Sí hay de otra

Sí hay de otra

Ricardo Monreal Ávila

*2011-06-14•Acentos

La demanda llegó del cielo y en avioneta. “No + sangre. 40 mil muertos, ¿cuántos más?”, el clamor llegó a la Universidad de Stanford, justo en el momento en que Felipe Calderón acusaba a los regímenes priistas de masacres y desapariciones en el pasado. “México tenía un régimen autocrático, todos sus gobernadores y senadores eran del mismo partido. Cuando los estudiantes como ustedes protestaban eran masacrados, muchos oponentes del régimen simplemente fueron desaparecidos”.

En el mejor de los casos, la singular manta aérea recoge el clamor de muchos mexicanos sobre el cambio de estrategia contra el crimen. En el peor, estaría denunciando al gobierno mexicano no de la desmesura de ser el autor directo de esas muertes, sino de algo más concreto y verificable: la incapacidad para detener la violencia, para castigar a los responsables y para procurar justicia a las víctimas; es decir, del delito de denegación de justicia o de la manifiesta incapacidad para procurarla.

Después de la espiral de violencia y muerte que ha vivido el país, debe quedar muy claro que el genocidio activo del pasado (masacrar y desaparecer opositores utilizando fuerzas de seguridad del gobierno) es tan grave como el genocidio pasivo del presente (la incapacidad de la autoridad para frenar y castigar las masacres y desapariciones de ciudadanos por parte de fuerzas paramilitares). Por ello, el juicio histórico o judicial será inevitable, sobre todo si se registra la alternancia en 2012, ya que la próxima elección presidencial se convertirá indudablemente en un gran plebiscito ciudadano sobre la estrategia de la guerra en curso: ¿cambiamos o continuamos con el baño de sangre que ahoga al país?

Hasta ahora, a la sistemática demanda ciudadana de cambio de estrategia corresponde una sintomática respuesta oficial: no hay de otra, señores. A la pregunta explícita, “¿cuántos más?”, la misma respuesta implícita: las que sean necesarias.

Y sin embargo, sí hay de otra. Eduardo Gallo, Isabel Miranda, Alejandro Martí y Javier Sicilia comparten por lo menos tres características: el agravio de haber perdido un hijo(a) a manos del crimen; transformar la rabia y el duelo personales en una lección de vida colectiva, clamando primero justicia para sus deudos y luego exigiendo justicia para todos (una suerte de tanatología social); proponer de manera sistemática, puntual y estructurada diversas estrategias alternativas, que merecen algo más que la descalificación fácil, el desprecio oficial o la indiferencia de los poderes del Estado.

En los últimos siete años (2004-2011) el país ha registrado tres grandes movimientos ciudadanos exigiendo seguridad, justicia y paz. La tercera marcha está en curso, convocada y dirigida por el poeta Javier Sicilia. Plantea seis temas básicos: esclarecer los asesinatos, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, trata de personas y todos los demás delitos que agravian a la sociedad; reestructurar las instituciones de procuración y administración de justicia; una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con un enfoque de defensa de los derechos humanos; combatir la corrupción y la impunidad del Poder Judicial; nueva política social de emergencia hacia los jóvenes, que genere alternativas educativas, culturales, laborales y de salud para este sector de la población; perfeccionamiento de la democracia, ampliando los cauces y procesos de la democracia participativa directa, que da poder a la ciudadanía.

La Marcha del Consuelo ha tenido el gran acierto de plantear que, para ganar esta guerra, se requiere ciudadanizar la estrategia de seguridad. Que los ciudadanos tomen literalmente el control de las calles, en lugar de recluirse en sus casas como lo plantean las propuestas de “estados de excepción” regionales.

Hasta ahora la participación de los ciudadanos se reduce a la denuncia anónima y a fungir como “madrinas” de las autoridades (testigos protegidos). No se ha avanzado un centímetro en la implantación de un “observatorio ciudadano”; en la autonomía del ministerio público respecto del Poder Ejecutivo; en la transformación del Cisen en un verdadero organismo del Estado y no en una dependencia de gobierno; y sobre todo, en la posibilidad de que los ciudadanos elijan a los mandos policiales en el nivel más próximo de autoridad, como sucede en ciudades de Estados Unidos y Europa, previa certificación de confianza de los aspirantes.

Sólo cuando el poder ciudadano se haga del poder público y pueda controlarlo a través de los instrumentos de la democracia participativa directa, entonces habrá un cambio de fondo en la seguridad del país. Mientras tanto, la sociedad seguirá siendo presa del miedo, el terror y la zozobra, y el Estado seguirá dilapidando y minando lo que le queda de legitimidad social.