¿Debe irse Calderón? |
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Eduardo R. Huchim
10 May. 11 El Norte
La sangre derramada, la desestabilización social, la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema, el empecinamiento en una guerra imposible de ganar... claman por un cambio inmediato, urgente. Por eso es relevante el documento de seis rubros presentado el domingo en el Zócalo capitalino al culminar la marcha por la paz.
Además del escrito, el Gobierno debe tomar nota de una exigencia clamorosa de muchos de los marchistas. No se trata de la renuncia de Genaro García Luna planteada por Javier Sicilia -quien con ello restó visibilidad al pliego petitorio- sino la de Felipe Calderón, exigida con indignación por el gentío e incluso frenada por el propio poeta: "No queremos más odio". Sería insensato no darle importancia a tal demanda, porque es previsible su intensificación si no hay un replanteamiento de la lucha contra la delincuencia organizada que devuelva al Ejército a sus cuarteles y cambie la estrategia de sangre y fuego.
Resulta evidente que no es sensato, sino muy riesgoso, mantener a México en la situación actual que el Presidente se empeña en continuar. Es claro que Felipe Calderón debiera dejar la Presidencia, pero es claro también que, como solución, tal cosa no sería suficiente y, por ahora, tampoco viable. Si se fuera el Presidente, ¿debería permanecer un Congreso secuestrado por un grupo de legisladores priistas que siguen directrices del Gobernador mexiquense? ¿Debería permanecer intocado el Poder Judicial donde se ubica un Tribunal Electoral sumido en la parcialidad y la frivolidad? ¿Debe olvidarse a los Gobernadores que han convertido en tierra feudal a sus entidades y en subordinados a sus aparatos legislativo y judicial?
¿Quién podría operar un dramático descabezamiento de los poderes federales y estatales? ¿Un mesías iluminado con látigo en mano? ¿Un líder revolucionario con credo socialista? ¿Un dirigente de "El Yunque"? ¿Y quién encauzaría el caos político que necesariamente se generaría, aun si el único dimitente fuera Calderón?
Si no estamos ya inmersos en ella, sí nos hallamos cerca de una situación límite que exige soluciones radicales. ¿Qué hacer entonces? No puedo sino recordar una vez más la sabia máxima campirana: "con estos bueyes hay que arar... aunque el barzón esté roto". Expresado menos coloquialmente, puede no irse nadie de inmediato para evitar una crisis constitucional e institucional, pero sí se precisa que todas las fuerzas políticas se reúnan en breve plazo para diseñar un verdadero pacto nacional incluyente con una agenda encaminada a:
1) Emprender un combate real anticorrupción en los altos niveles de los sectores público y privado, no contra policías de campo sino primero contra los altos jefes; no contra narcomenudistas sino contra banqueros y financieros dondequiera que estén si se asocian con delincuentes; no contra los policías municipales sino contra los Gobernadores, a quienes se les probara complicidad con la delincuencia organizada.
2) Aplicar la Convención de Palermo (formalmente Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada), suscrita por más de 120 países, México incluido.
3) Estudiar la posibilidad de legalizar la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas hoy prohibidas, comenzando por la mariguana.
Por supuesto, un programa así no figura en la agenda de nadie en el sector público. Más aún, pese a la marcha y sus demandas, lo más probable es que todo siga igual. Pero suponiendo que se fueran Ejecutivo, Legislativo y una parte del Judicial y de los poderes estatales, ¿quién se quedaría -insisto- a encauzar la crisis?
Por ello la nación está entrampada. Por ello se precisa una fuerte reacción de la clase política encabezada por el Presidente. Se necesitan golpes de timón efectivos y no efectistas ni gatopardistas. Si no se producen, es posible el aceleramiento de la insurgencia civil que ya se asomó a las calles capitalinas y que puede agudizar el repudio centrado en la figura presidencial.
Omnia
A pesar del enorme costo en vidas, dinero y estabilidad para impedir que las drogas fluyan a Estados Unidos, los estadounidenses tienen una imagen negativa de México. De acuerdo con la encuesta anual Gallup World Affairs, México se ubica en la media de la tabla que incluye 21 países, con un 45 por ciento de aprobación positiva, muy por debajo del 74 por ciento que obtuvo en 2005. ¿Razones?: migración ilegal y "quizá" violencia asociada al narco.
omnia08@gmail.com
10 May. 11 El Norte
La sangre derramada, la desestabilización social, la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema, el empecinamiento en una guerra imposible de ganar... claman por un cambio inmediato, urgente. Por eso es relevante el documento de seis rubros presentado el domingo en el Zócalo capitalino al culminar la marcha por la paz.
Además del escrito, el Gobierno debe tomar nota de una exigencia clamorosa de muchos de los marchistas. No se trata de la renuncia de Genaro García Luna planteada por Javier Sicilia -quien con ello restó visibilidad al pliego petitorio- sino la de Felipe Calderón, exigida con indignación por el gentío e incluso frenada por el propio poeta: "No queremos más odio". Sería insensato no darle importancia a tal demanda, porque es previsible su intensificación si no hay un replanteamiento de la lucha contra la delincuencia organizada que devuelva al Ejército a sus cuarteles y cambie la estrategia de sangre y fuego.
Resulta evidente que no es sensato, sino muy riesgoso, mantener a México en la situación actual que el Presidente se empeña en continuar. Es claro que Felipe Calderón debiera dejar la Presidencia, pero es claro también que, como solución, tal cosa no sería suficiente y, por ahora, tampoco viable. Si se fuera el Presidente, ¿debería permanecer un Congreso secuestrado por un grupo de legisladores priistas que siguen directrices del Gobernador mexiquense? ¿Debería permanecer intocado el Poder Judicial donde se ubica un Tribunal Electoral sumido en la parcialidad y la frivolidad? ¿Debe olvidarse a los Gobernadores que han convertido en tierra feudal a sus entidades y en subordinados a sus aparatos legislativo y judicial?
¿Quién podría operar un dramático descabezamiento de los poderes federales y estatales? ¿Un mesías iluminado con látigo en mano? ¿Un líder revolucionario con credo socialista? ¿Un dirigente de "El Yunque"? ¿Y quién encauzaría el caos político que necesariamente se generaría, aun si el único dimitente fuera Calderón?
Si no estamos ya inmersos en ella, sí nos hallamos cerca de una situación límite que exige soluciones radicales. ¿Qué hacer entonces? No puedo sino recordar una vez más la sabia máxima campirana: "con estos bueyes hay que arar... aunque el barzón esté roto". Expresado menos coloquialmente, puede no irse nadie de inmediato para evitar una crisis constitucional e institucional, pero sí se precisa que todas las fuerzas políticas se reúnan en breve plazo para diseñar un verdadero pacto nacional incluyente con una agenda encaminada a:
1) Emprender un combate real anticorrupción en los altos niveles de los sectores público y privado, no contra policías de campo sino primero contra los altos jefes; no contra narcomenudistas sino contra banqueros y financieros dondequiera que estén si se asocian con delincuentes; no contra los policías municipales sino contra los Gobernadores, a quienes se les probara complicidad con la delincuencia organizada.
2) Aplicar la Convención de Palermo (formalmente Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada), suscrita por más de 120 países, México incluido.
3) Estudiar la posibilidad de legalizar la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas hoy prohibidas, comenzando por la mariguana.
Por supuesto, un programa así no figura en la agenda de nadie en el sector público. Más aún, pese a la marcha y sus demandas, lo más probable es que todo siga igual. Pero suponiendo que se fueran Ejecutivo, Legislativo y una parte del Judicial y de los poderes estatales, ¿quién se quedaría -insisto- a encauzar la crisis?
Por ello la nación está entrampada. Por ello se precisa una fuerte reacción de la clase política encabezada por el Presidente. Se necesitan golpes de timón efectivos y no efectistas ni gatopardistas. Si no se producen, es posible el aceleramiento de la insurgencia civil que ya se asomó a las calles capitalinas y que puede agudizar el repudio centrado en la figura presidencial.
Omnia
A pesar del enorme costo en vidas, dinero y estabilidad para impedir que las drogas fluyan a Estados Unidos, los estadounidenses tienen una imagen negativa de México. De acuerdo con la encuesta anual Gallup World Affairs, México se ubica en la media de la tabla que incluye 21 países, con un 45 por ciento de aprobación positiva, muy por debajo del 74 por ciento que obtuvo en 2005. ¿Razones?: migración ilegal y "quizá" violencia asociada al narco.
omnia08@gmail.com
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