¿Legal o legítimo?

Milenio Diario, 31 agosto 2007.

Sanjuana Martínez.

Es lógico que Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, exponga su berrinche: pierde el poco prestigio que le quedaba, se termina para él la posibilidad de seguir ocultando información relacionada con la cuestionada elección pasada y lo más importante: deja de recibir un salario de más de 425 mil pesos, bonos de alimentación, celular, automóvil, dote matrimonial, vivienda, seguro médico, chofer, guardaespaldas, cocinera y 24 subalternos.

No es para menos, vuelve a ser ciudadano común y corriente. El problema es que al señor Ugalde le molesta que lo despida el hombre que él mismo sentó en Los Pinos. Seguramente se siente con el derecho de reclamar, patalear y hasta amenazar. Su enfado es tal que advierte: “Si me despiden, significa que hubo fraude”. Y hace un llamado a la “honestidad intelectual y política” de Felipe Calderón, recordando que actuó siempre de manera “legal”.

Apelar a la honestidad de alguien que se autonombra igualmente “presidente legal” es contradictorio. Una cosa es legal y otra legítimo. Entre ambas palabras existe una diferencia semántica y de decencia. Legal no significa que sea justo, equitativo o transparente. Felipe Calderón llegó al poder encumbrado bajo la sombra de la duda. Sacrificó la certidumbre de una elección a cambio de la legalidad. Y así, renunció a la legitimidad, que ahora busca desesperadamente cortando cabezas en el IFE.

Lo importante no es saber si el 1 de septiembre llegará a la tribuna a leer su aburrido Informe de Gobierno; lo verdaderamente trascendente es descifrar el simbolismo que hay detrás de toda esta parafernalia partidista y los alcances de las reformas que se cuecen a espaldas de los ciudadanos: “a cambio de las cabezas del IFE, yo acepto la reforma electoral; si tú aceptas mi reforma electoral, yo admito tu reforma fiscal…”.

Por eso, el señor Ugalde está muy enojado y pregunta: “¿No se está dando un balazo en el pie Calderón al aceptar en una negociación la cabeza de los consejeros por la reforma fiscal?”. Y vuelve a preguntar: “La celebración de un Informe de Gobierno, en los términos previstos por la Constitución y con la formalidad que amerita la investidura presidencial, ¿puede ser parte de una negociación sobre el futuro y la independencia del Instituto Federal Electoral? Y, ¿si la negociación política, tan importante para el futuro social, económico del país, puede estar dependiendo de otra reforma que, siendo importante, no tiene nada que ver con ella, como es la reforma electoral?”. Afirmativo. El papel de lavador de votos del señor Ugalde ya terminó. Parece mentira que su ego descomunal y su ambición desmedida le impidan verlo con claridad.

Las transas que encabezó como árbitro no son una garantía para convertirse en presidente vitalicio, como su tutora, la maestra Elba Esther Gordillo. El IFE necesita reformarse y para empezar a hacer una auténtica limpia se requiere expulsar a los maquillistas de cifras. Su cara es la imagen del fraude. El señor Ugalde y sus consejeros ya no son confiables. La confianza es como la virginidad: una vez perdida, nunca más se recupera. Es necesario encontrar ciudadanos sin nexos partidistas ni políticos. Gente honorable que no tenga que ser elegida ni ratificada por los diputados. Ésa sería la verdadera reforma electoral, la que permita una elección limpia en el seno del IFE.

Lo bueno de todo esto es que finalmente al señor Ugalde le surgieron las dudas. Nunca es tarde. Cuestiona el casi ex presidente: “¿Cómo evitar la perversión que se da cuando el dinero compra la política y a los políticos?”. Él, mejor que nadie, lo sabe: con independencia y autonomía. Ambos elementos son obligados a la hora de recomponer una institución desacreditada y particularmente cuestionada por su falta de imparcialidad.

El IFE de la etapa de Ugalde no hizo nada por frenar la campaña sucia de los partidos, por detener la desproporcionada propaganda pagada por los empresarios para aniquilar al adversario de izquierda. No fiscalizó en su momento. Lo hace un año después, solicitando a 10 grupos televisivos y 81 empresas radiofónicas sus informes relacionados con 250 millones de pesos correspondientes al gasto de propaganda.

El señor Ugalde prefirió alinearse a los intereses de partido del presidente Vicente Fox. No olvidemos que el 2 de julio, a las 8 de la noche, ambos salen en televisión, en un anuncio grabado con antelación, diciendo que no hay un claro ganador. Todo estaba perfectamente orquestado y él fue el flamante director de orquesta. El tufo de esa imagen lo perseguirá siempre.

Mientras tanto seguiremos con el hastío del ritual del informe. Un acto que recuerda los peores tiempos del PRI. Un sistema parlamentario agotado, que debe reformarse. México requiere informes debatidos, con posibilidad de enmienda por parte de los demás actores políticos. Los informes deben convertirse en “Estado de la nación”, como sucede en las democracias modernas.

A lo largo de nuestra historia, el primero de septiembre ha sido un día lleno de verdades a medias, cifras maquilladas y espíritu estalinista. Hay que superar ese esquema, digno del extinto socialismo soviético. México exige cambios legales y legítimos. La Constitución no es un texto sagrado.