MADRID (apro).- Cerca de 65% de las campañas electorales en México están contaminadas con dinero proveniente de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, sostuvo hoy aquí el asesor de las Naciones Unidas (ONU), Edgardo Buscaglia.
“Hay que tomar medidas duras, no represivas, contra el narcotráfico, como el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, la prevención de la corrupción política y la prevención de la infiltración del dinero sucio, que afecta hasta 65% de las campañas electorales mexicanas”, afirmó el también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Al participar en el coloquio “Anatomía del narcopoder”, organizado por la Casa de América, Buscaglia advirtió que la delincuencia organizada en México es “una delincuencia organizada de Estado. México es un Estado fragmentado y semicapturado por grupos criminales diversos que se lo reparten como en una subasta, compitiendo a través de la corrupción política al más alto nivel”.
En contraste, recordó, con lo que pasaba hace algunos años, cuando el Estado “administraba” el fenómeno del narcotráfico, ahora éste, dijo, ha tomado control sobre amplios espacios institucionales para mantener control sobre el negocio derivado de los 22 delitos clasificados como delincuencia organizada, entre ellos narcotráfico, secuestro, tráfico de armas y trata de personas, entre otros.
“Para entender la violencia actual hay que entender la transición política caótica, desordenada, corrupta que ha tenido México en los últimos años, en donde los grupos criminales pasaron de ser gestionados por el Estado a ser ellos los que controlan los diferentes pedazos del Estado”, dijo el experto.
Asimismo, consideró que el Ejército mexicano “tarde o temprano” va a terminar desprestigiado tanto como las policías en los distintos niveles de gobierno.
“Es una situación de desgaste que el Ejército no puede tolerar. En México se están desarrollando situaciones que se manifiestan como una especie de guerra civil, donde policías del mismo estado se están tiroteando entre ellos, ya que diferentes pedazos del Estado están trabajando para diferentes grupos criminales”, advirtió.
Es por ello que México necesita arribar a un pacto de Estado, similar al que se dio en España luego de la dictadura franquista, el llamado Pacto de la Moncloa, en el que participen todos los partidos políticos y los agentes sociales para enfrentar eficazmente al narcotráfico.
El experto de ONU insistió en la necesidad de recurrir a los mecanismos internacionales, como la Convención de Palermo, que permitirían al Estado mexicano desplegar mecanismos de combate a las organizaciones criminales, pero también minar las estructuras patrimoniales, la protección política y emprender acciones en el terreno social para impedir que la delincuencia coopte a los jóvenes.
A unos días de que Felipe Calderón fustigara en Estados Unidos a los fabricantes y comerciantes de armas estadunidenses, Buscaglia cuestionó este argumento al precisar que si bien el trasiego de armas contribuye al fortalecimiento del narcotráfico, esta industria ya existía incluso antes de que el presidente mexicano emprendiera su guerra contra el narcotráfico.
“Las 12 mil armerías que ahora están en la frontera con México ya existían antes del actual sexenio, e igualmente vendían sus armas, por lo que no es válido fincar la culpa en la venta de armas en la frontera, pues el problema es fundamentalmente de México, donde se vive un proceso de desintegración política”, sostuvo.
Edgardo Buscaglia advirtió que es imprescindible que México cambie la estrategia de lucha contra el crimen organizado, no obstante, aseguró que esto sólo será posible cuando la violencia afecte directamente a los capitanes empresariales de México.
“Cuando el umbral del dolor llegue a las casas de la élite política y empresarial de México, a los Slim, a los Azcárraga, a los Salinas Pliego, ésta comenzará a ejercer presión para que se actúe contra el patrimonio del narcotráfico y cambien las reglas del juego”, previó.
Precisó que no señala a estos apellidos como gente implicada en actividades no lícitas, sino que son representantes de emporios empresariales que contribuyen a que no cambie el actual estado de cosas.
Sobre el acuerdo recientemente firmado por decenas de medios de comunicación mexicanos para el manejo de la información sobre la violencia, consideró que “es una vergüenza” que empresas de difusión importantes se sometan a la autocensura por motivaciones económicas y políticas.
Buscaglia también criticó severamente a los expresidentes e intelectuales que impulsan la tesis de la despenalización de la mariguana, pues consideró que los grupos criminales en México están tan diversificados en sus actividades, que la limitación sobre una droga “no va a acabar con Joaquín El Chapo Guzmán”.
En su opinión, la despenalización debe estar ligada a “la prevención social y no al combate de El Chapo Guzmán. Y es ahí donde se equivocan las grandes luminarias, los presidentes más represivos que se transformaron ahora en los más pontificantes del planeta, como (Vicente) Fox, (Ernesto) Zedillo y el colombiano (César) Gaviria”.
Y lanzó: “Si México no tiene capacidad para regular sus aspirinas o sus antibióticos, ¿cómo se le va a pedir capacidad para regular un producto ilícito?”.
A su vez, la corresponsal de Proceso en Italia, Cynthia Rodríguez, recordó la gravedad de la situación en México, un país donde se registran niveles de violencia cuyo registro ya llega a los 40 mil muertos.
El académico colombiano Francisco Thoumi, exdirector del Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, en Bogotá, consideró que “el problema de la violencia sólo se puede explicar por razones internas” de cada país.
Asimismo, consideró que las políticas prohibicionistas ya son obsoletas, y añadió que la única forma de legalizar las drogas es “a través de su domesticación en la sociedad”.
Por ejemplo, explicó que si drogas como el tabaco o el alcohol están “domesticados” socialmente, hay otras como la cocaína, heroína o anfetaminas a las que la sociedad “no va a tolerar”.
“Hay que tomar medidas duras, no represivas, contra el narcotráfico, como el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, la prevención de la corrupción política y la prevención de la infiltración del dinero sucio, que afecta hasta 65% de las campañas electorales mexicanas”, afirmó el también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Al participar en el coloquio “Anatomía del narcopoder”, organizado por la Casa de América, Buscaglia advirtió que la delincuencia organizada en México es “una delincuencia organizada de Estado. México es un Estado fragmentado y semicapturado por grupos criminales diversos que se lo reparten como en una subasta, compitiendo a través de la corrupción política al más alto nivel”.
En contraste, recordó, con lo que pasaba hace algunos años, cuando el Estado “administraba” el fenómeno del narcotráfico, ahora éste, dijo, ha tomado control sobre amplios espacios institucionales para mantener control sobre el negocio derivado de los 22 delitos clasificados como delincuencia organizada, entre ellos narcotráfico, secuestro, tráfico de armas y trata de personas, entre otros.
“Para entender la violencia actual hay que entender la transición política caótica, desordenada, corrupta que ha tenido México en los últimos años, en donde los grupos criminales pasaron de ser gestionados por el Estado a ser ellos los que controlan los diferentes pedazos del Estado”, dijo el experto.
Asimismo, consideró que el Ejército mexicano “tarde o temprano” va a terminar desprestigiado tanto como las policías en los distintos niveles de gobierno.
“Es una situación de desgaste que el Ejército no puede tolerar. En México se están desarrollando situaciones que se manifiestan como una especie de guerra civil, donde policías del mismo estado se están tiroteando entre ellos, ya que diferentes pedazos del Estado están trabajando para diferentes grupos criminales”, advirtió.
Es por ello que México necesita arribar a un pacto de Estado, similar al que se dio en España luego de la dictadura franquista, el llamado Pacto de la Moncloa, en el que participen todos los partidos políticos y los agentes sociales para enfrentar eficazmente al narcotráfico.
El experto de ONU insistió en la necesidad de recurrir a los mecanismos internacionales, como la Convención de Palermo, que permitirían al Estado mexicano desplegar mecanismos de combate a las organizaciones criminales, pero también minar las estructuras patrimoniales, la protección política y emprender acciones en el terreno social para impedir que la delincuencia coopte a los jóvenes.
A unos días de que Felipe Calderón fustigara en Estados Unidos a los fabricantes y comerciantes de armas estadunidenses, Buscaglia cuestionó este argumento al precisar que si bien el trasiego de armas contribuye al fortalecimiento del narcotráfico, esta industria ya existía incluso antes de que el presidente mexicano emprendiera su guerra contra el narcotráfico.
“Las 12 mil armerías que ahora están en la frontera con México ya existían antes del actual sexenio, e igualmente vendían sus armas, por lo que no es válido fincar la culpa en la venta de armas en la frontera, pues el problema es fundamentalmente de México, donde se vive un proceso de desintegración política”, sostuvo.
Edgardo Buscaglia advirtió que es imprescindible que México cambie la estrategia de lucha contra el crimen organizado, no obstante, aseguró que esto sólo será posible cuando la violencia afecte directamente a los capitanes empresariales de México.
“Cuando el umbral del dolor llegue a las casas de la élite política y empresarial de México, a los Slim, a los Azcárraga, a los Salinas Pliego, ésta comenzará a ejercer presión para que se actúe contra el patrimonio del narcotráfico y cambien las reglas del juego”, previó.
Precisó que no señala a estos apellidos como gente implicada en actividades no lícitas, sino que son representantes de emporios empresariales que contribuyen a que no cambie el actual estado de cosas.
Sobre el acuerdo recientemente firmado por decenas de medios de comunicación mexicanos para el manejo de la información sobre la violencia, consideró que “es una vergüenza” que empresas de difusión importantes se sometan a la autocensura por motivaciones económicas y políticas.
Buscaglia también criticó severamente a los expresidentes e intelectuales que impulsan la tesis de la despenalización de la mariguana, pues consideró que los grupos criminales en México están tan diversificados en sus actividades, que la limitación sobre una droga “no va a acabar con Joaquín El Chapo Guzmán”.
En su opinión, la despenalización debe estar ligada a “la prevención social y no al combate de El Chapo Guzmán. Y es ahí donde se equivocan las grandes luminarias, los presidentes más represivos que se transformaron ahora en los más pontificantes del planeta, como (Vicente) Fox, (Ernesto) Zedillo y el colombiano (César) Gaviria”.
Y lanzó: “Si México no tiene capacidad para regular sus aspirinas o sus antibióticos, ¿cómo se le va a pedir capacidad para regular un producto ilícito?”.
A su vez, la corresponsal de Proceso en Italia, Cynthia Rodríguez, recordó la gravedad de la situación en México, un país donde se registran niveles de violencia cuyo registro ya llega a los 40 mil muertos.
El académico colombiano Francisco Thoumi, exdirector del Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario, en Bogotá, consideró que “el problema de la violencia sólo se puede explicar por razones internas” de cada país.
Asimismo, consideró que las políticas prohibicionistas ya son obsoletas, y añadió que la única forma de legalizar las drogas es “a través de su domesticación en la sociedad”.
Por ejemplo, explicó que si drogas como el tabaco o el alcohol están “domesticados” socialmente, hay otras como la cocaína, heroína o anfetaminas a las que la sociedad “no va a tolerar”.
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