Los consejeros y la reforma

Carmen Aristegui F.

El Norte, 31 Ago. 07.

Después de las versiones contradictorias de las últimas horas, finalmente, se confirma que Felipe Calderón acudirá mañana 1 de septiembre a la apertura de la Sesión Ordinaria del Congreso de la Unión y presentará un Informe sobre el estado general de su gobierno.

El domingo 2 -no en el Auditorio, sino en Palacio Nacional- se ha dicho que informará sobre los nueve meses que han transcurrido de esta administración.

Las negociaciones que se han dado para que pueda cumplirse medianamente el mandato constitucional no son sino un síntoma más -de muchos- de lo que ya resulta insostenible. El ritual que ha devenido en pesadilla. Si de por sí la ceremonia del Informe estaba ya cuestionada desde sexenios anteriores, hoy tenemos la agravante de que la legitimidad del mandato del actual Presidente es seriamente cuestionada por el espectro político de la izquierda mexicana.

Las elecciones del 2006, como se sabe, dinamitaron los canales de comunicación entre las fuerzas políticas del país. Con la llegada de la fatídica fecha del Informe, se ha creado un espacio de negociaciones múltiples que desembocará en diferentes vertientes. La más inmediata tiene que ver con la cabeza de los consejeros electorales del IFE. A estas alturas queda más que claro que la remoción o "conclusión anticipada de su mandato" ha sido una condición obligada, no sólo para que sea posible la breve ceremonia que veremos mañana, sino para la elaboración de un proyecto de Reforma que modifique las condiciones para futuros comicios y el rediseño de partes sustantivas de este Instituto.

Al momento de escribirse estas líneas, aún no quedaba claro si la sustitución de consejeros se daría en su totalidad, tal como lo han planteado desde el PRI y el PRD, o si bien el PAN habría logrado convencer sobre una salida intermedia, con movimientos escalonados durante los próximos años para renovar a la autoridad electoral.

Como quiera que sea, la reacción de quienes se encuentran en la picota, especialmente el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, hace prever que no se quedarán cruzados de brazos y podrían recurrir a instancias judiciales en México y en el ámbito internacional.

Ugalde insiste en que lo que va de por medio es la autonomía e independencia del IFE frente a los partidos políticos y que lo que está a punto de ocurrir significaría, en los hechos, el reconocimiento de que en 2006 se cometió un fraude electoral.

Los consejeros han planteado también que la única vía legal para removerlos tendría que ser a través de un juicio político. Un juicio promovido ante el propio Congreso en el que se formalizarían las acusaciones en contra de quienes condujeron el ríspido proceso electoral del 2006. Eso se pondría interesante, sin duda, pero por supuesto, nadie va a promover tal cosa. La caja de Pandora que ahí se abriría destruiría cualquier posibilidad de transitar hacia las modificaciones legales que hoy se están planteando. Así que por ahí no caminará la salida de los nueve integrantes de este órgano colegiado. Será un acuerdo político.

Los ciudadanos haríamos mal en no estar alerta para evitar que los futuros consejeros resulten, en los hechos, meras cuotas de partidos que no garanticen la imparcialidad del organismo. Dudo que realmente lo estén pensando hacer así, pero más vale insistir en ello. La tentación debe ser grande. Sin embargo, la necesidad de restituir la confianza perdida obliga a los partidos a no repetir el lamentable proceso que se dio en 2003 cuando fue constituida la actual autoridad.

No se puede olvidar que el arranque de esta historia tiene un pecado original. La mala negociación política de entonces hizo arribar a la responsabilidad de consejeros a un grupo de personas en torno a las cuales no se produjo el consenso, no sólo deseable, sino obligado para una tarea de esta naturaleza. Repetir la historia en ese tema sería imperdonable.

El tema de los consejeros es el punto de arranque para un proceso cuyo propósito no debe ser otro que el de restablecer condiciones elementales de confianza y certidumbre para una competencia electoral. Después de lo ocurrido a lo largo del lamentable sexenio de Vicente Fox, su irresponsable conducta política y todos los capítulos que dañaron irremediablemente la elección presidencial, no queda más que una Reforma profunda, sin simulaciones ni complacencias, que permita mínimamente volver a construir una base de confianza.

Lo que hay que remontar es enorme. El encono y la división política y social han sido de tales proporciones que ni siquiera una muy buena reforma electoral garantiza en lo inmediato una reconciliación nacional. Aun así es el paso obligado para ir restaurando el tejido roto. Los temas están ahí: financiamiento millonario; acceso a medios de comunicación electrónicos; fiscalización a partidos; regulación de precampañas; acciones de gobierno en tiempos electorales; recalendarización y acortamiento de campañas; Fiscalía para delitos electorales; Registro Nacional de Electores, entre otros. El tema, queda claro, es ya una urgencia.