Contra la desaparición forzada, de ayer y hoy. Centro Prodh

Dossier de prensa

La violencia imperante en México ha ofrecido a los gobernantes pretextos recurrentes para vulnerar el Estado de Derecho. Bajo el argumento de la seguridad han sido empleadas medidas duras que vulneran sistemáticamente los derechos humanos de la población. El silencio constante de las autoridades en torno a los crímenes de Estado cometidos en las últimas décadas da vida a la impunidad y contribuye a la existencia de violaciones masivas a los derechos humanos en el país. La actuación del Estado mediante prácticas criminales –desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, entre otras– lejos de ser asuntos del pasado adquieren un carácter relevante porque son prácticas que persisten debido a que no hay mecanismos para limitar eficientemente la actuación arbitraria de los más diversos poderes –gubernamentales o no–. Con su persistencia, la impunidad recibe aliento.

Caso emblemático de impunidad, ausencia de investigación y falta de sanción a los responsables, el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en décadas recientes continúa siendo uno de los grandes pendientes. Al no haber ni justicia, ni verdad, ni mucho menos reparación, se pierde la posibilidad de erradicar para siempre los crímenes de lesa humanidad. Revertir esta situación es indispensable para avanzar hacia una etapa realmente democrática.

1 Desaparición forzada en México

De fines de los años sesenta a inicios de los años ochenta del siglo XX el Estado mexicano recurrió a la práctica de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos ordinarios para garantizar su propia seguridad. Cometió estos crímenes en su actuación contra grupos insurgentes armados y extendió su práctica contra opositores políticos, contra integrantes de movimientos sociales e incluso contra quienes no participaban en actividades políticas.

En esos años fueron cometidas numerosas desapariciones forzadas de personas cuyos familiares mantienen vigente la demanda de verdad sobre la suerte o sobre el paradero de sus seres queridos. En sus Observaciones preliminares sobre su reciente visita a México, el Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) afirma que de las desapariciones forzadas cometidas durante esos años, sólo “2.5% de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal, y sólo 20 de esos casos fueron consignados ante una autoridad judicial”. Según los informes que este Grupo de trabajo recibió, “hasta el día de hoy las investigaciones ministeriales continúan, pero […] ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está a la espera de juicio por el delito de desaparición forzada”. Reconoce el GTDFI que durante su reunión con la Procuraduría General de la República (PGR), ésta “no aportó ninguna información específica respecto de las líneas de investigación, los avances sustantivos en las indagatorias, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta, el deterioro de las condiciones socioeconómicas y la inexistencia de las vías democráticas para la participación política confluyeron en la radicalización de algunos sectores organizados; en su contra, las violaciones a derechos humanos fueron graves y sistemáticas.

En algunos estados de la república mexicana el Estado mexicano actuó contra los opositores políticos (armados o no) principalmente a través del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), adscrita a la Secretaría de Gobernación. La manera en que ambos cuerpos se condujeron ha sido ampliamente documentada; se ha comprobado, por citar sólo un ejemplo, la existencia de cuerpos creados ex profeso para exterminar a la oposición, como la Brigada Blanca. A pesar de que este cuerpo irregular operó formalmente a partir de 1976, desde inicios de la década la DFS y el Ejército trabajaron en la integración de un grupo especial antiguerrilla al que se sumaron al menos nueve agrupaciones policiales y militares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó en su Recomendación 26/2001 que durante la etapa histórica a la que nos referimos, las corporaciones integradas a la Brigada Blanca “intervinieron en la desaparición forzada de los agraviados, cuyos casos resultaron positivos a la luz de los hechos comprobados por virtud de las investigaciones efectuadas por esta Comisión Nacional”.

2 Desaparición forzada de Alicia de los Ríos

En la década de los sesenta existía descontento social general en el estado de Chihuahua por la inequitativa repartición de la tierra en unas pocas manos. A principios de la década se inició un movimiento de estudiantes que buscaba organizarse para contar con mayores libertades y posibilidades de participación política. Se organizó entonces el Grupo Popular Guerrillero de la Sierra (GPG). Su última acción se produjo el 23 de septiembre de 1965 en Ciudad Madera, un pueblo de la sierra chihuahuense. Arturo Gámiz, profesor normalista, era uno de los dirigentes del GPG que organizó el asalto al cuartel militar ubicado en Ciudad Madera, Chihuahua.[6]

En junio de 1968 el movimiento inquilinario junto con estudiantes, ferrocarrileros y otros trabajadores, iniciaron la invasión de tierras en la ciudad de Chihuahua. La demanda de vivienda, o de terreno para construir su casa, hizo que cientos de personas asistieran a los actos de invasión. Muchos estudiantes que participaban en movimientos sociales, junto con campesinos que habían estado relacionados con grupos guerrilleros rurales, después de la represión estudiantil del 10 de junio de 1971 en la ciudad de México, se convencieron de que los caminos de lucha democrática estaban cerrados.

Ignacio Salas Obregón, proveniente del Movimiento Estudiantil Profesional, se vinculó con otros estudiantes que habían optado por la acción armada. Uno de ellos fue Raúl Ramos Zavala, del grupo Los Procesos. La idea de reunir a todos los grupos armados en una Coordinadora Nacional se concretó el 15 de marzo de 1973, en Guadalajara, Jalisco. Así surgió la Liga Comunista 23 de Septiembre.

A partir de su ingreso al Instituto Tecnológico de Chihuahua, en 1967, Alicia de los Ríos Merino se integró al activismo; su ámbito de acción era la huelga, las movilizaciones en las plazas públicas para informar a la población y brigadas a las colonias populares.

En 1973, aún estudiante de ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico, Alicia de los Ríos ingresó a la Liga 23 de Septiembre por invitación de los hermanos Salvador y Luis Miguel Corral García, ambos ejecutados en 1974 y 1977, respectivamente, por elementos de la Dirección Federal de Seguridad.

Durante tres años Alicia de los Ríos vivió en la clandestinidad en diferentes ciudades, como Chihuahua, Ciudad Juárez, el Distrito Federal y en campos agrícolas de Sinaloa. En enero de 1976 participó en la liberación de seis presos políticos, también de la Liga Comunista 23 de Septiembre, del penal de Oblatos en Guadalajara, Jalisco. Uno de los fugados, Enrique Pérez Mora, se convirtió en su pareja. Alicia se embarazó pero poco después Enrique Pérez murió debido a un enfrentamiento con miembros de la Dirección Federal de Seguridad en Culiacán, Sinaloa, el 16 de junio de 1976.

En febrero de 1977 la señora de los Ríos dio a luz a su hija del mismo nombre, Alicia de los Ríos Merino, a quien mandó a la ciudad de Chihuahua al cuidado de sus abuelos Alicia Merino y Gilberto de Los Ríos. La señora Alicia de los Ríos se reincorporó a la dirección militar de la Liga y permaneció en el Distrito Federal hasta enero de 1978, fecha en que se tiene registrada su detención.

El 5 de enero de 1978 tuvo lugar un enfrentamiento entre miembros de la Liga Comunista y más de 22 agentes de la Dirección General de Policía y Tránsito y de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, aproximadamente a las 16:10 horas en la avenida de los Cien Metros y Poniente 128 de la colonia Nueva Vallejo en el Distrito Federal.

La señora Alicia de los Ríos Merino fue detenida en la casa número 6 de la vecindad número 5275 bis, de la calle Norte 15 A, a escasos metros de la calle Poniente 128 de la colonia Nueva Vallejo. Su detención se realizó por agentes de la entonces División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, luego del enfrentamiento a tiros en el que resultaron muertas tres personas: Sergio López López, Antonio Solís Rodríguez y Pedro Contreras Gutiérrez. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas Alicia de los Ríos Merino. Según versiones de los vecinos del inmueble donde Alicia fue detenida se presume que iba herida, ya que su blusa estaba manchada de sangre a la altura de la clavícula derecha. Ese mismo día su hermana, Martha de los Ríos Merino, recibió una llamada telefónica de Alicia que le decía apresuradamente “búscame porque me van a detener”.

leer más