Convención Nacional Democrática

México D. F., miércoles 25 de octubre de 2006.

El Frente Amplio Progresista, integrado por los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, da a conocer la Propuesta para la Transformación de México, y comunica la integración de la Coordinación Política Nacional.

COORDINACIÓN POLÍTICA NACIONAL

Dirigentes de los partidos políticos:

Leonel Cota Montaño (Partido de la Revolución Democrática)
Alberto Anaya Gutiérrez (Partido del Trabajo)
Luis Maldonado Venegas (Convergencia)

Coordinadores parlamentarios en la Cámara de Senadores:

Carlos Navarrete Ruiz (PRD)
Alejandro González Yánez (PT)
Dante Delgado Rannauro (Convergencia)

Coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados:

Javier González Garza (PRD)
Ricardo Cantú (PT)
Alejandro Chanona Burguete (Convergencia)

Representación Política:

Jesús Ortega Martínez
Porfirio Muñoz Ledo
Manuel Camacho Solís
Ifigenia Martínez Hernández

Representación de Gobernadores:

Alejandro Encinas Rodríguez, Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Representación de los Presidentes Municipales:

Jazmín Copete, Presidenta Municipal de Santiago de Tuxtla, Veracruz

Representación de Movimientos sociales:

Martín Esparza, Secretario General del Sindicato Mexicano de electricistas.

El Frente Amplio designó por consenso a Jesús Ortega Martínez, como Portavoz Permanente del Frente Amplio y a Jesús González Schmal, como Secretario Técnico.

POR LA JUSTICIA Y LA DEMOCRACIA PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE MÉXICO FRENTE AMPLIO PROGRESISTA

A pesar del fraude, no se debe perder la gran votación que se alcanzó a favor del Proyecto Alternativo de Nación. Nuestro programa de inclusión social representa la posibilidad de justicia para millones de mexicanos que padecen del desempleo, la pobreza, los bajos salarios, la inseguridad y los abusos de la autoridad. Es también la única oportunidad de democracia frente a un régimen que se sostiene por la corrupción, la impunidad, el cerco informativo y la manipulación de las elecciones.

Para impulsar hoy un cambio verdadero a favor de la justicia y la democracia, se requiere: firmeza en la oposición; capacidad política para ganar la iniciativa; y determinación para alcanzar acuerdos que protejan a las mayorías. Mantendremos una decidida posición contra los intentos de restauración autoritaria que se manifiestan en el control de los medios, el endurecimiento en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el uso de la fuerza pública contra disidentes, la postulación de candidaturas facciosas al Tribunal Electoral y la persistente campaña que busca desprestigiar a nuestro movimiento. A la vez retomaremos la iniciativa política para llegar a las reformas legislativas que permitan satisfacer las demandas fundamentales de la población.

Estamos obligados a ponerle límites al poder y a los intereses espurios que lo sostienen. No vamos a legitimar a Felipe Calderón. No vamos a permitir la privatización del petróleo y la energía eléctrica. Nos oponemos a que la crisis fiscal se pretende resolver con un IVA a alimentos y medicinas. Estamos en contra de los monopolios que perjudican a los consumidores y disminuyen la libertad. Rechazamos que se perpetúen la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Rechazamos la intervención del gobierno en la vida interna de los sindicatos. En relación a los crímenes de Estado, estamos en contra de que no se conozca la verdad y la impunidad. Nos oponemos a que siga aniquilando la autonomía del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estamos decididos a impulsar las reformas que permitan reducir la pobreza, promover la democracia y ganar espacios de libertad frente a la restauración autoritaria. Conocemos de la fuerza de los intereses conservadores. Pero también sabemos que, sin estabilidad, todos, incluyendo esos intereses, perderemos. Conforme a la más estricta racionalidad política, proponemos un plan de transformación profunda del país. Los partidos políticos, movimientos sociales y ciudadanos reunidos en el Frente Amplio Progresista convocamos a todas las fuerzas representadas en el Congreso para avanzar en los siguientes diez puntos:

1.- Frenar la restauración autoritaria en marcha para asegurar la libertad de información y elecciones libres, e iniciar el cambio de régimen político conforme a la nueva pluralidad. En el terreno de la democracia hay un franco retroceso. Las instituciones electorales que habían significado un avance permitieron el fraude y probaron su inutilidad para impedir y sancionar las acciones ilegales antes y durante la elección presidencial. Muchos medios ejercen la censura. Las violaciones a la ley no tienen consecuencia. Los cacicazgos regionales actúan con impunidad. Y lo peor, en vez de corregir, los intereses autoritarios se atrincheran. La propuesta de magistrados al Tribunal Electoral a partir de un proceso cerrado y excluyente es la mejor muestra de la intención de perpetuar la exclusión.

En cuanto al régimen político, hay un consenso de que el actual régimen presidencialista está agotado. Ha perdido efectividad y legitimidad. Se necesita adaptarlo a las necesidades de una mayor pluralidad política, social y cultural. Hacer compatible el régimen de gobierno, los nuevos equilibrios entre los Poderes y en la Federación con el sistema electoral y el régimen de partidos. La cuestión central es hacer los cambios institucionales que permitan construir la gobernabilidad democrática.

Como parte de un proceso constitucional más amplio que encabezaremos desde la Convención Nacional Democrática, proponemos, como decisiones inmediatas:

Reforma electoral para garantizar la equidad en los procesos electorales que modifique la estructura del IFE y del Tribunal, así como de los organismos estatales. Asegurar que los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral sean independientes y profesionales, de modo que esas instituciones garanticen imparcialidad y certeza para todos.

Otorgar plena garantía constitucional al derecho al sufragio y revisar el sistema contencioso electoral para que las violaciones a la ley sean debidas y oportunamente sancionadas.

Fortalecer los mecanismos de fiscalización del IFE. Regular las precampañas y el gasto de los precandidatos: Reducir el tiempo y topes de gasto de las campañas. Suprimir el financiamiento privado a partidos políticos y campañas electorales. Prohibir el uso comercial de radio y televisión para fines electorales y la propaganda oficial en forma permanente. Otorgar suficiente acceso a los partidos en los tiempos oficiales.

Reformar para fortalecer al Congreso. El Congreso tendría facultades adicionales en materia de política exterior, aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, salarios mínimos y radio y televisión. Se reformaría la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento para estrechar la vinculación de las comisiones del Congreso con las distintas ramas del gobierno, dándoles facultades de planeación y evaluación del desempeño gubernamental; aumentar las facultades de las comisiones en materia de investigación, control y dictamen; establecer mecanismos para que las iniciativas no se congelen en las comisiones.

Reforma laboral que se respete la autonomía de los sindicatos, promueva la democracia sindical mediante el voto libre y secreto y obligue a la rendición de cuentas, proteja los derechos de los trabajadores organizados y no organizados, incremente la productividad y la justa distribución de sus beneficios, proteja el salario, asegure la no discriminación, la igualdad de género, la contratación de personal de todas las edades y que las juntas de conciliación y arbitraje sean sustituidas por tribunales de plena jurisdicción.

Reforma para introducir la democracia participativa: referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación del mandato e iniciativa constructiva, garantía del derecho de petición mediante la afirmativa ficta en las demandas de los ciudadanos ante la administración pública, participación ciudadana en la administración local, en la definición y seguimiento de los presupuestos municipales (presupuestos participativos) y en la gestión de los servicios públicos.

Impulsar las reformas necesarias para garantizar la equidad de género, mediante el acceso a la educación, el empleo y la representación política, la acción afirmativa y el combate efectivo a la discriminación y la violencia intra familiar.

Reabrir los medios de comunicación para hacer efectivo el derecho a la información; competencia y pluralidad en los medios electrónicos.

Derogar la reforma a las Leyes Federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión. Reformarlas con las definiciones constitucionales que sean necesarias, para facilitar la competencia, el pluralismo y la libertad de información, así como para eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento y retiro de concesiones. Alentar la creación y consolidación de canales culturales, públicos y regionales en radio y televisión y medios alternativos y comunitarios. Otorgar facultades al Congreso de la Unión en la definición de la política pública de radio y televisión y espacios a la ciudadanía.

2.- Crecer con equidad. La estabilidad financiera no puede ser el único fin de la economía. Para crecer y generar los empleos necesarios y bien remunerados en la economía global, deberemos simultáneamente reestablecer la capacidad de promoción del desarrollo del Estado, aumentar la competitividad de la economía e introducir objetivos de sustentabilidad e inclusión social.

El neoliberalismo no ha dado resultados positivos para las mayorías: no hay crecimiento ni bienestar social. Sin regresar al proteccionismo del pasado ni poner en riesgo la estabilidad fiscal, promoveremos:

La reforma a la Ley del Banco de México para que, junto al objetivo de la estabilidad que tiene encomendado, se agreguen a los objetivos del crecimiento y el empleo, y el control congresional.

Fortalecer las finanzas públicas. Disminuir la dependencia del fisco de los ingresos petroleros. En la próxima Ley de Ingresos, aumentarlos mediante el mejoramiento de la administración fiscal y la eliminación de los privilegios fiscales del impuesto sobre la renta. Reorientar el gasto público a la inversión en la infraestructura y al gasto social, mediante la disminución de los excesos de la alta burocracia y la reducción del gasto corriente que ha crecido desorbitadamente, en especial del gasto de operación.

Una política de fomento apoyada en el crecimiento de la inversión pública y privada en la infraestructura, la consolidación de los programas de vivienda y su acceso para las familias de menores ingresos, la iniciativa de Ley de fomento industrial, de apoyo a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y piscícolas, de fortalecimiento de la banca de fomento y de los instrumentos regionales de crédito, así como del estímulo al crédito a las micro, pequeñas medianas empresas privadas, y sociedades cooperativas, a través de un sistema de garantías públicas.

Rescate del campo mediante una política de fomento que incluya un sistema de precios de garantía, el desarrollo de los instrumentos crediticios y de aseguramiento, la inversión en infraestructura, la diversificación, la investigación y el cambio tecnológico y la planeación del desarrollo regional en acuerdo con organizaciones de productores. Revisar el TLC para evitar que las importaciones libres de maíz y fríjol aumenten la pobreza y la inmigración.

Una política de competitividad que frene a los monopolios del sector privado que controlan diversos mercados y a las prácticas monopólicas, reduzca el costo de la energía y reforme la administración pública para aumentar su efectividad a partir de un cambio en su concepción y en sus prioridades.

Una política de protección al ambiente que incluya, como derecho constitucional, el derecho al agua. Nuestro país tiene que estar en la vanguardia de la protección de sus bosques, selvas, suelos y de su aprovechamiento racional. Así como en la prevención y corrección de los efectos nocivos de la contaminación en todas sus formas, a nivel local, nacional y global.

3.- Justicia social con un Estado garante del bienestar. Para proteger a la sociedad de las injusticias extremas y de los ajustes de la economía, establecer un sistema de seguridad social universal y políticas distributivas de mayor profundidad: aumentar la cobertura y la calidad de la educación y salud públicas, mejorar los salarios y distribuir equitativamente los presupuestos.

Las privatizaciones de la salud y seguridad social aumentara la desigualdad. La solución al problema de las pensiones pasa por hacer exigibles los derechos sociales y promover el Estado de Bienestar. Proponemos.

Establecer de manera gradual un sistema de seguridad social universal que incluya la salud, las pensiones y las prestaciones sociales para toda la población. La reforma del IMSS y el ISST, de otros fondos de pensiones, y la coordinación del sistema de salud, serán más viables a partir de esa decisión política a favor de la justicia.

La creación del sistema debe ir acompañada de decisiones inmediatas para dar respuesta a los grupos sociales más desatendidos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2007 deberá darse los primeros pasos con el establecimiento de la pensión alimenticia para todos los ciudadanos mayores de 70 años, las becas para los discapacitados. Las viudas y las madres solteras. Las nuevas prestaciones deberán quedar sancionadas por ley y establecidas sus fuentes de financiamiento.

La mejoría de la educación y la salud pública son determinantes para disminuir las desigualdades y para que la economía crezca.

Para ello se necesitan más recursos, pero también de una aplicación eficiente del gasto público. Para el 2007 buscaremos:

Llevar acabo un diagnóstico de fondo sobre los resultados de la descentralización educativa, intervenir en escuelas preparatorias y tecnológicas para que los jóvenes tengan oportunidad de seguir estudiando, fortalecer los programas educativos en las regiones más pobres del país y de las conurbaciones urbanas, la atención a la estimulación temprana, educación inicial y preescolar, preparar los cambios que permitan aumentar la calidad a partir de un manejo riguroso y transparente de los recursos y llevar a cabo una evaluación permanente de los resultados. Es prioritario asegurar el acceso y la permanencia a la educación pública, laica y gratuita a todos los niveles y mejorar su calidad. Debe aumentar el financiamiento público a la educación universitaria pública y ampliarse hasta los dieciocho años la educación obligatoria.

En materia de salud proponemos fortalecer los programas para asegurar la disponibilidad de medicinas gratuitas a toda la población, la mejoría del servicio y el inicio de la transición hacia el sistema de seguridad social universal.

La política de salarios debe conducirse conforme a los criterios de facilitar la generación de empleos formales, recuperar la función igualadora del salario mínimo y sostener el crecimiento de los salarios por encima de la inflación. El crecimiento de la masa salarial es determinante para la necesaria expansión del mercado interno.

La inclusión de los pueblos indios que fue la demanda principal del levantamiento zapatista en 1994 quedó trunca a partir del incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Impulsaremos la reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos indios.

La política de gasto público, en general y no solo para los programas sociales, debe de responder a un criterio de equidad social y regional, de tal manera que, el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2007, se fortalezca su contenido distributivo y no se utilicen los recursos públicos para apoyar a grupos minoritarios como ocurrió con el rescate bancario. Es conveniente crear la comisión de la verdad para conocer lo que ocurrió en el Fobaproa y proceder a la revisión de las operaciones fraudulentas.

4. Impulso a la ciencia y la tecnología y preservación del patrimonio cultural. El retraso de nuestro país en materia de ciencia y tecnología medido por el número de patentes y creación de nuevas empresas tecnológicas es alarmante. Sin una concentración nacional que permita revertir esta situación, nuestro país quedará definitivamente excluido de la economía del conocimiento, y por tanto, de la posibilidad de acceder a mejores niveles de la vida en las próximas décadas.

Es indispensable canalizar mayores recursos a la ciencia y la tecnología. El gobierno federal, los estados y municipios, las universidades públicas y privadas y las empresas requieren unir fuerzas y diseñar nuevos instrumentos. Concentrar su acción en las áreas donde podemos tener ventajas y ubicar sus esfuerzos en el territorio para lograr la adecuada concentración de voluntades.

Para preservar el patrimonio cultural rechazamos las reformas que fueron aprobadas por el Senado a los artículos 27, 124 y 73 que debilitan su defensa.

Impulsaremos un debate plural y responsable que permita superar el veto presidencial a la Ley de fomento para la lectura del libro. La revisión del papel de las industrias culturales en el TLC. Es indispensable revisar integralmente el papel de las instituciones, presupuestos y políticas culturales, así como establecer los debidos estímulos y protección a los artistas creadores.

5. Para que el sector energético cumpla su papel determinante en el desarrollo de la economía y se asegure el dominio de la Nación, se debe de definir una política integral y sanear las empresas públicas.

Estamos en contra de la privatización del petróleo y la electricidad en cualquiera de sus modalidades.

Estamos a favor:

1. una política energética integral que incluya los hidrocarburos, la electricidad, gas natural, energía nuclear, fuentes renovables y alternativas.

2. Reforzar el carácter de los organismos públicos del Estado de PEMEX, para fortalecer la inversión del sector y proteger la inversión social frente a los cambios cíclicos.

6. Reforma integral del sistema de justicia y seguridad pública.

Los muy graves problemas de inseguridad que enfrenta la sociedad mexicana son producto del desempleo, los rezagos sociales acumulados, la descomposición de las instituciones y la impunidad generalizada. Sin mejoría económica y social, y sin una nueva ética pública que repruebe la corrupción y la impunidad, ninguna acción de mejoramiento de la seguridad será suficiente. Sin embargo, la gravedad del problema obliga a respuestas inmediatas para mejorar las instituciones y la calidad profesional y ética de los funcionarios que las dirigen.

Es indispensable dotar de verdadera autonomía y recuperar el prestigio del poder judicial. Establecer el Tribunal Constitucional de la Federación. El sistema judicial necesita sanearse internamente, para ello será necesaria la revisión a fondo del Consejo de la Judicatura, dotándolo de la debida autonomía.

Los problemas mas graves se ubican en la justicia local. El paso más urgente es ganar la autonomía respecto a los locales. La reforma judicial local debe ir acompañada por la democratización de la vida política y la separación de poderes en los estados.

Reforma constitucional para garantizar la autonomía del Ministerio Público, sustrayendo sus funciones de la esfera de competencia del Poder Ejecutivo. Introducir juicios orales, presunción de inocencia, policía de investigación (científica), defensoría profesional de oficio. Esta transformación se debe conducir a partir de un acuerdo entre fuerzas políticas representadas en el Congreso que asegure su independencia e impida que esta reforma se convierta en una fuente permanente de impunidad.

Reformar integralmente los ordenamientos legales que regulan la relación autoridad, policía y ciudadanos, profesionalizar a la policía y mejorar sus salarios y prestaciones. Crear el Código Penal Único para homologar las legislaciones locales y federal, para que cualquier delito merezca la misma pena, sobre todo en lo concerniente a los delitos que cometa la delincuencia organizada.

Constitucionalizar los derechos humanos y homologar la legislación doméstica conforme a los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

7. para frenar la corrupción: austeridad republicana y combate al tráfico de influencias y a los conflictos de interés.

La legitimidad de las instituciones del país está severamente dañada por los privilegios y la corrupción. El crecimiento de la economía, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y las leyes, y en la democracia, dependen de la capacidad que se tenga para aumentar la autonomía del Estado respecto a los intereses que lo han colonizado, defender el interés público y poner freno a la corrupción. Se necesita sanear a partir del ejemplo. Proponemos.

Reforma constitucional para introducir una política de austeridad de Estado en los tres poderes y órdenes de gobierno. Establecer que ningún salario del ámbito público podrá ser superior al del Presidente de la República y reducir este conforme a los estándares internacionales.

Iniciar la revisión integral del Titulo Cuarto de la Constitución, de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, para establecer un sistema integrado administrativo, parlamentario y judicial que garantice la rendición de cuentas públicas y otorgar facultades de acción penal al Auditor Superior de la Federación.

Iniciativa de reforma a las leyes federales y locales para sancionar el tráfico de influencias y los conflictos de interés de todos los servidores públicos. Prohibición expresa de que los nombramientos del gobierno recaigan en funcionarios que incurran en conflictos de interés.

8. Para impulsar el federalismo y la autonomía municipal: rediseñar el régimen federal como parte del cambio en el régimen político y asegurar el avance democrático de los estados, fortalecer la vida municipal y la efectividad del gobierno en las zonas metropolitanas.

Nuestro régimen de gobierno sigue siendo muy centralizado, pero a la vez algunos de los avances de la descentralización no se han traducido en mayor democracia ni en más gobiernos más efectivos. Es indispensable que el cambio democrático, la separación de poderes y la transparencia lleguen a todo el territorio.

En los estados se necesita llevar acabo una reforma democrática que asegure la vigencia plena de las libertades, la separación de poderes, la autonomía judicial, el control del poder y elecciones libres y equitativas.
Reforma al artículo 115 constitucional para otorgarles facultades de aprobación de los estados del gobierno municipal, reconocer la diversidad municipal, facilitar la asociación de municipios y la coordinación metropolitana en las grandes ciudades.

Revisión a fondo de la Ley de Coordinación Fiscal que enfatice sus componentes distributivos, aumente las facultades de los gobiernos estatales y municipales, controlado el dispendio.

Constitución del Distrito Federal con derechos políticos y ciudadanos equivalentes a los de las entidades federativas y un diseño institucional compatible a su calidad de gran cuidada y de ser sede de los Poderes de la Unión.

9. Método para la revisión integral de la Constitución. El cambio de Régimen político para asegurar la protección de los derechos ciudadanos y el buen funcionamiento de la democracia, así como la orientación de la política económica para favorecer el crecimiento y la mayor igualdad social, requieren de la nueva constitucionalidad es indispensable definir el proyecto de reforma integral y el método que permita iniciarla, ya sea mediante:

1. La creación de una Comisión Congresional con la más alta representación que tenga por objetivo presentar el proyecto de la nueva constitucionalidad.

2. O el establecimiento de un Consejo Constitucional, con participación de legisladores federales y locales, representantes de los partidos, de los municipios y entidades federativas, así como los expertos, personalidades y representante de la sociedad civil.

3. O la convocatoria a un Congreso Constituyente.

10. Política exterior de Estado.Política exterior de acuerdo a los principios que establece la Constitución y como instrumento de defensa y promoción de los intereses de los mexicanos. Reforma constitucional para que la política exterior sea definida por Presidente de la República y el Senado. Ratificación del Secretario de Relaciones Exteriores por el Senado. Fortalecimiento del servicio diplomático de carrera. Protección constitucional de los mexicanos en el extranjero, defensa de sus derechos humanos y ley de protección de migrantes y emigrantes Fortalecer la cooperación en la relación bilateral, el multilateralismo y promover la unidad política de América Latina.