Boletín No022.
ComunicadodePrensa CADHAC
·
Colocar mandos militares en estructuras
civiles contraviene a nuestro marco jurídico y a las recomendaciones de la ONU[1].
·
La militarización en el municipio de
Monterrey podría generar mayor violencia por consecuencia violaciones a
derechos humanos.
La reciente designación del Contraalmirante
Augusto Cruz Morales de la Marina Armada de México como Secretario de Seguridad Pública
Municipal de Monterrey[2], así como de los 18
marinos que se integrarán al frente de la nueva administración,y al menos 100
marinos involucrados en tareas de seguridad pública, implica una clara
militarización estructural, que contraviene claramente a disposiciones
constitucionales[3]
así como a recomendaciones que la Organización de Naciones Unidas hizo el año
pasado en la materia.
Además, nuestra alcaldesa señaló que dicho
funcionario, “tendrá bajo su
responsabilidad labores de inteligencia y la depuración en los departamentos de
seguridad, tránsito y alcoholes, para dejarlos "exentos del crimen
organizado”.[4]
Esta
afirmación evidentemente, además de ir en contra de disposiciones
internacionales, contraviene nuestro marco jurídico. Las funciones que pretende
encomendarle la alcaldesa al contralmirante no están contempladas en la ley. Nuestras
leyes orgánicas determinan otras atribuciones para la SEMAR (Secretaría de
Marina), muy distintas. Ni el artículo dos de la Ley Orgánica de la Armada de México,
ni en el artículo treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal[5]
contienenlas atribuciones que la alcaldesa pretendeotorgarles. Incluso, el
único supuesto contemplado dentro de las atribuciones, en donde se tiene
contacto con la sociedad y autoridades civiles es la de fomentar y participar
con las autoridades civiles en actividades socio-culturales y cívicas en
aspectos relacionados con el medio marítimo[6].
Asimismo,
en ambas leyes se contempla el supuesto de que por órdenes del Mando Supremo
(Presidente de la República), elementos de la SEMAR, podrá coadyuvar con
dependencias del gobierno federalo municipales para actuar cuando así lo
requiera la situación, y jurídicamente mediando decreto del ejecutivo federal.
Se reitera que nunca se habla de ejercer funciones devigilancia de tránsito,[7]
depuración o alcoholes.
Además de acuerdo con la información
recibida por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones
forzadas o involuntarias de la ONU(en adelante GTDFI)[8] se dice
que:
…las Fuerzas
Armadas no se limitan a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar
sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a dichas
autoridades civiles. Estas operaciones militarizadas consisten en el despliegue
de miles de efectivos militares en las calles de las zonas urbanas, rurales o
en puntos estratégicos en las carreteras donde registran casas, individuos y
automóviles, en muchos casos sin contar con una orden judicial dictada por una
autoridad civil competente…
Cabe señalar que, la
estrategia federal y estatal de militarizar las calles no ha resuelto el
problema de violencia en torno al desenvolvimiento de las redes de delincuencia
organizada, sustentadas en la corrupción e impunidad de las propias instituciones.
Prueba de ello es el grave aumento en homicidios en el país en los últimos
años, que incluso puede reflejarse en datos proporcionados por el mismo
gobierno federal a través de INEGI, quien señaló que en 2011 hubo 27,199
personas ejecutadas, cifra triplicada en relación a la del 2005.
A su vez, datos proporcionados por
organizaciones sociales[9] estiman más de 60,000
personas ejecutadas en el último sexenio. La estrategia de militarización ha
complejizado el problema, favoreciendo la comisión de un número mayor de abusos
de autoridad contra la ciudadanía.
El GTDFI señaló en un documento emitido en 2011, después
de su visita a nuestro país que “El personal militar está entrenado
para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades
propias de la policía o interactuar con civiles”[10]. En su visita, el grupo de trabajo
externó su preocupación por la presencia militar en operativos de diversas
ciudades del país, así como por la integración de militares en las estructuras estatales y municipales.Sustento
de ello son las 5 mil 176
recomendaciones emitidas en seis años por la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) por tratos crueles y degradantes a entidades como el Ejército,
la Secretaría de Marina[11].
Lo que vemos ahora, en el
municipio de Monterrey, es un nombramiento oficial de un almirante de la
Secretaría de Marina en funciones quien ejercerá funciones que no le competen.
La Marina Armada de
México, tiene como tarea fundamental “cuidar
la soberanía en aguas territoriales, costas, vías navegables, islas y la zona
económica exclusiva. Opera el servicio de aeronáutica naval militar, construye
y conserva las obras portuarias, ejecuta los trabajos topohidrográficos de las
costas, islas, puertos y vías navegables, además de archivar las cartas
marítimas, las estadísticas y toda la información oceanográfica nacional”[12].
De donde claramente podemos desprender
una vez másque NOestá dentro de sus atribuciones desempeñar funciones de la policía
municipal, estatal, ni depuración.
Incluso podemos decir, que este
nombramiento hace caso omiso a dos de las recomendaciones preliminares[13] por parte delGTDFI el 31
de marzo de 2011 después de su visita a México:
• Considerar en el corto
plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad
pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las
desapariciones forzadas.
·
Establecer
protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las
corporaciones policiales, conforme a los principios de necesidad, racionalidad,
proporcionalidad y legalidad, como una medida para prevenir las desapariciones
forzadas.
En conclusión, con preocupación
nos pronunciamos enérgicamente en contra de este
nombramiento y de la militarización que se favorece desde las estructuras
gubernamentales en todos sus niveles. La delincuencia organizada terminará si
se acaba con la corrupción e impunidad en el interior de las dependencias, mas no
colocando a un marino al frente de las tareas de seguridad pública, corriéndose
el riesgo, de acuerdo a casos documentados en contra de la marina[14] (algunos recibidos por
CADHAC), de que sea la ciudadanía la más afectada en la
vulneración de sus derechos con la definición de estrategias militares en un
espacio civil que, de por sí, se encuentra en un estado de grave vulnerabilidad.
Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental,
apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la
promoción y defensa integral de los derechos humanos.
[1]Naciones Unidas Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México. 2011. Tomado el 1 de noviembre de 2012 de: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S
[2]El Universal, Estados. “Asume Margarita Arellanes como alcaldesa de Monterrey” Tomado el 1 de noviembre de 2012 de: http://www.eluniversal.com.mx/notas/880002.html
[3]Partiendo de la premisa que las
autoridades pueden realizar solo aquellas tareas que la misma ley les otorga, y
por ningún motivo deben exceder a lo claramente señalado para ellas.
[4]Idem
[5]Estos artículos hablan de las atribuciones
de la Secretaría de Marina, y de la Armada de México.
[6]Ley orgánica de la Armada de México. México: Diario oficial de la
federación.
[7]Ya que esta función corresponde a los
municipios según el Artículo
15 Constitucional.
[8]Naciones Unidas Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México. 2011. Tomado
el 1 de novimebrenoviembre de 2012 de: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S
[9]Verbigracia “Movimiento por la Paz”.
[10]Naciones Unidas Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México. 2011. Tomado
el 1 de novimebrenoviembre de 2012 de: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S
[11]La Jornada. Al ejército y las policías más de 5 mil reclamos de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos en seis años. 2012
[12] Presidencia de la República. Estructura del Gobierno
Federal. Tomado el 1 de
Noviembre de 2012 de: http://www.presidencia.gob.mx/gobierno/estructura-del-gobierno-federal/
[13]Naciones Unidas Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias concluye su visita a México. 2011. Tomado
el 1 de noviembre de 2012 de: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10907&LangID=S
[14]Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Recomendación No.
34/2011 Detienen por presunto narcomenudeo
a Humberto Márquez de Sta. Catarina. Sobre la desaparición
forzada, tortura y privación de la vida en agravio de V1 y la privación ilegal
de la libertad y tratos crueles en agravio de V2; Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación
No. 72/2011 Allanamiento de morada y
amenazas a familiares en la casa de un diputado.; Comisión Nacional de
Derechos Humanos. Recomendación No. 39/2012 Detención
arbitraria y desaparición forzada de 6 personas. Cateo ilegal de agraviados y
familiares: tratos crueles a 21 personas y demás familiares de los
desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
CADHAC. Boletín No.
1109/030 y 1109/031. “La familia Acosta,
otra víctima de los abusos de la marina” y “CADHAC exige un alto a las constantes violaciones de derechos humanos
en el Estado de Nuevo León”. 2011
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