Tantos males y los que faltan. La muerte de Don Ramón Durán, Ensenada BC

LA MUERTE DE DON RAMON DURAN GARCIA

Por Raúl Ramírez Baena*

Vamos a continuar de la mano del Ejército combatiendo firmemente
al crimen organizado hasta restablecer la tranquilidad que merecen
los bajacalifornianos. Por ello, el honorable

Ejercito Mexicano seguirá trabajando de manera comprometida y de la mano

con los tres órdenes de gobierno con el fin de tener mayor seguridad en todo el país.

José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador Constitucional de Baja California

En ocasión de la toma de protesta de la Canaco-Tijuana, 7 de abril de 2011

Don Ramón Durán García, empresario ganadero ensenadense de 84 años de edad, vivía gravemente enfermo en el poblado de Maneadero, Mpio. de Ensenada, con su hija María Guadalupe Durán Durán, su yerno Javier Delgado Luna, comerciante de verduras, y su nieto Javier Delgado Durán, de 12 años, estos dos últimos, ciudadanos estadunidenses.

El 7 de marzo de 2011, sin proponérselo, su destino y el de su familia cambió trágicamente al irrumpir de manera violenta en su domicilio, durante la noche, un comando no identificado de 6 hombres fuertemente armados, encapuchados, vestidos de negro y sin identificación, que entraron disparando, según los peritajes ministeriales.

Javier Delgado vio amenazada a su familia, su patrimonio y su vida, y en legítima defensa abrió fuego con un arma propiedad de Don Ramón, hiriendo a dos de los intrusos. Eso bastó para que se desatara el infierno: era un comando de Inteligencia Militar que acudía sin orden judicial en busca de drogas y de armas, después de irrumpir violentamente en otros domicilios, respondiendo a una “denuncia anónima”. Los militares trataron de abatir a los miembros de la familia desconectando el gas LP de la casa, provocando una explosión. Además, “sembraron” en el domicilio drogas y armas que extrajeron de los vehículos militares, según versiones de testigos a la prensa local.

El resultado final fue que las cuatro personas, incluido el menor, fueron trasladados al cuartel militar El Ciprés, donde continuó la tortura para Javier Durán y su esposa María Guadalupe. Después, los trasladaron a las instalaciones de la PGR en Ensenada, y de ahí, al Cereso de La Mesa en Tijuana. El menor finalmente fue entregado a los familiares no sin antes amenazar con entregarlo al DIF. El saqueo por los militares fue inclemente, dejando en la ruina total a la familia. Simplemente se llevaron todo: muebles, aparatos eléctricos, valores, dinero, escrituras, documentos personales y hasta la comida.

Ante la gravedad de la salud de Don Ramón Durán, que se agudizó después de la amarga experiencia y de casi un mes detenido en La Mesa en Tijuana (dormía en una silla y sin cobijas), la familia logró la autorización del Juzgado de Distrito para su traslado al Cereso de Ensenada con el objeto de estar cerca de él y cuidar su salud, al igual que a la pareja. El 4 de abril de 2011 la policía federal realizó el traslado a Ensenada, sin embargo, por las complicaciones de salud de Don Ramón, éste falleció durante el viaje en ambulancia del Cereso al Hospital General del Puerto. Su corazón no pudo más.

¿Qué autoridad se hará responsable ahora por su muerte? ¿El ejército, la PGR, el poder judicial federal, la SSP estatal encargada de su custodia e integridad? ¿Nadie? ¿Por qué no se aplicó a Don Ramón la previsión de ley que establece la custodia domiciliaria de los detenidos mayores de 70 años? ¿Don Ramón se agregará a la estadística de “daños colaterales” provocados por la guerra de Calderón, o ni eso?

Varios sectores exigen a los legisladores que endurezcan las penas a los delitos de secuestro, robo con violencia y otros; que se implementen los “toques de queda” contra menores, la cadena perpetua, la pena de muerte y se reduzca la edad penal. Pero nadie ha exigido que se endurezcan las penas por las violaciones graves a los derechos humanos que cometen los agentes del Estado, policías y soldados, como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos y cateos ilegales, la detención arbitraria, el arraigo, la incomunicación y la tortura.

No escuchamos a una clase empresarial del tipo Mario Escobedo, ex dirigente de la Canaco en Tijuana; al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de José Carlos Vizcarra, a los Madrugadores, Leones, Rotarios, los Colegios de Abogados, los académicos, la jerarquía católica, los gremios de periodistas y los partidos políticos exigir “todo el peso de la ley”, “castigar hasta sus últimas consecuencias” e incrementar las penas a los violadores de los derechos humanos. Tampoco hay iniciativas de los legisladores al respecto.

En cambio, hace unos días y con gran despliegue mediático, se anunció la detención en Mexicali de 9 agentes ministeriales estatales acusados de delitos contra la salud y de delincuencia organizada; y así, a diario, en todo el país, la difusión de grandes aseguramientos de drogas, capos, policías, dinero y armas… y todo sigue igual, o peor.

¿Supo alguien de la detención y presentación de los militares que provocaron la muerte de Ramón Durán y allanaron su domicilio, y que detuvieron de manera arbitraria y torturaron a su hija y su yerno, que continúan presos en el Cereso de Ensenada?

¿Esa es la “tranquilidad” que merecemos los bajacalifornianos? ¿Con esos métodos tendremos “mayor seguridad en todo el país”? Ahora los ciudadanos nos tendremos que cuidar y defender no sólo de los delincuentes y criminales, sino también de las autoridades civiles y militares supuestamente encargadas de nuestra protección y seguridad. A la violencia criminal se agrega la violencia institucional.

En justa medida, el gobernador Osuna Millán no sólo debería apoyar incondicionalmente las estrategias de Felipe Calderón para el combate al crimen, que han sido sancionadas incluso por los organismos internacionales, sino también escuchar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el dolor de sus familiares, sobre abusos que suceden a diario en el estado a manos de las fuerzas armadas, la Policía Federal y la Policía Estatal. Tantas denuncias y tantas quejas no podrían ser casualidad. Y lo que falta.

*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC