CRISIS DEL IMSS: SEGURIDAD SOCIAL UN DERECHO DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y NO UNA DÁDIVA DEL GOBIERNO NEOLIBERAL

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

Boletín de prensa

15 de noviembre de 2010

CRISIS DEL IMSS: SEGURIDAD SOCIAL UN DERECHO DE LAS Y LOS TRABAJADORES Y NO UNA DÁDIVA DEL GOBIERNO NEOLIBERAL

La aplicación de políticas neoliberales privatizadoras para desfondar las instituciones públicas de salud y seguridad social en México, constituye una de las causas por las cuales nuevamente se magnifica el déficit que arrastra desde hace años el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), además para justificar la pérdida y desvío de fondos de invalidez, vida y vivienda, con un monto de alrededor de 800 mil millones de pesos para cubrir en los próximos años el déficit del Instituto y el pago de pensiones y pago médico a pensionados, justificando al mismo tiempo, otra reforma a la Ley del IMSS, y la pérdida de ahorros laborales de alrededor de 14.5 millones de trabajadores adscritos a este Instituto. El IMSS en su informe financiero al cierre de 2009 señaló que ese año se tuvo que echar mano de las reservas del fondo laboral y de la de operación para contingencias para subsanar el déficit en otros rubros.

A esta situación obedecen las declaraciones de funcionarios del gobierno federal, del Presidente Calderón, el Director del IMSS y de la CONSAR, entre otros, sobre la crisis de la institución y la necesidad urgente de llevar a cabo reformas y medidas para incrementar las cuotas obrero patronales, soslayando la responsabilidad del Estado y el adeudo de éste con el sistema pensionario. En 2010 el déficit financiero del IMSS ha sido superior a los 16 mil millones de pesos, según datos de Hacienda y los adeudos del Estado en más del 20 mil millones, de acuerdo con informes de investigaciones independientes, por ello, han aprobado la transferencia de recursos de las reservas en la nueva Ley de Ingresos 2011, en un acto totalmente ilegal y lesivo a los trabajadores. La seguridad social es un derecho de las y los trabajadores y no una dádiva del gobierno federal.

La insolvencia del IMSS, es culpa del gobierno federal y no de los trabajadores. El IMSS, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y otras instituciones de la administración pública, se encuentra en una situación difícil, y se debe que a las ineficaces y descompuestas administraciones que han dirigido el Instituto, a los desvíos de recursos y a los inexactos cálculos actuariales que soportan sus proyecciones y fundamentalmente a los bajos salarios de las y los obreros, la evasión patronal de inscribir a sus empleados y al saqueo y corrupción en estas instituciones. La misma situación se presenta en el ISSSTE, el cual a casi cuatro años de que se impuso la nueva Ley que iba a mejorar todo, está igual o peor que el IMSS, arrastrando déficit en el gasto en nómina y pensiones.

El IMSS es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía fiscal, que nació en 1943, producto de la lucha obrera y cuyo fin es el servicio público de salud y seguridad social a las y los trabajadores mexicanos, con criterios de protección tutelar, solidaridad y justicia, que tiene una cobertura de más de 50 millones de personas y que fue durante casi cinco décadas un modelo de institución en el mundo, que ha venido decayendo producto de reformas privatizadoras, como la subrogación de servicios, guarderías y ahora se pretende en el abasto de medicinas, desvío de fondos para apuntalar la red hospitalaria a costa de los reservas de los trabajadores, la omisión de años de crear las reservas actuariales y la corrupción, que también se manifiesta en la disparidad de los altos sueldos de sus funcionarios y el de sus empleados, con diferencias de 33 a 1, entre lo que gana su titular y el promedio de los salarios de sus trabajadores.

El sistema constitucional de pensiones ha sido casi destruido por el gobierno neoliberal, con las reformas a la seguridad social, en los últimos 18 años. Primero con el sistema de cuentas individuales (1992), luego con las Afores (1995 – 1997), IMSS (2004) e ISSSTE (2007). Además del retiro de fondos del SAR (por desempleo), el ilegal y recorte en el IMSS del sueldo base para pensionarse de 25 a 10 SMGM., mediante la jurisprudencia aprobada el pasado mes de junio por la Segunda Sala de la Corte, y que afectaría al momento de pensionarse a más de un millón de trabajadores de alta cotización, lo cual constituyó otra maniobra para fondear el costo de las pensiones. Todas esas reformas a la Ley del IMSS, del ISSSTE, del SAR, del Infonavit y del Fovisste demuestran que no han servido para resolver el problema pensionario con justicia social, sino al contrario han desfondado a las instituciones y privilegiado a los negocios privados como las Afores.

El problema de la seguridad social debe ventilarse con criterios de justicia, de cara a la sociedad, tomando en consideración la difícil situación del país, por la crisis, los altos índices de desocupación, la precarización del empleo y la falta de prestaciones y seguridad social a más de 24 millones de trabajadores de la población ocupada que segundo trimestre de 2010 ascendía a 44.6 millones de personas, considerando que son problemas graves que sufren las y los trabajadores activos mexicanos, y más aún los jubilados, pensionados y adultos mayores, principalmente los que no cuentan con ninguna prestación laboral ni acceso a las instituciones de salud. A julio de 2010 solamente alrededor de 17 millones de trabajadores de la economía formal cuentan con seguridad social del IMSS (aproximadamente 14.4 millones), del ISSSTE (2 millones) y 600 mil de regimenes especiales.

Esta situación de crisis se ve claramente reflejada en el Producto Interno Bruto del país (PIB), el cual en ésta última década solamente ha crecido en un promedio del: 0.8 por ciento. En el régimen de Calderón el promedio es de 1.8 por ciento, dando un promedio de 0.45 por ciento anual, mientras que, el déficit público es de 0.05 por ciento lo que muestra la disciplina fiscal a costa de contraer el gasto y la inversión pública, esta última permanece estancada en 2.8 por ciento del PIB, según datos revelados en el cuarto informe de gobierno y que nuevamente se va a repetir en el presupuesto de egresos para 2011.

De la población de alrededor de 108.3 millones de habitantes, cerca de 10.8 millones son adultos mayores con más de 60 años de edad, de los cuales aproximadamente 3.6 millones tienen algún tipo de pensión o jubilación, 3.7 continúan trabajando porque no tienen pensión o la que tienen es muy baja y 3.9 se encuentra sin protección alguna, impedidos de trabajar por la edad o por incapacidad. Del total de Pensionados en el país en diciembre de 2009, según los informes financieros actuariales del IMSS y del ISSSTE, era de: 3’650,433 pensionados, de los cuales 2’920,927 son del IMSS y 729 mil 506 son del ISSSTE. Las afores al cierre de octubre de 2010 reportan un manejo de un poco más de 41 millones de cuentas para pensiones con un monto de 1 billón 388 mil 700 millones de pesos, administrados por 15 Afores, incluyendo a Pensionisste. Además de que mantienen el registro de 161 mil 155 millones de pesos de bono de pensión del ISSSTE y 602 mil 528 millones de pesos de vivienda de Infonavit y Fovissste, dando un gran total de los recursos registrados en las Afores de 2 billones 180 mil 296 millones de pesos

Las penurias y falta de atención a pensionados y adultos mayores de 60 años en el país, no son una desgracia divina ni un castigo de los dioses. Y más allá de constituir un asunto cultural es un problema de índole económica y política, que tiene que ver con el sistema y régimen de gobierno. Una economía en crisis, estancada, con profundas desigualdades regionales, sectoriales, municipales y sociales no puede generar una forma de vida y de organización nacional progresista, igualitaria, equitativa y con desarrollo social, mi mucho menos, manteniendo un sistema económico capitalista, injusto y rapaz, como el que existe en México, mismo que día a día favorece y hace más ricos a los ricos y menos pobres a los pobres.

Por lo anterior, los juristas de México, la coordinación en México de la Federación Sindical Mundial (FSM) la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, la Unión Nacional de Jubilados y Pensionados, la Asamblea Nacional de Trabajadores y Jubilados del IMSS, y otros referentes sindicales y sociales, vamos a mancomunar nuestros esfuerzos para enfrentar esta nueva embestida, con denuncias, movilizaciones y acciones legales, entre las que destacamos denuncias penales en contra de los funcionarios corruptos y negligentes, demandas laborales y un posible amparo masivo en contra del desvío de recursos que autoriza la Ley de Ingresos 2011,, además de llamar a las y los trabajadores, a que exijamos una investigación profunda de la insolvencia y la aplicación de tantas reformas, a través de un organismo de la sociedad civil, que podría ser una contraloría ciudadana o una procuraduría de los trabajadores, así como seguiremos luchando para evitar otra reforma lesiva a la seguridad social y a la Ley Federal del Trabajo, como lo propone la bancada del PAN, con su reforma laboral.

A T E N T A M E N T E

EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, CESAR ADRIÁN DE LEÓN GUADIANA Y PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, POR LA PRESIDENCIA COLEGIADA; ATENÓGENES PINEDA ESCAMILLA, POR LA SECRETARIA GENERAL; Y, DARÍO ROJAS MACÍAS, POR LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO DE LA UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

Celular/5537319665/unionjuristas@hotmail.com/ www.uniondejuristasdeméxico.com