Existen 119 presos políticos en México

Rodrigo Vidal

- Comité Cerezo México presentó el documento “La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México”

- Entre 2002 y 2008 fueron encarcelados mil 373 activistas y líderes sociales; Oaxaca, el estado con el mayor número

Xalapa, Ver.- En el periodo comprendido entre 2002 y 2008 fueron encarcelados mil 373 activistas sociales por motivos políticos en el país, siendo Oaxaca, Estado de México, Michoacán, Guerrero y Chiapas, las entidades en cuyos penales se concentraron más de mil detenidos. El estado de Veracruz aparece en el lugar número 11.

El trabajo fue realizado por Comité Cerezo México, como parte del proyecto Viento de Libertad, y presentado a pocos días del inicio de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, que comienza el 30 de agosto.

El documento se titula “La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México”, y en el apartado de “Datos duros” figuran 18 estados del país donde fueron encarcelados los mil 373 defensores de derechos humanos y activistas, de los cuáles 119 aún permanecen presos.

El estado de Oaxaca encabeza la lista en el número de detenciones, con 436 presos, le sigue el Estado de México con 235, Michoacán con 143, Guerrero acumuló 144 presos, Chiapas, 111; Yucatán 72, lo mismo que Jalisco (72), de ahí Nuevo León acumuló 32 encarcelados, Sonora 26, Morelos 25, Veracruz 25, Distrito Federal 19, San Luis Potosí 8, Tamaulipas 7, Tabasco 6, Chihuahua 3, una cantidad similar en Querétaro y Puebla tuvo dos presos por motivos políticos.

En 2009 registraron 14 presos de conciencia. Sin embargo, a la fecha siguen internos en penales del fuero común y federal 119 personas, clasificados de la siguiente manera: 97 presos de conciencia, 15 detenidos injustamente asociados a motivos políticos y seis presos políticos.

De los detenidos hasta el momento, hay dos entidades que acumulan el mayor número de casos: el estado de Chiapas tiene dentro de sus cárceles a 54 presos de conciencia, mientras que en el Estado de México, 9 son injustamente asociados a motivos políticos y cuatro presos políticos. Comité Cerezo explica que la cifra en el Estado de México aumentó después de la represión masiva en Atenco, en 2006.

Los presos fueron consignados: 75 por fuero común, 25 por fuero federal y 17 por fuero común y federal. La mayoría de ellos son hombres y sólo tres mujeres detenidas actualmente. Durante su reclusión, los activistas han visto violados los siguientes derechos: derecho a la Libertad y Seguridad Personales, derecho a la integridad personal, al acceso a la justicia, de lo acusados y derechos de la persona privadas de su libertad.

Caso Veracruz

El estado de Veracruz ingresó a la lista debido al caso de Los Dorados de Villa, en 2007, cuando el 10 de junio de ese año, un grupo de campesinos recuperó un predio en Lomas del Dorado, municipio de Ixhuatlán de Madero, basados en una entrega de tierras de septiembre de 1941.

Ellos fueron demandados penalmente por “despojo” por la familia Faisal Ramal. Las autoridades ministeriales armaron un expediente express (que viajó de Chicontepec a Villa Aldama y de regreso, para finalmente quedar en Chicontepec). El 14 de junio los desalojó a tiros la policía estatal de Veracruz.

Los campesinos presos, junto con el observador de derechos humanos Javier Islas Cruz, fueron llevados primero a Benito Juárez y luego a Villa Aldama, donde denunciaron que fueron golpeados, los interrogaron en castellano sin traductor ni abogado, a pesar que hablaban náhuatl, los obligaron a tomar unas pistolas y les hicieron posar con ellas para unas fotos.

Los campesinos declaran que no portaron ni usaron armas, que solamente llevaban sus machetes. En la actualidad, están libres bajo fianza: Domingo Francisco Verónica, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Severo Antonio Hernández, Enrique Flores Catarina, Daniel de la Cruz Antonio, Luis Francisco Martínez, Antonio Santiago Hernández y Audecio Santiago Hernández.

Comité Cerezo México clasificó la represión de los Dorados de Villa, como un “caso de detención masiva de organizaciones sociales”, ocurrida en Veracruz durante la actual administración.