México, 10 de junio de 2008. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias y Artículo 19 expresan su más profunda preocupación por el cierre la radio comunitaria Tierra y Libertad el pasado viernes 6 de junio en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Más de 100 efectivos de la Policía Federal Preventiva, provistos de armas de alto poder, irrumpieron en las instalaciones de esta emisora, de manera violenta. Más de 200 personas trataron de defender a la radio, sin embargo a fin de evitar un enfrentamiento mayor, finalmente dejaron que los elementos de la policía se llevaran el equipo, el ministerio público que atestiguó los hechos se negó a dejarles copia de la orden de cateo, así como del acta administrativa que están obligadas las autoridades a realizar. Por la presión de la gente se logró que no se llevaran a Héctor Camero, responsable de la estación, sin embargo, el ministerio público le advirtió que tendría que ir a declarar este viernes 13 de junio, sin mediar ningún citatorio por escrito, tal como lo marca la ley.
La emisora Tierra y Libertad, de un vatio de potencia con alcance de unos cuatro kilómetros entre asentamientos de clases populares al poniente de la ciudad de Monterrey, ha sido hasta hoy, y desde hace siete años, una radio comunitaria en la que se trataban temas de educación, de salud, culturales, de derechos humanos y laborales así como de análisis político. Mucho se ha mencionado la “ilegalidad” de esta emisora, sin embargo, la radio Tierra y Libertad solicitó el permiso para operar desde noviembre de 2002, en oficio recibido y sellado con fecha de 11 de noviembre de ese año por la oficina en Nuevo León de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin que haya tenido respuesta alguna por parte de las autoridades.
Por lo anterior AMARC México y Artículo 19 manifiestan su preocupación por:
1. No es la primera vez que las autoridades realizan cierre de emisoras sin contemplar el debido proceso al que están obligadas, tal como sucedió con la incautación de equipo de esta emisora. Si esta emisora operaba sin el permiso correspondiente fue porque el gobierno federal nunca dio respuesta a su petición, negándole la oportunidad de operar en el ámbito de la legalidad, producto de un marco normativo en materia de radio y televisión, que permite una profunda discrecionalidad de las autoridades correspondientes, situación que ha sido marcada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad sobre las reformas a la ley en la materia.
2. Es alarmante la negativa de gobierno federal de reconocer y generar un marco normativo adecuado para la radiodifusión comunitaria de acuerdo a los estándares internacionales emitidos al respecto por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que el Estado mexicano se ha comprometido ante ésta última a generar las condiciones para la existencia y desarrollo de las emisoras comunitarias.
3. La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establecen los principios 1 1 y 5 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aplicar la Ley General de Bienes Nacionales a quien opera sin permiso una estación, en lugar de aplicar la Ley Federal de Radio y Televisión es criminalizar el uso de un soporte técnico para ejercer la libertad de expresión.
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