al primer Ministro de su país, Stephen Harper, repudiando el hecho y declarando al embajador como persona non grata en territorio canadiense.
Julia Monárrez Fragoso, investigadora y activista por los derechos de las mujeres, indica que las designaciones son “la afirmación de una política de desaliento para el movimiento nacional e internacional en defensa de las mujeres, conjuntamente con las agresiones y pérdidas como es la sobrina de Alma Gómez”, cofundadora de Justicia para Nuestras Hijas”.
El feminicidio sexual sistémico, es anterior a lo que sucede en Ciudad Juárez y a 1993, -explica la socióloga- “solo que en 1993 los grupos organizados de mujeres y las feministas, pusieron en blanco y negro los nombres de las mujeres, luchando contra la no identificación de víctimas. Cuantificar una problemática que obedece a una cultura patriarcal y misógina, pone la luz pública un quiebre de justicia, lo que habla de un Estado mexicano colapsado en derechos humanos e impunidad en todo el país, evidenciar eso, es un logro. El movimiento por la vida de las mujeres en Ciudad Juárez es un movimiento sin precedente que se forjó ante la pérdida y la impunidad largamente sostenida por el Estado y porque quiere articularse con todas las mujeres del territorio nacional, a lo que se dedicó buena parte del año”.
Tipificar el termino feminicidio como arma jurídica, es un reto a futuro que corresponde, “con la ayuda de todas”, a las abogadas y juristas del feminismo. “El derecho no es inamovible y las palabras cambian de acuerdo a una sociedad que cambia, poder nombrar los crímenes desde la concepción sociológica, criminológica y feminista es muy importante, porque a través del concepto jurídico del feminicidio como una caligrafía que permita inscribirlo como problema social, cultural, político y económico, será más fácil acceder a la justicia y trasladar el concepto a otras partes del mundo como precedente”, afirmó la investigadora.
Para 2010, anunciarán la creación de un Comité de Observación conformado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que vigilará al Estado mexicano con respecto al cumplimiento de los mandatos que la CoIDH especificó en la sentencia, de ellas destacan; una disculpa pública, la creación de un monumento en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como modificar marcos regulatorios y protocolos de investigación para que sean profesionales y con perspectiva de género. El próximo año, como iniciativa conjunta de organizaciones, se planea situar en Ciudad Juárez, Chihuahua el Memorial de las Mujeres.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
3. Jacinta, Teresa y Alberta, injusticia prolongada
México D.F., 23 de diciembre de 2009 (Cencos).- La falta de acceso a la justicia es una de las afectaciones más claras a los grupos vulnerables así como la criminalización de la protesta social, los cuales son dos variantes que han marcado hondamente el contexto nacional en 2009. Diversos casos dan cuerpo a éstas formas de violación de derechos humanos, por parte del Estado mexicano pero las injusticias cometidas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, son sin duda paradigma de ambos.
Las tres mujeres ñhä-ñhú (otomíes) de 46, 30 y 25 años respectivamente, fueron acusadas de secuestro, por la supuesta retención de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando estos llegaron sin identificarse a un mercado en la comunidad de Mexquititlan, Querétaro para decomisar ilegalmente la mercancía.
Todo sucedió cuando los agentes fracasaron en el decomiso y fueron rodeados por locatarios del mercado y uno de ellos fue retenido en espera de que el resto de los elementos pidieran autorización a su superior para pagar los destrozos que ocasionaron al ingresar al mercado, según les exigieron los comerciantes; así se hizo y el incidente concluyó, hasta que semanas después la PGR acusó de secuestro a las tres comerciantes.
Teresa y Alberta fueron quienes en un primer momento pidieron a los agentes de la AFI que se identificaran, mientras que Jacinta apareció en una fotografía de un diario local que reportó los hechos, mismo que se utilizó como prueba para acusarla.
Este caso ha sido fundamental para visibilizar el camino plagado de injusticias y contrariedades que recorren los grupos vulnerables cuando son criminalizados por ejercer su derecho a la protesta, “es una de las más grandes aberraciones que hemos escuchado en la experiencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero que sin embargo se sigue dando en el país y en muy grandes porcentajes”, explica Andrés Díaz, abogado encargado de su caso por parte del Centro ProDH.
El derecho al debido proceso, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal por los daños morales ocasionados, y sus derechos lingüísticos son algunos de los derechos violentados como resultado de la actuación desmedida del Estado. Ellas fueron “detenidas bajo engaños, acusadas con pruebas falsas de delitos que no hicieron, “tenemos un sistema de procuración de justicia (la PGR) que no investiga los delitos de manera honesta y de buena fe y un sistema judicial que no responde a los derechos humanos, es un sistema que avala y solapa todos estos abusos de autoridad” dice Díaz.
Aunque en un primer momento el caso de Jacinta Francisco Marcial se visibilizó en los medios de comunicación a tal grado que la opinión pública presionó y la defensa logró su liberación el 3 de septiembre de 2009 (cuando la PGR presentó conclusiones no acusatorias), la justicia no ha llegado para Teresa y Alberta.
“En el proceso penal instaurado por los hechos del día 26 de marzo de 2006, todavía siguen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por el delito de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro contra servidores públicos federales. Ellas acaban de recibir la notificación de la formulación de las conclusiones acusatorias, es decir, que el Ministerio Público tras analizar todo el expediente pide formular conclusiones acusatorias con una pena de más de 40 años de prisión para ambas”, dice el abogado del Centro ProDH, y se espera que sus casos se definan entre enero y febrero de 2010.
La disparidad en las conclusiones (no acusatorias para Jacinta y acusatorias para Teresa y Alberta), es otra muestra de que la procuraduría no es congruente con sus propios procedimientos. “Con Alberta y Teresa la PGR ya había venido manteniendo la tesis de que ellas sí habían cometido el delito de secuestro. Nosotros sabemos que esto corresponde a una actitud de no respetar los derechos humanos, de seguir vulnerando y discriminando a las mujeres que en su condición de pobreza y de pertenencia a un pueblo originario y que tiene en contra al sistema de justicia, eso es muy grave porque la PGR sabiendo que son inocentes y que no hubo secuestro trata de seguir avalando la actuación de sus funcionarios”, dice Andrés.
Después de que el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la parte acusatoria (PGR) pidió la condena a 40 años a las dos indígenas ñhä-ñhú, ahora la defensa rendirá sus conclusiones de inculpabilidad para luego esperar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito de Querétaro.
Para 2010 se espera que Teresa y Alberta sean absueltas por el Juez Rodolfo Pedraza Longi, aunque dicha posibilidad está en juego ya que en una ocasión anterior él mismo ya les había dictado a las tres sentencias acusatorias (que luego fueron revocadas). Jacinta, luego de más de tres años de cárcel y ahora en libertad continúa apoyando a sus compañeras que el próximo tres de enero cumplirán tres años y cinco meses de reclusión en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
4. Agresiones directas a la libertad de expresión
México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).- México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.
Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sido asesinados y otra más permanece desaparecida (de 2000 a la fecha se han registrado 9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y la autocensura se instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organizado y sus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto de atentados. Las corporaciones policiales y los miembros del ejército intimidan, agreden y
En el ámbito local, los voceadores son agredidos y sus ediciones confiscadas por difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir a periodistas y a comunicadores y comunicadora
Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que la postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.
En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacan las agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.
Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión del Examen Periódico Universaldel Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando a investigar y sancionar a los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones: una general que trata el tema de la impunidad que prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.
Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19 sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”
El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia de legislación, de políticas públicas y de lucha contra laimpunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente de generar mecanismos para proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las periodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.
Centro Nacional de Comunicación Social
5. Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 2009
México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).- En un contexto de degradación de la situación de los derechos humanos, las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos hemos observado el incremento de las amenazas y agresiones en contra. Con la publicación del informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, la Oficina en México de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) se ha hecho eco de esta situación, recogiendo las preocupaciones de la sociedad civil mexicana. El informe es sin duda un indicador importante que recuerda, además, que las agresiones no sólo atentan contra la integridad de quienes defienden derechos sino que envían un mensaje hacia la sociedad en su conjunto, inhibiendo la organización y participación ciudadana.
Esta situación de vulnerabilidad se debe, según el reporte, al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la militarización del país, la desigualdad social y la permanencia de prácticas no democráticas, entre otros factores. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información son también un obstáculo más al trabajo de las y los defensores. Los casos de asesinatos en 2009 y el incremento de las detenciones y la judicialización este 2009 dan cuenta del riesgo que supone defender los derechos humanos.
En el panorama del problema observamos que en Guerrero fueron ejecutados de manera extrajudicial Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Sus cuerpos aparecieron el 20 de febrero tras una semana desaparecidos. Ambos eran reconocidos como defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres. Desde 2008 se viene dando una fuerte persecución en contra de otras organizaciones de Ayutla como la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM), algunos de cuyos miembros han sido amenazados, detenidos o procesados por crímenes que no cometieron, en un contexto de militarización de la región. A pesar de la atención internacional, a raíz de estas ejecuciones se incrementaron las amenazas en su contra y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” se vieron forzados a suspender sus actividades debido a que no existían las condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo y a pesar de existir medidas de protección otorgadas por tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado la criminalización de la que han sido víctimas las defensoras y defensores al considerarlos como parte de la delincuencia organizada o como parte de una supuesta red de subversión que busca desestabilizar el Estado en 2010. El recuento de agresiones no sólo incluye a integrantes de esta reconocida institución, que ha denunciado la militarización del estado y los abusos de poder, sino también a otras como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) con la detención en septiembre de su dirigente José Manuel Hernández Martínez y de otros dos integrantes, estos dos de manera arbitraria, a través de operativos policiales que de manera arbitraria allanaron casas en comunidades del municipio de Venustiano Carranza. Hernandez Martínez, acusado de un delito de despojo, fue liberado posteriormente. Destacan también los casos de la organización de mujeres K’inal Antsetik o integrantes de Enlace, Comunicación y Capacitación, víctimas de vigilancia policial, allanamientos de casas y oficinas e, incluso, de recientes amenazas de muerte. Todo esto en un ambiente de campañas de difamación pública a través de medios de comunicación y de agresiones y cateos por parte de policías y militares en comunidades del estado.
La situación en Oaxaca fue recogida en un diagnóstico elaborado por diversas organizaciones locales. En 2009 destaca el caso de Marcelino Coache Verano, activista sindical y destacado miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien fue secuestrado y torturado durante varias horas el 4 de marzo y puesto en libertad a la mañana siguiente. Él mismo, su familia y las abogadas que llevan el caso han sido víctimas posteriormente de reiteradas amenazas.
Los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales son particularmente vulnerables, destacando los casos en que organizaciones y comunidades se oponen a la industria minera. Comuneros del núcleo agrario de Huizopa, municipio de Maderas, Chihuahua, fueron reprimidos y detenidos en mayo por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, tras una manifestación pacífica ante las instalaciones de la empresa minera Minefinders Inc. En Chiapas de nuevo, Mariano Abarca Roblero líder opositor contra la minera canadiense Black Fire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado en el municipio de Chicomuselo el 27 de noviembre. Y en Morelos el 31 de octubre fue asesinado Miguel Ángel Pérez Casales quien formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Pueblos de Morelos y reconocido defensor del Área Natural Protegida del Texcal, frente a un proyecto de urbanización. Pérez Casales se disponía a asistir a un encuentro para recibir a una delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco.
En el norte del país destacan el asesinato de Paz Rodríguez Ortiz, el 15 de octubre y el de familiares de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua. Paz Rodriguez, de la Asociación de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, intervino ante las decenas de “levantones” y desapariciones perpetrados en 2008 y denunció las detenciones ilegales efectuadas por corporaciones de seguridad. Además, ya había sido amenazado y el 31 de diciembre de 2008 sujetos armados dispararon a su casa. Este contexto de inseguridad ligado al crimen organizado está afectando de manera especial a los defensores de las personas migrantes que operan a través de albergues a lo largo del país. Las agresiones y campañas que buscan deslegitimar su trabajo los convierten en uno de los sectores más vulnerables en estos momentos.
Otros ejemplos de este 2009 son el encarcelamiento en julio de cinco activistas del Movimiento en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche o las detenciones de integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Puebla en junio, agresiones con las que se busca desarticular a organizaciones y sindicatos que se manifiestan por el respeto a sus derechos económicos y laborales.
Ante este panorama, Liliana Valiña, Representante adjunta en México de la OACNUDH, sostiene: “Si bien es cierto que el Estado mexicano ha dado pasos importantes (...), es preciso reconocer que aún no se termina de articular una política pública integral que sea capaz de abrir espacios de interlocución efectivos, que pueda adoptar las medidas de prevención necesarias, reducir y eliminar los factores de riesgo, responder en tiempo a las situaciones de agresión en contra de las y los defensores e implementar medidas urgentes de protección”.
Para las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, se enfrentan nuevos retos para las acciones que desarrollan cotidianamente, por un lado por la complejidad del contexto de violencia en el país; por otro, por los actores que interactual más allá del propio Estado y por la falta de voluntad política de las autoridades para ubicar la problemática.
Centro Nacional de Comunicación Social..
6. Con base en derechos humanos, Movimiento por el Derecho a Decidir
México D.F., 29 de diciembre de 2009 (Cencos).- En México, los derechos reproductivos están consagrados en el Artículo 4º constitucional: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos", sin embargo, sólo el Distrito Federal permite la interrupción legal del embarazo (ILE).
Durante 2009 destaca que legisladores de 17 estados de la República impulsaron reformas constitucionales “a favor de la vida desde el momento de la concepción”, mismas que penalizan con cárcel la interrupción del embarazo o como en el estado de Veracruz, únicamente a aquellas personas que ayuden a practicar el procedimiento.
En el país cada año más de un millón 600 mil embarazos terminan en abortos realizados en la clandestinidad, –registran organizaciones- muchos de ellos con el resultado de la muerte o en daños permanentes a la salud. Cabe resaltar que en el país, las complicaciones por abortos ilegales son la quinta causa de muerte materna.
El caso Yasuri Zac-Nicté joven maya de 22 años, que en octubre pasado esperaba una sentencia de 12 a 30 años de prisión acusada de homicidio doloso tras sufrir un aborto involuntario de 24 semanas, volvió a poner a la luz violaciones a derechos humanos. La joven aún no se encontraba bien físicamente cuando ya esperaba sentencia en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, de modo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo intervino en el caso. Yasuri fue liberada después de que la abogada defensora Gloria Rojas promoviera 72 amparos.
Por la necesidad de una reflexión colectiva, alrededor de 40 organizaciones inscritas en un movimiento amplio por los derechos humanos, al que se sumaron líderes de opinión y ciudadanía, comenzaron a trabajar bajo una perspectiva de género por el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a nivel nacional, en este año, enfocadas a la derogación de las reformas de los estados.
Durante la marcha Por el derecho a decidir, en septiembre pasado, las organizaciones plantearon la necesidad de debatir el aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, no filosóficamente. Promovieron elmanifiesto Por el derecho a decidir y la defensa del Estado laico que contiene: el rechazo a las reformas 17 reformas legales por ser restrictivas de los derechos de la mujer; el rechazo a la injerencia de la jerarquía católica; la exigencia al secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont de sancionar acciones en contra del Estado laico, así como el rechazo a la persecución de mujeres, aún cuando el embarazo es producto de una violación y exigieron al Estado los medios para ejercer la autonomía sexual sin riesgos.
El Movimiento Feminista, que en México tiene más de treinta años trabajando el tema del (ILE), “se ha visto reforzado a raíz del enfoque de las políticas impulsadas por grupos de línea conservadora, lo que pone a prueba la laicidad del Estado mexicano, estos grupos han expresado actitudes machistas y misóginas, impiden el avance de la participación democrática y la incidencia en políticas públicas por parte de las organizaciones”, afirma Aidé García, integrante de la organización Católicas por el derecho a decidir.
El Movimiento también experimentó la participación de la organización masculina, Cómplices por la equidad, organización que trabaja conjuntamente con grupos feministas contra este tipo de reformas “es tiempo de que los hombres nos liberemos de los mandatos hegemónicos de género, -nuestras compañeras, madres, hermanas, e hijas- que deciden interrumpir su embarazo son personas con dignidad y derechos humanos, no criminales y tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, declararon en septiembre pasado durante un acto público.
Aidé García expuso que durante el año, el trabajo de las organizaciones, ha estado encaminada a reforzar el diseño de una estrategia integral para generar opinión pública favorable, además de información para la población, teniendo como línea la no promoción del aborto sino la sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, lo que incluye el logro del ILE.
Para 2010, el movimiento seguirá encaminado a vigilar el cumplimiento de la norma oficial (NOM) 046 que especifica la atención a víctimas de violencia sexual, y que fue un compromiso adquirido por el Estado mexicano, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que quedó embarazada consecuencia de una violación en 1999, las autoridades de Baja California le negaron la interrupción legal del embarazo.
El pasado 16 de diciembre fue lanzada la campaña de recolección de firmas- a través de la red social facebook para impulsar una acción de inconstitucionalidad a las 17 reformas que esperan promueva Raúl Plascencia Villanueva presidente de la CNDH, atendiendo una posición de visión de Estado. La carta plantea “Como mexicanas y mexicanos, preocupados por el acontecer nacional, hemos tenido noticia de que al menos 16 entidades federativas han aprobado reformas a sus Constituciones Locales con el fin de “proteger el derecho a la vida desde la concepción”. Consideramos que tales reformas entran en conflicto con criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contradicen y vulneran lo estipulado en diversos Tratados Internacionales ratificados por México. Existen, además, diversos antecedentes internacionales al respecto”, indica la carta.
Sin duda, una verdadera democracia necesita condiciones para que ciudadanos y ciudadanas elijan y ello, se construye desde el estado laico, que respeta los derechos de las mujeres a decidir y genera condiciones para ello. Lo que ha pasado este 2009 en los estados de la república es una muestra de lo mucho que falta en nuestro país.
Centro Nacional de Comunicación Social
7. Ejército en las calles
“Un compromiso ineludible que contribuye el fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de los
servidores públicos encargados de la seguridad pública, es el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las tareas prioritarias del Estado y su
cumplimiento es un indicador clave de su eficacia”. (Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012)
México D.F., 30 de diciembre de 2009 (Cencos).- Ante la creciente inseguridad por el avance del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública es la apuesta del Ejecutivo federal para proteger a las personas en México. Sin embargo, la estrategia aunque menciona en el discurso el “respeto irrestricto a los derechos humanos”, en los hechos van en ascenso las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por elementos del Ejército.
El presidente Calderón afirmó en agosto pasado en Guadalajara, Jalisco, que en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.”
Actualmente el Ejército tiene autoridad legal para detener a personas señaladas de cometer algún delito cuando auxilia al Ministerio Fiscal y a la policía en la ejecución de una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que comete un delito. En ese contexto resaltan diversas preocupaciones en torno al Ejercito involucrado en las tareas de seguridad pública.
Las organizaciones civiles: Amnistía Internacional/Sección México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación impulsaron el proyecto No Más Abusos, en el que han realizado un monitoreo sistemático de los abusos militares contra civiles, iniciativa civil independiente queregistró entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009 un total de 82 casos de abusos militares documentados por medios de comunicación tanto nacionales como estatales y en los que se vieron afectadas 387 personas.
De acuerdo a información solicitada por el Centro Prodh, el Ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones (acceso a petición de información por Centro Prodh a través de IFAI/Infomex a SEDENA, [folio 0000700175808, 0000700176108, 0000700176308, 16 de diciembre de 2008]).
En tanto que en el primer semestre del año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, mil 230 en todo el año 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006; en 2006 no hubo ninguna recomendación, en 2007 se emitieron siete, 14 en 2008 y 25 hasta octubre de 2009.
Otro ejemplo de la problemática a nivel estatal en las que el Ejército ha tomado “plazas” como parte de las acciones contra el crimen organizado es que, entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez recibieron más de mil 300 quejas de abusos por parte de integrantes del Ejército (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 2009).
Otro de los aspectos cruciales del respeto de los derechos humanos vinculados al Ejército y la impartición de justicia es la jurisdicción militar. En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan delitos que afecten a la población, como los relacionados con violaciones de derechos humanos, seguirán siendo juzgados por los tribunales militares, con lo que evadió los argumentos en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares sean juzgados por militares cuando hayan cometido delitos federales o locales que involucren a la población, viola lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero el 15 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco Vs México ordena al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que contempla la jurisdicción militar en casos de delitos cometidos por militares en servicio en contra de civiles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la jurisdicción militar debe tener un alcance mínimo en tiempos de paz, de carácter restrictivo y excepcional vinculado únicamente a las funciones propias de las fuerzas militares. En este sentido, la jurisdicción militar no es el fuero competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, las cuales deben ser investigadas por la justicia ordinaria, lo que abre la puerta a que las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares encuentren justicia.
El Ejécito mexicano es una de las instituciones nacionales con mayor prestigio, pero involucrarlo en tareas para las que no está calificado merma ese prestigio que tiene entre la población. La participación del Ejército en seguridad pública debe ser con medidas de control y asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Centro Nacional de Comunicación Social
8. Atenco: Ejemplo del uso político de la justicia
México D.F., 30 diciembre de 2009 (Cencos).- Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco en el Estado de México contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.
La detención de los pobladores de San Salvador Atenco en el Estado de México integrados en el FPDT, se ubica como caso emblemático del uso de la fuerza pública para “resolver” conflictos, en un claro desprecio del Estado por el respeto a los derechos humanos en el marco de la criminalización de los movimientos sociales.
El operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales dejó un saldo de 207 personas detenidas, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales.
Desde entonces, la impunidad rodea los abusos cometidos por elementos de las fuerzas policiacas así como el político de los procedimientos legales y la falta de acceso a la justicia de los detenidos de 2006. En 2009. la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un dictamen en el que admite las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en mayo de 2006 en Atenco, sin embargo omitió los nombres de las personas que los cometieron, lo que contribuye a que se mantenga la ausencia de impartición de justicia.
Asimismo este año, aquellos que tomaron decisiones sobre esta forma de como “hacer justicia y el respeto del estado de derecho”, como Wilfrido Robledo Lamadrid, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los responsables del diseño y la ejecución de los operativos policiales en San Salvador Atenco y Texcoco mientras se desempeñaba como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense en mayo de 2006, fue nombrado titular, de la Policía Federal Ministerial perteneciente a la Procuraduría General de la República, con lo que queda patente la impunidad en relación a las responsabilidades de este funcionario.
En el caso Atenco, desde 2006 a la fecha se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y a otras 9 personas (Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) con sentencias a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle (hija de Igancio del Valle) y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso legal en libertad.
En este contexto, alrededor del FPDT se han sumado voces de la sociedad civil, que denuncian la violación de derechos humanos a las víctimas de la represión en 2006. De esta forma en febrero de este año surgió la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco en la que participan defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, actores, actrices, músicos y personas, que ha realizado diversas acciones para demandar la liberación de las personas que se encuentran en prisión injustamente.
La acción más reciente de dicha Campaña se dio en la SCJN, donde acudieron integrantes del FPDT para entrevistarse con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
En entrevista para Cencos, el abogado Leonel Rivero Rodríguez a nombre de la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, sostuvo que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo “refrendó ante los familiares y abogados de los 12 presos el compromiso que ante ellos había asumido en el mes de enero de 2009, en el sentido de que tan pronto se promovieran las demandas de amparo en contra de las sentencias condenatorias, el ministro haría la propuesta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que ejercitara la facultad de atracción y fuera esa instancia la que resolviera los juicios de amparo. El Ministro Gudiño Pelayo se comprometió a que en la primera (13-enero-2010) o segunda sesión (20-enero-2010) de la Primera Sala llevaría la propuesta de atracción.”
Los defensores legales de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, Leonel Rivero Rodríguez, Sandino Rivero Espinosa y Luisa A. Rivero Espinosa “prospectivamente consideramos que tenemos altas posibilidades de que la Primera Sala de la SCJN conceda el amparo a nuestros representados, y por ende, revoque las sentencias condenatorias que les fueron impuestas.
“Esa situación puede materializarse tal vez entre los meses de junio a septiembre de 2010”, enfatiza la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.
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9. Criminalización de la migración
México D.F., 8 de enero de 2010 (Cencos).- El crecimiento del número de personas migrantes en México en los últimos 30 años tiene origen en la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las mexicanas y mexicanos. En gran medida resulta en la expulsión de fuerza de trabajo tanto nacional como de otros países, y que han dirigido a su población en nuestra región hacia Estados Unidos principalmente. México además de ser un país con población migrante, también es un territorio por el que deben cruzar personas hacía Estados Unidos y con ello, enfrentar los riesgos de su travesía sin protección alguna.
Vulnerabidad de personas que atraviesan el territorio mexicano
La vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes fue expuesta por Jorge Bustamante, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organzación de las Naciones Unidas, (ONU), en suinforme de agosto de 2009 en el que enfatiza que la criminalización de los migrantes por el “delito” de encontrarse en un país sin los documentos adecuados: esto los hace vulnerables a posibles actos de racismo o xenofobia en las sociedades de los países en cuestión.
“La sociedad distorsiona su situación, los considera 'delincuentes' y rápidamente los relaciona con la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y el robo. La condición de indocumentados hace vulnerables a muchos migrantes al punto que son presa fácil de las redes delictivas.”
Aunado a lo anterior, en 2009 las personas migrantes y sus familiares enfrentan en su travesía al crimen organizado, que ha extendido su campo delictivo al secuestro de personas migrantes en tránsito por México. En el Informe Especial sobre Secuestro a Transmigrantes presentado en junio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con información de las comisiones estatales de derechos humanos, ubicó en 10 mil las personas migrantes víctimas de secuestros en el primer semestre del año, lo que dejó ganancias por 25 millones de dólares al crimen organizado.
Al respecto María Canchola, coordinadora de Incidencia y Enlace del Servicio Jesuita a Migrantes en México destacó que “ha sido muy difícil documentar las violaciones a los derechos de las personas; la mayoría de los migrantes secuestrados no están dispuestos a denunciar y en gran medida se debe a que la Ley General de Población impide a personas de manera irregular en México hacer algún tipo de denuncia.”
La Pastoral de Movilidad Humana que congrega un gran numero de casas albergue para personas migrantes en el país, ha aumentado su relación en materia de seguridad con autoridades como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación así como con congresos estatales locales debido a las agresiones por parte del crimen organizado. Esto a partir de la xenofobia que se desató en el caso de un migrante señalado de asesinar a una persona, y en el que se vio involucrada la Casa Belén Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila.
María Canchola enfatizó que el tema de seguridad “es difícil de abordar porque las autoridades asumen que lo que tiene que hacer es regular el trabajo que hacen las casas de migrantes, justamente eso sucedió después del incidente en la Casa Belén Posada del Migrante, cuando el Congreso local lanzó una llamada y una iniciativa para regular el trabajo del albergue porque entienden que podrán tener el control de los migrantes.”
Por tal motivo la Pastoral de Movilidad Humana entregó una serie de recomendaciones al Senado como la reforma del articulo 67 de la Ley Federal de Población que actualmente impide a las personas que están de manera irregular en el país presentar denuncias y se les dé seguimiento sin ser deportadas, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y esta detenida en la Cámara de Diputados, además de la iniciativa que esta en el Senado de incluir en la Ley General de Población el procedimiento de trabajadores migratorios de países como Guatemala y Belice con respecto al convenio existente con México.
Connacionales en EU
México se ha convertido en el país con mayor emigración del mundo, “perdemos cada año mas de medio millón de mexicanos; hoy, México tiene 12 millones de emigrantes o personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos y 30 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos contribuyendo a la economía de ese país con mas de 650 mil millones de dólares”, afirmó el Dr. Raúl Delgado Wise presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo en entrevista para Cencos.
La caída de las remesas que los emigrantes enviaron al país en 2009 se han visto mermadas no por el regreso de los mexicanos al país, si no por la falta de empleo en Estados Unidos, sin embargo el volver para las personas migrantes no es su primera opción, ya que en México no existe certeza de fuentes de trabajo. Delgado Wise destacó que “muchas veces las familias mexicanas envían dinero en sentido inverso para que se puedan mantener aquellos migrantes que han perdido sus empleos y esperen mejores tiempos valorando que tienen mejores oportunidades allá; la caída de las remesas tiene que ver con el desempleo que están sufriendo los mexicanos derivado de la crisis profunda que sufre Estados Unidos.”
Tanto María Canchola como Delgado Wise coinciden en que se necesita continuar en la búsqueda de interlocución con las autoridades, y que los espacios de discusión como el Foro Global sobre Migración y Desarrollo que México presidirá en 2010, no sirva como un espacio de legitimación del Estado. Los organismos civiles deberán conjuntar esfuerzos para cubrir la mayor parte de espacios con propuestas concretas sin duplicar esfuerzos para combatir la difícil situación que viven los migrantes y sus defensores.
Sin duda uno de los temas en materia de los derechos humanos en México se ubica en las personas migrantes y que día con día enfrentan más condiciones de vulnerabilidad.
Centro Nacional de Comunicación Social
10. Minera San Xavier pasa de facto por encima del orden jurídico mexicano
México D.F., 12 de enero de 2009 (Cencos).- Las actividades minero-metalúrgicas en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, son ejemplo de cómo las industrias mineras han violado el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la consulta de la población y en general han pasado por encima del estado de derecho en nuestro país.
Durante 2009, tras diez años de litigios y lucha del Frente Amplio Opositor (FAO), se dieron importantes pasos para la expulsión de la Minera San Xavier, subsidiaria de la trasnacional canadiense, New Gold, aunque ésta, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (5 de octubre de 2005) confirmada en su contra el 14 de octubre de 2009, que le impide continuar con cualquier actividad, ha conseguido la suspensión de la clausura otorgada por un juzgado de circuito en San Luis Potosí el pasado 14 de diciembre.
Esto significó que el 16 de diciembre la minera reiniciará la explotación de oro y plata con el método de lixiviación con cianuro a cielo abierto, por lo que los sellos de clausura de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) duraron menos de un mes.
Martín Faz Mora, integrante del FAO, declaró en entrevista para el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que “el día de la clausura las autoridades de la Profepa estuvieron cerca de 9 horas en las instalaciones de la empresa reunidos con los abogados de la empresa con los que hay una larga trayectoria de complicidad”, de lo cual se concluye que esta clausura fue “a modo” dejando espacio para el amparo otorgado por el Juez Primero de Distrito de SLP y para la continua violación de derechos humanos por parte de Minera San Xavier.“El día que vino a hacer la clausura lo hizo porque realmente no tenía de otra. Ha sido una persona totalmente cargada hacia los intereses de la empresa”, agrega el activista.
Ante la situación San Luis Pro Ecológico, organización de la sociedad civil integrante del FAO que lleva el litigio estratégico contra la empresa de capital canadiense, interpuso un juicio de garantías y un incidente de suspención ya que ni siquiera se les aviso del amparo.
27 millones de litro de agua son contaminados cada día en el proceso de lixiviación con cianuro, dejando como resultado la contaminación general en toda la zona y la sobreexplotación del acuífero. Además las constantes detonaciones simbran el suelo de San Pedro y llenan de polvo el ambiente de la comunidad. El cerro de San Pedro, que ilustra el escudo de San Luis Potosí, se encuentra próximo a desaparecer, sin importar que esta zona este protegida por ley.
La resolución judicial es muy clara en cuanto a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no debió haberles dado el permiso ambiental por dos elementos básicos: uno que es una zona protegida por un decreto de 1993 que declara toda la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí como zona de protección de reserva ecológica y; dos, que en esos casos cuando se quiere hacer un proyecto de esta naturaleza hay que presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica y la empresa nunca lo hizo, sino que presentó una MIA general.
Minera San Xavier no se ha apegado a las leyes mexicanas, pero tiene a su favor el concentimiento de las autoridades en los tres niveles de gobierno y “lleva al país a una situación de ingobernabilidad por su desacato a los fallos judiciales”, explicó Juan Carlos Ruíz Guadalajara, historiador e integrante del FAO.
Además de la vía jurídica existen otros frentes de lucha donde los opositores a la minera (ejidatarios, pobladores y organizaciones), han visto en riesgo su integridad. La más reciente de estas agresiones ocurrió el viernes 11 de diciembre, cuando una comitiva de la Cámara del Diputados iba a ser recibida fuera de las instalaciones de la minera por el FAO, pero antes de que la comisión llegara, trabajadores de MSX provocaron y agredieron a los opositores.
La decisión de la trasnacional de pasar por encima de la ley en México, encuentra explicación en el plano internacional. La actual estrategia de desacato se montó con altos niveles de operación política y empresarial, ante la posibilidad de enormes pérdidas económicas en la bolsa de Toronto y de cara a la imparable subida del oro en los mercados internacionales. Se trata de aprovechar la euforia mundial por el precio del oro mientras el dólar se mantiene débil, se lee en un comunicado del Frente.
“Las mineras canadienses -dice Martín- tienen sus ojos puestos en América latina y también en México. Sabemos que hay muchos proyectos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De alguna manera la lucha que el FAO ha hecho muestra que existen caminos para combatir estas empresas aunque desde luego son muy complicados”.
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