Ya van 145 cadáveres encontrados en fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas.
Y todavía Calderón tiene el cinismo de reconvenirnos -con golpes de atril incluidos- por no dirigir nuestro ¡Ya basta! a los criminales en lugar de al gobierno. Si en agosto del año pasado en ese mismo lugar se encontraron los cuerpos de 72 inmigrantes ejecutados, presuntamente luego de haber sido secuestrados por el cártel de los Zetas, era de suponerse que el gobierno federal se habría aplicado en blindar el estado de Tamaulipas, dada la gravedad de la tragedia y los reclamos entendibles de los gobiernos de origen de los jóvenes masacrados. No sabemos si se mandaron refuerzos policiales y militares, es de suponerse que sí. ¿Y? ¿Cómo hemos de entender que se siguieran cometiendo crímenes colectivos de tal trascendencia? ¿Ineptitud, complicidad, indiferencia?
No es posible concebir que el gobierno mexicano ignore cuáles son sus obligaciones. Es decir, ¿no es el Estado quien debe garantizar la seguridad de la población? Si no lo hace ¿no tenemos derecho a exigirle que cumpla con su trabajo?
Si no es ignorancia, que no puede serlo, entonces es perversidad. ¿Cómo intenta el gobierno calderonista empujar a la población a cuestionar a la delincuencia? A la ciudadanía inerme exigirle al crimen organizado que le pare a la violencia, ¿entonces el Estado para qué está? Las afirmaciones tautológicas de Calderón sobre que son los delincuentes quienes delinquen no explica ni ayuda gran cosa y sí insiste con brío en sembrarnos la aceptación de la ineludible cuota de sangre a pagar.
Como señalaban en alguna de las marchas realizadas en respuesta al grito y llamado ¡ya estamos hasta la madre! de Javier Sicilia: "el gobierno les llama daños colaterales, nosotros les llamábamos amigos". Buenos, malos o regulares, inocentes o culpables, todos los muertos eran hijos, hermanos, familiares de alguien; generalmente jóvenes, casi siempre pobres, anónimos gran parte de ellos; juzgados a ojos vistas en su calidad de cadáveres, sin investigación, juicio ni condena legal, sólo la palabra de policías, militares, armada o autoridades varias.
Ahora hay una nueva propuesta de Felipe Calderón, enviada al Congreso de la Unión: reclasificar las prisiones y crear una nueva categoría: la “súper máxima seguridad”. Cuando ésta no dé resultados se le ocurrirá la creación de una "ultra super máxima seguridad" y así al infinito. El gobernador priísta de Nuevo León -ahora con el respaldo del alcalde panista de Monterrey- también tiene una propuesta: reducir la edad penal en vista de que muchos delincuentes son menores de edad. Otra vez tiene razón Javier Sicilia: no tienen imaginación más que para la violencia. El alcalde panista de San Pedro -el municipio más rico del país- "preocupado" por la inseguridad de su entidad (especialmente robos) ha decidido levantar un censo de trabajadores domésticos y vendedores ambulantes en lo que seguramente considera, y con él quizá la mayoría de sanpetrinos, la manera de controlar - cerrar la entrada a personas ajenas al municipio: San Pedro, no pasar, propiedad privada. Agresión, violencia pura. El cerebro no les da para más.
Los gobiernos, panistas particular pero no únicamente, son proclives a desentenderse de sus responsabilidades sociales (para los grupos de poder económico sí encuentran siempre modo y tiempo de apuntalarlos); recordemos el "yo no soy bombero" del local Fernando Canales, el "yo por qué?" de Fox y el ahora "ya basta" que Calderón quiere que los ciudadanos dirijamos a la delincuencia. Sí les gusta ser el centro de atención y ejercer el poder -con las consiguientes prerrogativas - pero no las obligaciones para con el populacho (así han de considerarnos pues no nos repetan).
Ya es hora de despabilarnos y poner las cosas al derecho. Ellos deben hacer su trabajo, y bien. Si no lo hacen los podemos mandar mucho a... su casa. Si además violentan nuestros derechos, deben ser juzgados , condenados y el daño resarcido. Aunque en el caso actual, ni 40 mil condenas a Calderón podrán reparar el dolor, la tristeza ni la descomposición del tejido social provocados.
Alondra
RCP en NL
No es posible concebir que el gobierno mexicano ignore cuáles son sus obligaciones. Es decir, ¿no es el Estado quien debe garantizar la seguridad de la población? Si no lo hace ¿no tenemos derecho a exigirle que cumpla con su trabajo?
Si no es ignorancia, que no puede serlo, entonces es perversidad. ¿Cómo intenta el gobierno calderonista empujar a la población a cuestionar a la delincuencia? A la ciudadanía inerme exigirle al crimen organizado que le pare a la violencia, ¿entonces el Estado para qué está? Las afirmaciones tautológicas de Calderón sobre que son los delincuentes quienes delinquen no explica ni ayuda gran cosa y sí insiste con brío en sembrarnos la aceptación de la ineludible cuota de sangre a pagar.
Como señalaban en alguna de las marchas realizadas en respuesta al grito y llamado ¡ya estamos hasta la madre! de Javier Sicilia: "el gobierno les llama daños colaterales, nosotros les llamábamos amigos". Buenos, malos o regulares, inocentes o culpables, todos los muertos eran hijos, hermanos, familiares de alguien; generalmente jóvenes, casi siempre pobres, anónimos gran parte de ellos; juzgados a ojos vistas en su calidad de cadáveres, sin investigación, juicio ni condena legal, sólo la palabra de policías, militares, armada o autoridades varias.
Ahora hay una nueva propuesta de Felipe Calderón, enviada al Congreso de la Unión: reclasificar las prisiones y crear una nueva categoría: la “súper máxima seguridad”. Cuando ésta no dé resultados se le ocurrirá la creación de una "ultra super máxima seguridad" y así al infinito. El gobernador priísta de Nuevo León -ahora con el respaldo del alcalde panista de Monterrey- también tiene una propuesta: reducir la edad penal en vista de que muchos delincuentes son menores de edad. Otra vez tiene razón Javier Sicilia: no tienen imaginación más que para la violencia. El alcalde panista de San Pedro -el municipio más rico del país- "preocupado" por la inseguridad de su entidad (especialmente robos) ha decidido levantar un censo de trabajadores domésticos y vendedores ambulantes en lo que seguramente considera, y con él quizá la mayoría de sanpetrinos, la manera de controlar - cerrar la entrada a personas ajenas al municipio: San Pedro, no pasar, propiedad privada. Agresión, violencia pura. El cerebro no les da para más.
Los gobiernos, panistas particular pero no únicamente, son proclives a desentenderse de sus responsabilidades sociales (para los grupos de poder económico sí encuentran siempre modo y tiempo de apuntalarlos); recordemos el "yo no soy bombero" del local Fernando Canales, el "yo por qué?" de Fox y el ahora "ya basta" que Calderón quiere que los ciudadanos dirijamos a la delincuencia. Sí les gusta ser el centro de atención y ejercer el poder -con las consiguientes prerrogativas - pero no las obligaciones para con el populacho (así han de considerarnos pues no nos repetan).
Ya es hora de despabilarnos y poner las cosas al derecho. Ellos deben hacer su trabajo, y bien. Si no lo hacen los podemos mandar mucho a... su casa. Si además violentan nuestros derechos, deben ser juzgados , condenados y el daño resarcido. Aunque en el caso actual, ni 40 mil condenas a Calderón podrán reparar el dolor, la tristeza ni la descomposición del tejido social provocados.
Alondra
RCP en NL
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