Proponen que consulta petrolera sea el 27 de julio en todo el país

Carolina Gómez Mena

Debido a que la propuesta de reforma energética que plantea el gobierno “va en contra de la Constitución”, las organizaciones que integran el Diálogo Nacional determinaron ayer, en asamblea, exhortar a todos los sectores que promueven la realización de una consulta en la materia a sumar esfuerzos para que ésta se efectúe el 27 de julio próximo en todo el país.

Al respecto, Fernando Amezcua, secretario del exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), precisó que, con la finalidad de conjuntar fuerzas contra dicha propuesta e impedir que sea aprobada en el Congreso, es necesario que “todos los que hablamos sobre ella nos sentemos a definir cómo se va a hacer y realizarla en todo el país el 27 de julio. Lo importante no es quién lo proponga, sino ponernos todos de acuerdo y que haya una sola, que sea representativa de lo que opina el pueblo”.

Recordó que en 2006, durante el desarrollo del cuarto Diálogo Nacional, “las agrupaciones participantes plantearon que sobre cualquier asunto de carácter nacional se tiene que efectuar, conforme al artículo 26 constitucional, una consulta”.

Sobre ello Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, y Daniel Ávila, de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sostuvieron que es necesario efectuar una consulta nacional, porque la Constitución establece que la “soberanía reside en el pueblo”. De igual forma, esgrimieron que es necesario conocer la opinión de la ciudadanía sobre un tema que es de vital importancia para el país. Además, abundaron, porque eso dará “más fuerza” al rechazo a la propuesta.

En la citada asamblea nacional, que duró más de seis horas y en la que participaron unas 650 representantes de poco más de 200 organizaciones sociales, sindicales y populares de 16 estados, también se abordaron temas y se emitieron resolutivos sobre la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el repudio a la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la crisis y la soberanía alimentarias, así como la reivindicación de los movimientos sindicales y sociales y la defensa de los presos políticos, entre otros.

En lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, el Frente Sindical Mexicano, encabezado por el SME, indicó que no es necesario modificar esa norma, sino aplicarla a cabalidad, pues proliferan los contratos de protección y las argucias de las empresas, las cuales argumentan una supuesta falta de recursos para “seguir apretando el cinturón a los trabajadores”, declaró Amezcua.

Respecto de la Ley del ISSSTE, Diálogo Nacional acordó apoyar y promover movilizaciones para exigir su abrogación y tener una respuesta en ese sentido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo anterior en vísperas de que el máximo tribunal comience –el próximo martes– las audiencias públicas sobre esa ley.

Así, las acciones más importantes serán una marcha el 10 de junio del casco de Santo Tomás al Zócalo, y el 13 de junio otra de amparados contra la mencionada norma, de las oficinas del ISSSTE a la SCJN.