Editorial, La Jornada

En una declaración que ha generado deslindes hasta en las filas de su propio partido, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, dijo ayer en Madrid que carece de profundidad el foro organizado por el Senado de la República para analizar la iniciativa privatizadora de la industria petrolera, presentada hace poco más de dos meses por Los Pinos. Arropado por los intereses empresariales peninsulares, prestos a beneficiarse a su vez con las pretendidas reformas legales, Calderón afirmó, además, que no se han abordado en el debate los asuntos técnicos; se quejó de que “se han discutido cosas ideológicas, cosas históricas” en lugar de “cuestiones técnicas”, de que han quedado fuera del debate los “elementos centrales de mi propuesta” y de cómo ésta “sí aumenta la producción de petróleo, sí aumenta la producción de gas, de gasolina, las reservas y la rentabilidad de Pemex para los mexicanos”.

Este discurso descalifica a quienes han participado en el foro senatorial –incluidos los defensores de su proyecto de reformas legales–, a quienes lo organizaron y, lo más lamentable, al propio Senado de la República, la institución que convocó y que modula el debate en curso. Por añadidura, las palabras de Calderón ponen de manifiesto una percepción sesgada –y marcadamente ideológica, ésa sí– o bien desinformada, de lo que ha venido ocurriendo en la casona de Xicoténcatl en semanas recientes, porque en las sesiones del debate se ha realizado un análisis exhaustivo no sólo de la iniciativa presidencial que pretende transferir a particulares filones enteros de la industria petrolera mexicana, sino también una revisión política, histórica, económica, financiera, tecnológica y legal de los hidrocarburos nacionales y de las labores de prospección, extracción, comercialización y administración relacionadas. En suma, el debate en el Senado no sólo ha ido a fondo en el tema estricto de la propuesta calderonista, sino también ha abordado en profundidad la circunstancia actual de Pemex y sus perspectivas posibles, tanto por los partidarios de la privatización propuesta como por sus detractores.

Varios exponentes cuestionaron las premisas mismas en que se basa, de manera explícita o por omisión, la iniciativa calderonista. En particular, se critica el pobrísimo y errado “diagnóstico” que sobre la paraestatal efectuó la actual administración, se ha señalado que la propuesta no plantea nada específico para corregir y erradicar fenómenos que empobrecen y asfixian a Pemex –el saqueo fiscal, la intolerable corrupción en la empresa y en el gobierno federal, así como el exasperante dispendio de recursos que caracteriza al estilo panista de administrar– y se ha dicho que el desafío del país, en la hora presente, no consiste en mantener o incrementar la producción de crudo, sino, por el contrario, en reducirla, a fin de preservar parte de ese recurso no renovable para usufructo de las generaciones futuras.

Al contrario de lo que sostiene Calderón Hinojosa, los debates en Xicoténcatl han alcanzado tal profundidad que han permitido a la opinión pública asomarse, desde el análisis del manejo oficial del petróleo, a las miserias e inconsecuencias de la política económica vigente, caracterizada por su extremado pragmatismo –extraer todo el crudo que sea posible y venderlo lo más rápido que se pueda–, por su irrefrenable tendencia privatizadora –de la refinación, de los oleoductos y de los trabajos de perforación y extracción–, por su vocación depredadora de los recursos naturales y por su tendencia a favorecer a los capitales foráneos en detrimento de los imperativos del desarrollo nacional.

Por lo que puede verse, Calderón desearía que su iniciativa dispusiera de un respaldo universal y unánime y que el debate alrededor de ella se limitara a precisar y afinar detalles de la transferencia de la industria petrolera del país a empresas privadas de México y, sobre todo, del extranjero. Sin embargo, en los foros convocados por el Senado de la República se ha manifestado lo contrario, es decir, la falta de consensos en torno a la política petrolera que debe adoptar el país y la gran división que este tema provoca en la sociedad mexicana. También se pone en evidencia que el rescate y la modernización de Pemex requieren –más que de capitales privados– de probidad, de austeridad y de transparencia en las oficinas públicas, de democracia sindical, de un mínimo sentido de justicia social para fijar las políticas fiscales, y de sentido nacional y de visión de futuro. No cabe extrañarse, en consecuencia, de que los ejercicios de reflexión que tienen lugar en Xicoténcatl resulten profundamente incómodos para el Ejecutivo federal.