La justicia en México, otra bala para Acteal

“A los 15 años y tres meses de la masacre de Acteal, donde perdieron la vida nuestros seres queridos, sigue la impunidad de los autores materiales e intelectuales de la masacre, pero además, la impunidad, como una mala hierba, sigue extendiéndose en nuestro país. (…) Lo que estamos viendo ahora en México confirma lo que siempre hemos dicho Las Abejas: los órganos de procuración y administración de justicia en México no están al servicio de la justicia sino de los intereses de los poderosos”.
Organización civil Las Abejas de Acteal 

 Por: Alma Sánchez

Chiapas, México. Con las liberaciones de los autores materiales de la masacre de Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación “pone en riesgo la paz social” en una zona donde los paramilitares siguen armados y los sobrevivientes están amenazados de muerte, señala Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

En entrevista con Desinformémonos para valorar la decisión de la Corte, López señala que las liberaciones se apoyan en una aplicación administrativa de la justicia, sin que la Suprema Corte considere que se trata de un sonado episodio de contrainsurgencia. Ante la impunidad y la falta de justicia, que demuestran que “los pueblos indígenas no cuentan en México”, lo que queda es fortalecer la autonomía como alternativa al sistema político, afirma.

A partir de 1995 el Estado mexicano impulsó la creación de grupos paramilitares que acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. Para principios de 1997, el conflicto político en los Altos de Chiapas se complejizó y los grupos paramilitares tomaron represalias contra quienes no aceptaron sumarse a su causa. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de cerca de 90 tzotziles equipados con armas de grueso calibre asesinaron a 45 personas de la organización civil Las Abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas embarazadas; 7 hombres adultos y 20 menores de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de los cuales resultaron con lesiones permanentes.

Las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración por la paz. El hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros del lugar de la masacre ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano.

El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de gobernación federal, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro. Se aprehendió a Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, como sospechoso de proporcionar el armamento a los paramilitares. Sin embargo no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango.

El 10 de abril de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó liberar a 15 indígenas que participaron en la masacre, entre ellos Jacinto Arias Cruz, debido a que se violaron sus derechos constitucionales como el del debido proceso. Noé Castañón León, secretario general de gobierno estatal, indicó que los 15 liberados firmarán un acuerdo para permanecer fuera de la cabecera de Chenalhó, para evitar que se altere la paz. 

¿Cuántos de los autores de la masacre de Acteal están libres y cuántos siguen presos?

La liberación de autores materiales de la masacre comenzó en 2009, cuando el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), interpuso recursos ante la SCJN, para que se revisaran las sentencias de los implicados. Lo que  argumentó el CIDE fue que había irregularidades en el debido proceso. En ese entonces, la Corte atrajo el recurso que interpuso el CIDE y decidió liberar a un primer grupo de personas, entre 20 y 25. En 2010 liberan otro grupo, y en 2012 fueron liberados de manera intermitente grupos de entre tres y cinco personas. Suman 75 personas con las liberaciones registradas desde 2009 hasta 2013, y quedan presos todavía 10.

De entre las 75 personas liberadas, cinco testificaron en sus declaraciones que sí participaron en la masacre, entre ellos el expresidente municipal Jacinto Arias.

¿El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas considera que existieron estas faltas al debido proceso de los autores materiales de la masacre?

En ese sentido coincidimos, porque podemos decir que el cien por ciento de los casos que pasan por un tribunal de justicia en México presenta faltas al debido proceso. Nos encontramos contrariados que la Suprema Corte reduzca a un proceso administrativo las faltas al debido proceso en un asunto que nosotros interpusimos como de lesa humanidad. Y por si fuera poco, en la argumentación que dan dicen que la Procuraduría General de la República (PGR) es la responsable de las malas investigaciones. Nosotros, como Frayba, decimos que  si es la PGR la responsable del inculpar a estas personas que ya están libres, por qué la Corte no responsabiliza a quienes procuran justicia en México, en este caso a los responsables de la PGR y a las autoridades que señalamos como autores intelectuales.

La SCJN dice que hubo fallas al debido proceso y que esas personas tienen que salir, pero no se pronuncia por el fondo del asunto. Hablamos de 45 personas asesinadas, más cuatro que estaban en el vientre de las mamás. No es el asesinato de tres personas ni la suma de una serie de eventos, sino un evento que constituye una masacre, una respuesta de contrainsurgencia. En México ha sido una de las más sonadas en los medios de comunicación y la SCJN no se pronuncia, parece que se les dificulta explorar el fondo del asunto.

¿De qué manera impactan estas liberaciones en el lugar y en los sobrevivientes de la masacre?

Cuando liberan a estos autores materiales, el gobierno federal los lleva a una finca que tiene rentada para ellos y les suministran alimentos, parte de los programas de desarrollo social. Se hacen beneficiarios de esos programas de desarrollo para poder mantenerse un tiempo. Para el gobierno es insostenible tenerlos así por muchos años, por lo cual ellos retornan a sus comunidades. El gobierno les pide que se queden en esa finca con sus familias, y no hay un acuerdo formal para reubicarlos en viviendas o para reinstalarse permanentemente en otra comunidad.

Dejar libres a personas señaladas como responsables de una masacre es un riesgo -en sus testimonios se declararon culpables-. Todavía está en riesgo la zona; las armas no han sido entregadas. Por más que el gobierno diga que estas personas van a ser reubicadas, en realidad están regresando a sus comunidades. Esto significa confrontar directamente a las víctimas dentro del conflicto armado en Chiapas. Con este tipo de decisiones, la Suprema Corte es la que pone en riesgo la paz social, y no la gente de la comunidad.

Las personas que viven en la comunidad de Acteal comienzan a vivir situaciones de riesgo y de tensión, tanto que su vida normal se ve coartada después de las liberaciones. Como Frayba podemos decir que incluso se ve amenazada, porque pueden encontrarse con los asesinos de sus familiares y estas personas liberadas pudieran volver a cometer lo que hicieron en 1997, gozando de impunidad.

¿Cuál es su valoración sobre las declaraciones del secretario de gobierno Noé Castañón en cuanto a la firma de acuerdos con los excarcelados para que no regresen a las comunidades?

Es parte de la estrategia mediática y la administración de la justicia. Todos los excarcelados han firmado el mismo convenio. Es sabido públicamente que estos acuerdos no se han cumplido. Las Abejas han denunciado en múltiples documentos que hay gente que fue liberada hace un par de años y está viviendo en las comunidades, e inclusive está actuando de forma provocadora contra las comunidades aledañas.

Debemos recordar que en diciembre de 2012, el actual presidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal fue amenazado de muerte. Dentro de ese contexto, se está dando el retroceso paulatino de la justicia. 

¿Cuál es su conclusión sobre este proceso de liberaciones y vuelta de los autores materiales a las comunidades?

Queda claro que los pueblos indígenas no cuentan ni caben en México y que no hay independencia de poderes en este país; el poder legislativo y el poder judicial acatan las órdenes del poder ejecutivo. Se confirma también que ante la falta de legalidad y legitimidad dentro del Estado mexicano, es necesario que tomen mayor fuerza y validez las alternativas al sistema en el país, como la construcción de la autonomía. Las Abejas de Acteal han reflexionado en estos años esas alternativas, porque el Estado mexicano no responde en lo mínimo a las demandas históricas de los pueblos indígenas.

FUENTE: Desinformémonos
LINK:http://desinformemonos.org/2013/04/la-justicia-en-mexico-otra-bala-para-acteal/