La Jornada 15 abril 2010

Normalización Galvanizada

Víctor M. Quintana S.

Por más que las rechacemos, son importantes las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, justificando el estado de excepción de facto que se vive en varias partes del país. Nadie como él se ha atrevido a expresar con tanta sinceridad y claridad el proyecto del gobierno de Calderón de normalizar lo que todavía los ciudadanos consideramos anormal. De que aceptemos, como diría Orlando Fals Borda, la normalización de la violencia con todas las aberraciones que ésta acarrea, como un dato de la vida cotidiana.

Chihuahua podría ser un excelente laboratorio para Calderón, muy interesado él en la lucha de percepciones. Aquí los principales actores gubernamentales y políticos se conducen como si la normalidad no hubiera sido alterada. No importan los 5 mil 600 homicidios dolosos de los dos años que han durado los operativos u operaciones conjuntas, los 225 secuestros denunciados o las 37 mil extorsiones. Tampoco pesa el que, además de los municipios desolados de la Alta Babícora, ahora el crimen organizado asuele las dos municipalidades del valle de Juárez, matando, incendiando, obligando a emigrar a sus aterrados habitantes. El estado donde nada ocurre en el país donde no pasa nada.

Por fin el Ejército vuelve a sus cuarteles, lo que debiera ser normal, pero sin rendir cuenta de los resultados de su actuación, sin presentar a los jóvenes levantados por elementos de la tropa ni mucho menos juzgar en los tribunales civiles a los militares violadores de derechos humanos. Todo esto es anormal, ilegal, pero el titular de la Defensa lo quiere normalizar y hasta legalizar.

Por otro lado, cuando ya casi nos habían acostumbrado a pensar que esta guerra contra el crimen organizado es normal, resulta que la FBI revela en El Paso, Texas, que a resultas de esta guerra, que más que del Estado contra la delincuencia organizada, es de cártel contra cártel, el del Chapo Guzmán controla ya este importante corredor de la droga hacia Estados Unidos, en detrimento del cártel de Juárez, en retirada. Habrá que normalizar, pues, la percepción de que la intervención policiaca militar siempre desemboca en el debilitamiento de un cártel y el fortalecimiento de otro.

El gobierno federal actúa como si todo en Juárez fuera normal, sin sentido de emergencia. El tan propagandizado programa Todos somos Juárez muere de inanición. Fuera de algunas inversiones y acciones en educación y en salud, no ha habido sensibilidad ni imaginación para enfrentar la emergencia social y de seguridad. Ni siquiera el urgente programa de regularización de carros chocolates, muy demandado por todos los sectores sociales, ha funcionado. Las reglas para regularizar son tan complicadas y los costos tan altos que nadie se ha acogido a él.

La mayoría de los partidos políticos, sobre todo el PRI y el PAN, los organismos electorales y el propio gobierno se conducen como si el proceso electoral que culmina el 4 de julio se realizara dentro de toda normalidad. Que los precandidatos sean amenazados por el crimen en sus personas o en las de su familia, que no se encuentren candidatos para algunas alcaldías, que no se tenga calculado si todas las casillas se podrán instalar; que vuelva a contender por la alcaldía de Juárez aquel cuyo director de seguridad pública fuera aprehendido por la DEA por sus vínculos con el narco y en cuya administración prohijaron pandillas, todo esto, si no es normal, se normaliza. Para la mayoría de la clase política el problema no es que corra la sangre en el estado: el problema es que vaya a salpicar las urnas.

Pero todo esto no es lo peor. Que Ejército, gobierno federal, gobierno estatal, partidos, organismos electorales quieran normalizar la situación de terror, las masacres, las operaciones de limpieza contra los minoristas de droga, ceder el territorio de esta frontera a uno de los cárteles: que no quieran reconocer el estado de excepción ni la anormalidad democrática que se da en torno al proceso electoral, puede entenderse dentro de la lógica de conservación del poder, así sea compartido con los poderes fácticos. Lo que es terrible para entender es que ante todas estas agresiones cotidianas, anormales al estado de derecho, a la justicia, a la democracia, la ciudadanía no nos hayamos podido erguir contra el proyecto desde arriba de normalizar lo inaceptable. Porque la postura mayoritaria de la población sigue siendo el miedo o el refugio en lo individual.

Fuera de ciertos grupos y organizaciones no se ha logrado construir el sujeto colectivo que pida cuentas, exija, que la única normalidad aceptable es la de la justicia y el derecho.

Y esto de veras preocupa porque ahora es Juárez, es Chihuahua, y pronto será México entero.