Por Fernando Ríos/Centro Prodh
El
rumbo de nuestro país no parece claro, las políticas públicas
implementadas en este sexenio no parecen asegurar las condiciones
idóneas para aspirar a una vida más plena para trabajadores, campesinos,
jóvenes e indígenas.
Un
argumento consensuado es que la situación de violencia continúa igual
que en el último periodo del ex presidente Calderón, así el semanario
Zeta calculó que en los primeros 100 días de gobierno de Peña Nieto han
transcurrido más de 4 mil 500 homicidios dolosos, 45 en promedio cada
día. ¿El gobierno federal ha abandonado su tarea de garantizar el orden?
Resulta
cierto que las consecuencias de la guerra fallida de Calderón fue un
mayor empoderamiento de la delincuencia en muchos sentidos. Esta
delincuencia a la que nos referimos también se relaciona con la
delincuencia legal y permitida, como lo son los sindicatos de la
educación y el de Pemex.
No
parece haber un cambio sustantivo después de que fue apresada la señora
Elba Esther Gordillo, sólo un cambio de piezas para que el sistema
continúe, pues ni Romero Deschamps ni otros líderes corruptos se les ha
impuesto mayores controles, menos aún han sido llamados ante la justicia
a rendir cuentas.
Por
otro lado, la delincuencia oficialmente ilegal, sigue con un férreo
control territorial, un hecho inédito es que en algunas partes del país
se dan el lujo de cobrar una extorsión por conceder el permiso para las
fiestas comunitarias. Además la delincuencia sigue teniendo acceso a
numerosas armas de fuego.
Asimismo,
se sigue dando pie a la impunidad en tanto no haya contrapesos para el
Ejército. Uno de los últimos episodios de esta situación fueron los
hechos ocurridos el 18 de marzo cuando fueron torturados y ejecutados
Alfredo Ruíz y Alexis Moreno en Nuevo Laredo por parte de miembros del
Ejército.
Dicha
situación no es un hecho aislado, en los dos primeros meses del año,
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo 193 quejas ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que guarda relación con
las más de 7 mil 500 quejas que fueron presentadas durante el sexenio
anterior.
Estas
circunstancias plasman la continuidad en el eje de la violencia y
demuestran que el propósito supuesto de terminar con ésta al cabo de un
año, es parte de la estrategia dilatoria del actual gobierno. Ante esto
no podemos quedarnos sólo con una política declarativa, sino que los
ciudadanos deberemos exigir por diferentes medios, políticas públicas
adecuadas y que en la implementación de éstas se realice con un estricto
apego a los derechos humanos.
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