LUCHA CÍVICA POR NUEVA LEY DE MEDIOS: ¿QUIÉNES SON LOS DUEÑOS DEL “CIELO” RADIOELÉCTRICO?

por Jorge Alonso,

investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y corresponsal de la revista Envío en México
(publicado en el número 315 de la revista Envío, de la Universidad Centroamericana [UCA] de junio de 2008

Pablo González Casanova ha planteado que en la defensa de sus proyectos, el gobierno está haciendo una labor de “expropiación de la razón, del derecho y de la palabra”. Denunció que el arte de mentir había adquirido proporciones extraordinarias: “Tartufo se queda corto” en la capacidad de engañar e influir con mentiras a la población. Estas apreciaciones del intelectual mexicano se evidenciaron con creces en un episodio que ahondó aún más la polarización que ya existe en México.

Para impedir que la decisión presidencial de privatizar la industria petrolera —un acuerdo tomado en lo oscuro y cupularmente— repercutiera en una aprobación sin discusión parlamentaria, el Frente Amplio Progresista (integrado por el PRD, PT y Convergencia) se tomó las tribunas del Congreso durante 15 días y obligó al gobierno a acordar un período de discusiones públicas en torno a las propuestas calderonistas sobre el petróleo.

“Campaña monstruosa”
La toma del Congreso enfureció al partido gobernante y a los poderes fácticos del gran dinero y de los medios electrónicos de comunicación y reapareció la guerra sucia. En esta ocasión, los ultraderechistas, utilizando métodos aprendidos del fascismo, quisieron desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador, uno de los dirigentes más tenaces en la defensa del petróleo mexicano. Sacaron anuncios pagados en la televisión en que lo comparaban con Hitler, Mussolini y Pinochet. Y el organismo electoral, en vez de actuar como establece la nueva legislación —ordenar de inmediato salir del aire este mensaje político contratado por particulares— esperó varios días.

El obispo Raúl Vera declaró que si la Secretaría de Gobernación no detenía e investigaba “las campañas mediáticas de linchamiento” sería cómplice de estas acciones. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal advirtió que esos mensajes sembraban el odio y la intolerancia. El Centro Nacional de Comunicación Social —organismo que ha estado del lado de los que no tienen voz desde hace décadas— advirtió que la campaña no era ética y que en lugar de propiciar el diálogo incitaba a la polarización. Muchos académicos analizaron cómo estos mensajes dañaban la democracia y el derecho a la información, yendo más allá de la libertad de empresa. El escritor Carlos Monsiváis afirmó que se trataba de una “campaña de odio monstruosa, producto de una prepotencia difamatoria que quiere hacerse pasar como libertad de expresión”.

La larga lucha por la información
Este proceder de los adinerados y de los dueños de las dos televisoras con cobertura nacional puso de nuevo en la discusión pública la urgencia de una nueva legislación de medios.

Existe una larga lucha que muchos grupos han venido dando por hacer realidad el derecho de los ciudadanos a la información. Aunque el movimiento estudiantil mexicano de 1968 fue reprimido a sangre y cárcel, provocó en los siguientes años una ola de organización popular ante la cual la clase política se vio en la necesidad de responder con una reforma política que incluía el reconocimiento de ese derecho. Pero, mientras en el ámbito político se abrieron espacios a nuevos partidos políticos, el derecho a la información no pasó de ser letra muerta, pues de eso se encargaron los dueños de los grandes medios. Después, con la política neoliberal se privatizaron de manera corrupta los más importantes medios públicos. Así nació Televisión Azteca como un remedo de Televisa.

Con la alternancia presidencial del año 2000 y el desplazamiento del PRI los grupos cívicos que habían venido luchando por impulsar el derecho a la información pensaron que había llegado un momento propicio, sobre todo porque en los primeros meses de su gestión el nuevo gobierno convocó a una Mesa para la reforma integral de los medios electrónicos.

Hubo entonces dos procesos paralelos: por una parte sesionaba una mesa de los organismos civiles, y por otra la mesa oficial, donde los organismos civiles tenían una representación. Este proceso avanzaba en la discusión del tema y en la adopción de algunos acuerdos. Pero la ambición de la esposa del Presidente Fox rompió una dinámica de catorce meses. Creyendo que complaciendo a los medios aseguraba su candidatura presidencial, Martha Sahagún convenció a su esposo de que renunciara a la mayor parte del tiempo aire del Estado, que pasó de 12.5% a sólo 1.5%. Así, lo que era tiempo que correspondía a la comunicación pública con fines sociales se convirtió en una dádiva para fines comerciales de los dueños de los medios.

Los intelectuales, periodistas y comunicadores que estaban en la mesa oficial la abandonaron en protesta por el acto abusivo y unilateral del gobierno. Pero el trabajo realizado fue aprovechado por los grupos civiles para presentarlo como un proyecto de ley a un grupo se senadores sensibilizados con este tema. El proyecto, que intentaba democratizar la radiodifusión, abrir el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca), integrar nuevas voces y fortalecer la radiodifusión pública y social fue avanzando en el Senado. No obstante, las televisoras además de tener sus propios personeros entre los legisladores, compraron voluntades y consiguieron que la legislación no llegara a la discusión del pleno del Senado.

La abusiva “Ley Televisa”
En la otra acera, la instancia jurídica de Televisa redactó en silencio una formulación de ley que días antes de iniciarse la campaña presidencial fue aprobada en un trámite de sólo siete minutos y sin ninguna discusión en la Cámara de Diputados. En ese momento, todos los partidos querían congraciarse con las televisoras para ser bien tratados por ellas en la campaña. Esta ley, que se conoció como la Ley Televisa, pretendía todo lo contrario a la ley que se había preparado en el Senado. Las televisoras conseguían un trato privilegiado, y el derecho ciudadano a la información quedaba conculcado.

Habiendo sido aprobada dicha ley en la Cámara baja, necesitaba la aprobación del Senado. Cuando llegó allí los senadores que habían estado trabajando en una ley democratizadora se opusieron, pero estaban en minoría. No obstante, como la nueva ley contenía muchos elementos anticonstitucionales, más del 33% de los senadores (de varios partidos) propusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Estos senadores no estaban solos. Tenían el apoyo de una gran gama de grupos cívicos que exigían la intervención de la Corte para echar atrás la abusiva ley Televisa.

Uno de esos grupos ha sido la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que ha señalado que todos los ciudadanos deben participar en el ejercicio de este derecho, aunque en la práctica se encuentre condicionado por el mercado y por la discrecionalidad de los dueños de los medios. Ha insistido en la necesidad de la actualización del marco jurídico, que considere como eje fundamental la armonía entre la libertad de expresión y el derecho a la información.

La agenda necesaria
La AMEDI se sustenta en una variedad de organizaciones civiles que comparten experiencias y proyectos. Proclama que la libertad de información representa la posibilidad efectiva y real de toda persona a investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole por medio de cualquier procedimiento. Explica que para ello se requiere de la plena garantía del derecho a la información, entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir información oportuna, veraz, plural y suficiente sobre cualquier asunto de interés público.

La AMEDI se ha propuesto:
— Promover el reconocimiento de la información como un bien y un derecho público.
— Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador.
— Garantizar el acceso a la información de la gestión pública.
— Garantizar el derecho de réplica en todos los medios de comunicación como mecanismo de defensa ciudadana.
— Promover en los medios de comunicación la definición explícita y pública de códigos de ética que vinculen el ejercicio de la libertad de expresión a parámetros de responsabilidad social.
— Exigir el ejercicio transparente de la función gubernamental de comunicación social, en beneficio de la sociedad en general.
— Promover los derechos y obligaciones del Estado, usuarios, comunicadores, propietarios y concesionarios de medios de comunicación.
— Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos de Estado en radio y televisión (legales, fiscales y electorales).
— Demandar el acceso de todos los ciudadanos a cualquier tipo de información de interés público tanto de entidades públicas como privadas.
— Promover el rescate y preservación de la memoria histórica como parte del derecho a la información.
— Promover la constitución de órganos plurales con participación social en la vigilancia de la normatividad relacionada con los medios de comunicación.

La AMEDI ha declarado que el derecho a la información, al ser un derecho de carácter social, tiene que ser promovido, vigilado y estimulado por la propia sociedad.

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